Argentina: "No nos cayó un tsunami, nos arrastró la corrupción". Sobre las inundaciones en Sierras Chicas

La crecida arrasó con viviendas enteras, ocasionandonos pérdidas materiales a muchas familias, cuyo número asciende a más de 1.500 según el propio gobierno provincial. Hay rutas, caminos y puentes destruidos, lo que dejó prácticamente aisladas a muchas personas. En algunas de las localidades nos faltan los servicios esenciales, como agua potable, dado que un acueducto que une La Calera con Unquillo fue gravemente averiado.

El gobernador José Manuel De la Sota en sus primeras declaraciones dijo que había caído “un tsunami del cielo”, tratando de explicar la tragedia por cuestiones meramente climáticas. Esta teoría fue repetida por los medios de comunicación locales y nacionales, ocultando las verdaderas causas que se esconden detrás de todo esto. Causas que, lejos de haber sido inadvertidas por lxs cordobesxs, hace años venimos denunciando: deforestación de los bosques nativos, flora exótica, incendios, sojización de las tierras y negociados inmobiliarios. Un proceso de íntegra desertificación cuyxs beneficiarixs son unxs pocxs, pero cuyas consecuencias sufrimos todo el pueblo trabajador de la provincia de Córdoba.

NO NOS CAYÓ UN TSUNAMI, NOS ARRASTRÓ LA CORRUPCIÓN

Tanto el Gobierno como los medios de comunicación han difundido como causa única la cuantiosa lluvia, que en algunas partes llegó a ser de 300 milimetros caídos en apenas 12 horas. Esto sin duda es una causa que contribuyó al desastre, pero lejos está de ser un fenómeno natural imprevisible. Si bien se trata de casos infrecuentes, el registro histórico revela precipitaciones de esta naturaleza. A su vez, hay rastros geológicos sobre el terreno que demuestran la existencia de crecidas de esta magnitud en el pasado. En ese sentido, no se puede dejar de acusar la falta de planificación urbana que permitió la construcción de viviendas en estas zonas de riesgo sin tomar ningún tipo de recaudo, como si las únicas crecidas esperables fueran las debidas a las precipitaciones habituales. El principal damnificado suele ser en estos casos el sector más precarizado de la clase trabajadora, que, ante la falta de vivienda y de soluciones por parte del Estado, no tiene otra opción que instalarse en las zonas más inseguras, junto a los cauces de los ríos, arroyos y canales.

Por otro lado, se hizo referencia a la dificultad de pronosticar una tormenta de este tipo, por la rapidez de su formación y por la carencia del instrumental apropiado. Más allá de eso, es llamativo que ni siquiera se haya puesto en marcha una alerta de crecida, que se hacía cada vez más previsible con el transcurso de la tormenta. Nos parece una medida de precaución básica que cualquier zona urbana o turística aledaña a un río o arroyo debería tener un sistema de prevención eficiente para este tipo de situaciones.

Un tercer factor a tener en cuenta es el desmonte del bosque nativo, y sus efectos sobre la absorción del agua. Los bosques nativos cumplen funciones imprescindibles en el ecosistema, una de ella es la capacidad de amortiguar los impactos de las lluvias. Las raíces y la vegetación hacen de esponja absorbiendo las aguas de precipitación, manteniendo la humedad de los suelos incluso fuera de la época de lluvias. Si la cobertura nativa desaparece, la capacidad de absorción de los suelos es nula. Eso genera un doble problema. En momentos de fuertes precipitaciones se produce erosión y escurrimiento de agua con sedimentos hacia las poblaciones en zonas más bajas, produciendo crecidas, aludes e inundaciones como las que vivimos estos días. Pero esto a su vez tiene impacto en los momentos de sequía, pues si hubiera bosque nativo el suelo retendría parte del agua recibida en las épocas de precipitaciones, aliviando la situación. Esta crisis ambiental se evidencia plenamente en Sierras Chicas, donde venimos presenciado gravísimas crisis hídricas y sequías alarmantes en períodos estivales que se alternan ahora con precipitaciones que generan crecidas incontenibles.

La deforestación de los bosques nativos se viene llevando a cabo hace décadas en la provincia, con la finalidad principal de utilizar esas tierras para el monocultivo de oleaginosas, en su mayoría soja. Éste es un modelo productivo impulsado por los gobiernos en todos los niveles (desde el nacional, como lo demuestra la reciente inauguración por parte de Cristina Kirchner de una planta del componente principal del glifosato, hasta el municipal), por los oficialismos con todos los partidos de la oposición burguesa por detrás. En el norte de la provincia también se destaca la deforestación para actividades ganaderas. Diversos estudios muestran que en los últimos años el bosque nativo se redujo más de un 40%, quedando hoy en día no más de un 5% del total del bosque nativo provincial.

