Adiós al subsidio al diésel

El subsidio del diésel es una medida económica que se ha mantenido en Ecuador desde el boom petrolero de los años 70, junto con el subsidio al gas de uso doméstico. Pero mientras se incrementaron las exportaciones petroleras, también aumentó la deuda externa. Por ello, desde los años 80, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó a los sucesivos gobiernos del país para eliminar este subsidio y garantizar el pago de la deuda.     

Los últimos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso incrementaron el endeudamiento externo con el FMI e intentaron eliminar los subsidios al combustible, por lo que tuvieron que soportar grandes movilizaciones sociales en 2019 y 2022.  Ahora, Daniel Noboa cumple con las medidas de ajuste a la economía ecuatoriana impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un nuevo préstamo. Así, en 2024, aprobó el alza de la gasolina extra mediante un sistema de bandas y del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a 15%, tras la declaratoria de Conflicto Armado Interno. Ahora que insiste con eliminar el subsidio al diésel, organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades nuevamente se movilizan. 

Los desembolsos del FMI a Daniel Noboa

El gobierno de Daniel Noboa logró un préstamo por 4 mil millones de dólares con el FMI, en mayo de 2024. Este préstamo es el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años por el organismo. Durante el gobierno de Lenín Moreno, 2017-2021, se alcanzaron dos acuerdos. El primero por 4200 millones de dólares, firmado en marzo del 2019, y el segundo, por 6500 millones alcanzado en septiembre de 2020.

Del último préstamo concedido a Daniel Noboa, el FMI desembolsó mil millones de dólares en junio de 2024 y 500 millones de dólares más, en Navidad, el 24 de diciembre de 2024. Tras las elecciones presidenciales de abril de 2025, el organismo concretó un nuevo desembolso por 600 millones de dólares, en agosto pasado. De esta manera, se han desembolsado 2100 millones. Pero Noboa buscó acrecentar el préstamos con el FMI.

Sahira Moya, ministra de Economía y Finanzas, viajó a mediados de abril a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva, directora general del FMI, a fin de que el organismo revise las medidas económicas aplicadas por Ecuador. Tras esta reunión, el FMI visitó Ecuador en julio de 2025, para una revisión del acuerdo vigente. “El desempeño del programa ha sido sólido. Las autoridades cumplieron con todos los criterios de ejecución cuantitativos de fines de diciembre de 2024 y abril de 2025, en la mayoría de los casos con márgenes holgados, e impulsaron importantes reformas estructurales” señaló el Directorio del organismo.

Por ello, se otorgó el nuevo desembolso y se aumentó el valor del préstamo en 1000 millones de dólares más. De esta manera, el endeudamiento del gobierno de Noboa con el FMI llegaría a los 5.000 millones de dólares. 

El ajuste aplicado por Noboa 

Para obtener el préstamo con el FMI, Noboa aplicó varias medidas de ajuste estructural. Estas medidas se denominan de ajuste porque buscan implementar mediante leyes o decretos las condiciones que pone el FMI para el endeudamiento. Entre las medidas de ajuste implementadas por Noboa están la eliminación de subsidios a los combustibles, el incremento de impuestos, la reducción del Estado y el despido de trabajadores públicos. 

El economista Jonathan Báez recuerda que el alza del IVA en tres puntos ya estuvo contemplada en el acuerdo firmado por el FMI con el gobierno de Lenín Moreno en 2019, pero que en ese momento no se pudo ejecutar por la reacción popular. Báez asegura que Noboa convirtió al aumento del IVA “en el eje de su política económica”, impuesta con la excusa de la violencia en el país, aunque en realidad “fue un convencimiento para los mercados y para el FMI”. 

El 12 de septiembre de 2025, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 126, donde reformó el artículo 2 del Reglamento de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos. En este reglamento se establecen los mecanismos según los cuales se fija el precio de los combustibles en el país. 

En la transitoria 1 de esta reforma se indica que el valor del diésel pasa a 2,80 USD por galón para la venta al público. Este precio regirá desde el 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de 2025. Posteriormente, se establecerá un “mecanismo de estabilización de precios”, contemplado en este reglamento. De tal manera que el precio del diésel a partir de diciembre fluctuará entre un máximo de 5% y un mínimo de 10%.

