Argentina debe indemnizar con más de 147MUSD a la italiana Webuild
El tribunal del arbitraje de inversión entre la compañía italiana Webuild S.p.A. (anterior Impregilo) y Argentina emitió el laudo el 28 de abril de 2025 condenando al país a indemnizar a la constructora por un total de 147,1 millones USD por el contrato de construcción de un puente sobre una autopista. Este arbitraje se remonta a septiembre de 2015 y es el tercero que disputa la compañía constructora contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencial relativas a Inversiones (CIADI). Los dos anteriores procedimientos que han enfrentado las partes se debieron a una concesión de saneamiento y gestión de aguas y a la construcción de una autopista.
El tribunal, formado por Lucinda A. Low, presidenta nombrada en 2021 tras el fallecimiento de James R. Crawford, y por Kaj Hobér, designado por el demandante, y Jürgen Kurtz, nombrado por el demandado, ha concedido 97,4 millones en concepto de daños y más de 49 millones por intereses acumulados.
En el laudo se indica que las reclamaciones del demandante con respecto a sus préstamos participativos son admisibles, y que Argentina violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) respecto a la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones cubiertas por el TBI, al no restablecer, después de la emergencia económica, el equilibrio económico de la concesión dentro de un plazo razonable, tal como lo exigían el contrato de concesión y la ley de emergencia; y por su conducta injustificada al no restablecer el equilibrio económico de la concesión después de finalizada la emergencia económica.
El conflicto
El procedimiento se inició por desacuerdo en el contrato de construcción y mantenimiento de un puente sobre una autopista, concesión de la que Webuild poseía el 26% de participación en Puentes del Litoral S.A., que tenía un contrato de concesión de 25 años para la construcción, operación y mantenimiento del puente y de una carretera de peaje entre las ciudades de Victoria y Rosario.
La reclamación se deriva de la supuesta falta de pago por parte del Gobierno argentino de subvenciones para la concesión, de la promulgación de normativa que afectó a los ingresos por peaje y a la viabilidad económica del proyecto, así como por los retrasos en la finalización de la renegociación del contrato.
Fuente: Bilaterals