Perú: Amplio rechazo a medidas contra el ambiente del gobierno anfitrión de la COP 20

- Paquete de medidas del ministerio de Economía se quiere aprobar con el pretexto de reactivar economía peruana.

Servindi, 23 de junio, 2014.- Un amplio rechazo de diversas instituciones y personalidades de la sociedad civil expresaron recibió la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana” presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo de Ministros.

Se pretende reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) así como reducir la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Esta situación es particularmente grave y paradójico debido a que el Perú será país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.

El cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales – Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El pronunciamiento observa que el problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones.

Advierte con preocupación la campaña mediática del sector empresarial privado que muestra su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales se solucionaran mediante un debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales, y alcanzar consensos sobre nuestro modelo de sociedad.

El intento por debilitar el proceso de reformas ambientales vulnera el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado y demuestra el errático compromiso del gobierno peruano frente a la Agenda de Cambio Climático.

El pronunciamiento culmina demandando un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente a fin que asuma una posición coherente ante la conservación de la diversidad biológica, una política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú.

A continuación el pronunciamiento completo.

Sociedad civil advierte que debilitamiento de los estándares e institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y generará conflictos sociales

Las organizaciones de la sociedad civil y representativas de los gobiernos descentralizados expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana”, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el Consejo de Ministros, la cual pretende reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) permitiendo la creación de zonas reservadas por Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); reduciendo así la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; así como limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para aprobaciones de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Entre las propuestas alcanzadas por el MEF, de debilitar la capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa del ente rector, Ministerio del Ambiente, y de aprobar instrumentos de gestión ambiental de control, también se pretende reducir la capacidad de gestión en la creación de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales – Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.

Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía, a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando, sin sustento técnico, que estas son las reales causas del retraso económico o las que generan “desconfianza” en el sector empresarial. De acuerdo a distintos expertos extranjeros, el mantener un Estado rentista y clientelista, la falta de profundizar las reformas institucionales, entre otras, son las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía peruana.

De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus derechos, a su modo de vida, a su relación con la naturaleza.

El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para agilizar la evaluación ambiental, así como la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.

Desafortunadamente, el reducido compromiso del presente gobierno por impulsar un modelo de desarrollo sostenible más equitativo e inclusivo como el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales a niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones, la implementación de la consulta previa para los pueblos indígenas, se ve agravada por una campaña mediática y opiniones del sector privado que muestran la poca capacidad por comprender que los problemas nacionales se solucionaran logrando una debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales, y lograr consensos de acuerdos a largo plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).

Estos intentos por seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, especialmente como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.

En tal sentido, demandamos que el Ministerio del Ambiente se pronuncie como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Gobierno peruano asuma una posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación o sector privado, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, principales afectados por estas medidas.

• Alianza Arkana
• Amazon Wacht
• Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
• Ambiente y Sociedad
• Asociación Ambientalista Mayu Sumaj
• Asociación Arariwa
• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Asociación Nacional de Centros (ANC)
• Asociación Paz y Esperanza
• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Asociación Proyecto Amigo – La Libertad.
• Asociación Servicios Educativo Rurales (SER)
• Central Ashaninka del Río Ene (CARE)
• Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC)
• Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú)
• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
• Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL
• Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)
• Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)
• Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas
• Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
• Centro de Investigación Social y Educación Popular ALTERNATIVA.
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
• Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina “Lulay”
• Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH).
• Centro Humboldt de Nicaragua.
• Centro LABOR.
• Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).
• Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
• Centro Proceso Social Asesoría Legal.
• Climate Action Netwwork South Asia (CAN South Asia)
• Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur.
• 11.11.11.
• Colectivo Tarpuy Mita.
• Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.
• Colegio de Biólogos del Perú.
• Colegio de Biólogos del Perú – Consejo Regiónal Loreto.
• Confederación Campesina del Perú (CCP).
• Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
• Confederación Nacional Agraria (CNA).
• Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
• Consejo Machigüenga del Río Urubamba (COMARU).
• Construyendo Puentes – Redes Latinoamericana.
• CooperAcción.
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
• Environmental investigacion Agency (EIA).
• Equipo de Derecho Ambiental (EDERA).
• Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
• Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP).
• Foro Ecológico del Perú.
• Fórum Solidaridad Perú.
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
• Grupo de Trabajo contra la Corrupción.
• Grupo Nacional de Presupuesto (GNP).
• Grupo Perú COP 20.
• Grupo Propuesta Ciudadana.
• Instituto de Defensa Legal (IDL)
• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS)
• Instituto de Desarrollo Urbano.
• Instituto del Bien Común (IBC).
• Marcha Mundial de las Mujeres – Perú.
• Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCCIC).
• Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).
• Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
• Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
• Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (ORPIAN P).
• Oxfam Perú.
• Plataforma de Ordenamiento Territorial.
• Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).
• ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.
• Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE).
• Red Muqui – Red de Propuesta y Acción.
• Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
• Red Uniendo Manos Perú.
• REDAD – Red de Agua, Desarrollo y Democracia – Piura.
• Redes Latinoamericanas frente al Cambio Climático.
• Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI.
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
• Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno.
• Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
• Alberto Chirif
• David Hill
• Denisse Chávez.
• Fernando Regal.
• Frederica Barclay.
• Giussepe Gagliardi-Urrutia.
• Jaime Borda
• Javier Torres
• José de Echave
• José Serra
• Juan Aste
• Mabel Sarco.
• Manuel Glave.
• Marc J. Dourojeanni
• Martin Scurrah
• Paola Naccarato
• Rosario Linares
• Verónica Mendoza – Congresista de la República del Perú.
• RDI

Fuente: Servindi