Este mecanismo, denominado sistema de bandas, es similar al que ya fue aprobado por Noboa para elevar el costo de la gasolina extra en junio de 2024. Bajo este mecanismo, el precio de la gasolina extra ha fluctuado mensualmente entre los 2,45 USD y los 2,88 USD, siendo este el valor más alto registrado hasta ahora.

Para economistas liberales como Alberto Acosta Burneo, la aplicación del sistema de bandas hará que la gasolina diésel y también extra se acerquen al precio internacional, estimado en más de 3,50 USD. “Una vez que tengamos banda de precios, gradualmente, con una variación máxima de 5% mensual, el precio irá siguiendo al precio internacional”.

El gobierno justifica el recorte del subsidio al diésel asegurando que este era beneficioso para grupos que se dedican al contrabando de combustible y otras actividades ilícitas. “Ese dinero fluía a través de una tubería rota, una tubería que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal y a los privilegiados que no lo necesitaban”, aseguró la ministra de Economía, Sariha Moya, en cadena nacional, el 12 de septiembre pasado. 

Según el gobierno, el dinero destinado a cubrir los subsidios está cuantificado en 1100 millones de dólares anuales. Ahora este dinero sería destinado a pagar el bono de desarrollo humano a 55 mil familias más y a la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. Así como al pago de compensaciones de más de 23 mil choferes de buses por 400 y 1000 dólares; y otros bonos y créditos para agricultores y pescadores. Bonos que serían temporales.

Diego Moya, economista especialista en energía, mencionó en su cuenta de X, que los distintos gobiernos jamás han clarificado con exactitud en qué cuenta del Estado o del presupuesto se contempla el subsidio a las gasolinas. Según la proforma presupuestaria entregada por el gobierno de Noboa a la Asamblea Nacional en agosto, hay un monto de 7915 millones de dólares destinado para cubrir subsidios estatales, entre los que se suma, el subsidio a los combustibles con un estimado de 2504 millones de dólares. Sin embargo, el Banco Central no ha especificado un valor exacto de lo gastado en lo que va de 2025 por el subsidio, aunque el gobierno maneja de manera general la cifra de 1100 millones al año.

Diego Moya aseguró en su cuenta de X, que la medida aplicada por Noboa se trata más bien de una liberalización de precios del combustible; es decir, el Estado ya no es el encargado de fijar el precio, sino el mercado; por ello se aplica el sistema de bandas que modifica el valor de la gasolina según un precio referencial internacional.

De la mano de la liberalización del precio de los combustibles vendría la libre importación. El Comité Empresarial Ecuatoriano emitió un comunicado el 12 de septiembre, donde felicita la decisión de Noboa a poner fin a los subsidios, a la par que exhorta al presidente a “promover y facilitar el esquema para la libre importación y comercialización de diésel”. En 2024, la importación de derivados de petróleo, alcanzó los 49,24 millones de barriles, siendo mayor que en 2023, debido a la crisis energética que hizo que el país compre más gasolina para el funcionamiento de plantas termoeléctricas.

¿Cuánto le debemos al FMI?

La deuda con el FMI hasta el primer trimestre de 2025, estaba fijada en 8705 millones de dólares. Este monto convirtió a Ecuador en el cuarto país del mundo con el “mayor crédito pendiente de pago”, o sea, el cuarto más endeudado con el organismo, por debajo de Argentina, Ucrania y Egipto. Así lo reveló la Agenda de Política Global 2025, que presentó el 24 de abril, Kristalina Georgieva, directora del FMI, en Washington. 

Este monto se incrementaría cuando se concrete el desembolso de 1000 millones de dólares más que el FMI se comprometió con Ecuador este año. Pero Ecuador, no solo le debe al Fondo Monetario, sino también a otros organismos internacionales, a la par que mantiene una deuda pública interna. Uno de los mayores acreedores a nivel nacional es el Instituto de Seguridad Social, IESS. 

