Ángel Flores de MILPA: «El régimen de excepción se ha usado para perseguir a defensores de los territorios»
En medio de una creciente represión estatal, donde el régimen de excepción en El Salvador deja 9.665 violaciones a los derechos humanos, conversamos con Ángel Flores, sindicalista y coordinador de MILPA, sobre pueblos indígenas y derechos humanos en El Salvador, esto a raíz del despojo territorial que los amenaza.
Desde la activación del régimen de excepción en 2022, El Salvador vio y sigue viendo un deterioro en sus garantías constitucionales. Tras la reelección de Nayib Bukele en 2024, este detrimento en derechos sociales y humanos a cambio de una supuesta sensación de seguridad, es evidente. Diversos grupos sociales se alzaron para denunciar arrestos arbitrarios, despidos masivos e injustificados de trabajadores, retrocesos en derechos de los pueblos originarios, entre otros.
Según el informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador 2024, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron 9.665 casos de violaciones a los derechos humanos desde el comienzo del estado de excepción. La mayoría corresponde a detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamientos y amenazas. Además, 193 denuncias refieren a desapariciones forzadas.
Derechos humanos y pueblos indígenas
Conversamos con Ángel Flores, habitante de El Salvador, quien fue secretario general del sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMIPE). También integró el grupo de más de 8 mil trabajadores del sector público que el aparato estatal desvinculó entre 2024 e inicios de 2025. Actualmente, coordina el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).
Según Flores, el dictador Bukele ha negado en múltiples ocasiones la existencia de los pueblos originarios en El Salvador. Esto a pesar de que diversas comunidades mantienen una lucha activa por sus territorios, amenazados por el despojo gracias a proyectos de intereses privados.
Frente a esta situación, Ángel Flores denunció las múltiples amenazas que enfrentan los defensores de la tierra y el territorio. No solo deben resistir la violencia estatal, sino también la presión de empresas privadas y el crimen organizado: “Nos ha tocado enfrentar el crimen organizado, donde personas encapuchadas, armadas, han llegado a comunidades amenazando que, si no se van de esas tierras, van a ser asesinados”, agregó.
En septiembre de 2024, la policía detuvo a José Arévalo Gómez, referente del pueblo Nahuat y defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Lo acusaron de “asociaciones ilícitas”; sin embargo, salió en libertad luego de cinco días.
Un dictador popular
Al contrario de lo que se podría pensar, Nayib Bukele mantiene su popularidad como mandatario. Ángel Flores considera que el aumento de las medidas autoritarias impacta a más salvadoreños, lo que pone en jaque su amplia aprobación: “Nosotros veníamos advirtiendo que, ante la pérdida de popularidad, el régimen de Bukele iba a utilizar mucho más la represión para mantener el control. Eso es lo que se ha dado”, afirmó.
También conversamos con él sobre los vínculos entre las pandillas, el crimen organizado y el gobierno salvadoreño: “Todo el tema de estos pactos, que los hicieron los diferentes gobiernos que antecedieron a Bukele. Es decir, el partido de ultraderecha pactó con las pandillas, el FMLN también pactó con las pandillas y Bukele hizo lo mismo. Es una vieja práctica y Bukele simplemente ha retomado las viejas prácticas y las ha profundizado”, explicó.
Fuente: Radio JGM