¿A quién sirven los militares? Fuerzas Armadas al servicio de intereses económicos en Ecuador
Es una vieja historia del papel jugado por sectores militares en defensa de intereses económicos. Cuando se recorre la vía que cruza por las provincias de la Sierra, ¿dónde encontramos los cuarteles militares? En los enclaves terratenientes. Allí están, en las provincias de Cotopaxi o de Chimborazo, en zonas de “alto riesgo” indígena
Le he escuchado a un general, me parece que de apellido Meza, justificar la represión a las comunidades de Orellana cercanas a las explotaciones petroleras de la empresa Perenco, a nombre de un estado de emergencia vigente en la zona.
Más aún, los militares allí acantonados han pretendido –o pretenden aún– someter a un activista ecológico a un tribunal militar. Frente a estas actitudes, me pregunto ¿a quién sirven las Fuerzas Armadas? ¿A las compañías petroleras? ¿A las comunidades ecuatorianas?
Y no se trata de un caso aislado. Es una vieja historia del papel jugado por sectores militares en defensa de intereses económicos. Cuando se recorre la vía que cruza por las provincias de la Sierra, ¿dónde encontramos los cuarteles militares? En los enclaves terratenientes. Allí están, en las provincias de Cotopaxi o de Chimborazo, en zonas de “alto riesgo” indígena. ¿Por qué se han asentado allí? ¿Por qué motivos de estrategia militar?
Y en la Amazonia, su respaldo, no a los pueblos ecuatorianos sino a los intereses petroleros tampoco es nueva. Resulta inaudito pensar que una comunidad indígena, Sarayaku, se ha visto forzada a presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra su propio Estado, contra el Estado ecuatoriano, contra las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por su complicidad con la compañía CGC adjudicataria de un bloque de explotación petrolera a espaldas del pueblo indígena. ¿Allí también van a declarar “zona de emergencia”?
Atenazadas por un tubo que emana veneno, las comunidades de Orellana se tomaron las instalaciones de la Perenco como única vía para denunciar el peligro que vive la comunidad. Y los militares no tuvieron mejor idea que entrar con gases lacrimógenos, para así sumarse a la violencia contra los pobladores. ¿Por orden de quién? ¿El que ordenó ese ataque conoce la Constitución? ¿Sabe que en la Constitución el Estado se compromete a respetar y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos, y uno de los derechos colectivos es el de la sobrevivencia sin que ella se vea afectada por la contaminación de su ambiente?
¿La emergencia puede ser acaso un justificativo para la violación de derechos colectivos, puesto que en Orellana estaban pidiendo indemnizaciones, tal como establece la Constitución?
La comunidad de Sarayaku ha vivido, por su parte, el constante asedio militar para hacer cumplir una decisión que atenta contra una Constitución que obliga al Estado a consultar –que se oiga bien, a consultar y no a informar tardíamente– sobre la concesión de bloques de explotación petrolera en territorio indígena.
Cuando el Ecuador firmó los acuerdos de paz con el Perú, una de las aspiraciones de muchos ecuatorianos fue ver reducido el poder omnímodo de las Fuerzas Armadas en la vida republicana. Todos aquellos que han propuesto reformas constitucionales durante los últimos meses, han subrayado la necesidad de que las Fuerzas Armadas saquen las manos de la política y cumplan estrictamente con su función. Pues ahora parece necesario volver a aclarar constitucionalmente a quién sirven.
Enviado por Acción Ecológica