En total, toda la deuda de Ecuador se estima en 82.940 millones de dólares.

Endeudamiento y decrecimiento 

Pese al endeudamiento externo y a las políticas de ajuste aplicadas por Daniel Noboa en 2024, la economía del país no mejoró. El Banco Central de Ecuador informó el 15 de abril de 2025, que el Producto Interno Bruto del país decreció en un 2%; pasando de 115.433.554 millones de dólares en 2023, a 113.123.435 millones de dólares en 2024. Las cifras mejoraron en 2025, registrándose hasta junio, un incremento del PIB de 3.4% o 129.018.497 millones de dólares.  

Para el economista Pablo Dávalos, durante todo el 2024, el PIB de Ecuador presentó números negativos, por lo que no se trató solo de un decrecimiento, sino de un ciclo recesivo, puesto que “la recesión significa menos empleo”. Así, según el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, en mayo de 2025, el desempleo se ubicó en 4,1%; cifra que aumentó en comparación con mayo de 2024, cuando el desempleo estaba en 3,6%. Las más afectadas por el desempleo son las mujeres, pues en este grupo, se registra una tasa del 5%. Mientras que el empleo adecuado para mayo de 2025, se ubicó en 35,5%.

Para Dávalos, Daniel Noboa podría aumentar la inversión pública para frenar la recesión. “Reducir el IVA es, por ejemplo, una política contracíclica, de tal manera que los consumidores tengan más liquidez y con esa liquidez reactiven el mercado interno; o reducir tasas de interés”. Sin embargo, asegura que “el presidente Noboa no va a aplicar políticas contracíclicas, porque van en contra de su ideología” y más bien, insistirá en la flexibilización laboral y los laudos arbitrales. Prueba de ello, es que propuso una nueva Consulta Popular donde, entre otras preguntas, se propone dar paso al trabajo por horas en actividades turísticas. 

Las políticas del FMI que se cocinan

El Fondo Monetario Internacional presentó en abril, el Informe Monitor Fiscal, donde realiza proyecciones para la economía global en el próximo año. Según el FMI, en 2025 aumentará la incertidumbre, marcada por el alza de aranceles en EEUU y las respuestas adoptadas por otros países contra esta medida. Pero además, alerta el organismo, los países no han podido reducir la inflación, y sus cifras de crecimiento están a la baja. 

Esto mientras en Europa aumentan los gastos para armamento. Este panorama, según el FMI, ocasionará que “la deuda pública mundial registrará un nuevo incremento de 2,8 puntos porcentuales del PIB en 2025”. Ante ello, el organismo llamó a los países a mantener la disciplina fiscal y, por tanto, a avanzar en reformas fiscales y estructurales con el fin de mejorar las finanzas públicas. Entre las reformas a realizar, el FMI apunta a reducir “los subsidios a la energía y las pensiones”, aunque reconoce que estas medidas son impopulares, por lo que recomienda hacerlas “de forma gradual y en épocas de bonanza económica” y que el dinero que los países obtengan tras estos recortes sea utilizado en obras visibles por la gente. 

Según el Fondo Monetario, los países emergentes y de bajos ingresos son los que más gastan en subsidios energéticos, hasta un 1,5% de su PBI, mientras que el gasto en pensiones alcanza “el 8% del PIB en las economías avanzadas y el 4% en los mercados emergentes”; montos que podrían aumentar tomando en cuenta que el porcentaje de la población mayor, sube por un envejecimiento democrático. 

El gobierno de Noboa no se ha mostrado ajeno a estas propuestas. El 23 de abril pasado, Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que actualmente la tasa promedio de mortalidad en Ecuador es de 80 años, por lo que el IESS tiene que cubrir pensiones durante 15 años, lo que complica la sostenibilidad del organismo. Por ello, en ese momento, Peña mencionaba que la edad de jubilación debía debatirse y reformarse al interior de la Asamblea.

El pago de pensiones y el aporte patronal del Estado al IESS es uno de los rubros más altos del presupuesto, pero a su vez, el dinero de la seguridad social es usado por el gobierno para obtener recursos. 

Fuente: Wambra