Sin embargo, en el caso puntual de Sierras Chicas, un motivo central de la deforestación son los negociados inmobiliarios que vienen en crecimiento: la construcción de countries y otros emprendimientos innecesarios y suntuosos, como canchas de golf. Estos emprendimientos cercan el acceso libre a los ríos, lotean terrenos incluso en zonas de reserva, sobreutilizan los recursos hídricos de la zona y alteran los mecanismos naturales de drenaje. Detrás de estos negociados están las grandes inmobiliarias, lxs intendentes de turno (radicales, delasotistas o kirchneristas) y el gobierno provincial. No sólo se trata de un uso de la tierra y el agua que usufructan unxs pocxs, sino que además tiene sus efectos sobre este tipo de catástrofes, que el poder político y mediático omiten deliberadamente aludir. Un ejemplo entre tantos, que ilustra esta situación, es la apropiación de Marcelo Tinelli, en 2008, del predio Laguna Azul y Laguna Verde para la construcción de un mega-country que, aparte de contar con cancha de golf y un vastísimo territorio, se adueñó de un espejo de agua de unos 500 metros cuadrados para uso privado. Esta apropiación es una de las tantas “olvidadas” por el lobby mediático y fue garantizada tras el desalojo de cientos de familias, con la connivencia del vecinalista Aldo Pereyra, denunciado por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos del erario público y corrupción en la apropiación y venta ilegal de tierras de la zona.

El intento de poner freno a esta situación fue la elaboración de una ley que protegiera los bosques, redactada desde diversas organizaciones ambientalistas, campesinas y movimientos sociales. Ese proyecto fue descartado de la noche a la mañana cuando se iba a aprobar, y sustituido por una ley que aprobaron los mismos sectores políticos que están al frente de estos negociados, con la resistencia de movimientos sociales y campesinos.Esa “Ley de Desmonte”, que contradice los requerimientos de la ley nacional a la que se debería adecuar, sigue dando via libre al desmonte. A su vez, el gobierno provincial ni siquiera efectiviza las medidas de control y sanción en los casos que la ley explícitamente prohíbe.

Por último, una histórica responsabilidad eludida por los gobiernos es la falta de infraestructura y previsión en toda la región. Se construyeron puentes y caminos que atentan contra el curso natural de los ríos, no se dragan de los diques con la frecuencia debida, para evitar la acumulación de sedimentos y darles mayor capacidad de retención, entre otros problemas. A esto se le suma la ya mencionada falta de planificación urbana y de una política de vivienda que dé una respuesta a la crisis habitacional, lo cual implica la proliferación de viviendas, mayormente precarias, en zonas inundables que son las primeras en ser arrastradas y sufrir las consecuencias de las inundaciones.

DESPUÉS DEL DESASTRE, EL PLAN DE ¿RESCATE?

La situación actualmente es alarmante. La continuidad de las lluvias ha dificultado las tareas de rescate y reconstrucción de la zona. Según informó el gobierno de la Provincia, se cuentan al momento siete muertxs, una persona sigue siendo buscada y quedan cerca de 300 evacuadxs, que están volviendo progresivamente a sus hogares. La crecida destruyó viviendas completas, partes de otras, a la vez que dañó puentes y caminos. Se registraron hasta ahora más de 1.500 viviendas afectadas en diferente grado, pero aún no se ha podido acceder a muchas zonas, por lo que la cifra ascendería.

Estos datos son brindados por los organismos oficiales, pero existen serias dudas sobre la veracidad de los mismos, que estarían siendo manipulados por un gobernador en plena campaña presidencial. A la vez, lxs vecinxs estamos denunciando deficiencias en las obras de infraestructura de la zona, algunas de reciente inauguración, como puentes que obstruyen el curso de los ríos, desviándolos a zonas pobladas. Localidades como Rio Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, La Granja, Agua de Oro y Cerro Azul nos encontramos sin suministro de agua potable, por lo menos hasta el viernes próximo.

Los gobiernos de la Provincia y la Nación anunciaron una serie de medidas para paliar la situación. Desde el gobierno nacional se anunció la duplicación de todas las prestaciones que paga el ANSES, como jubilaciones, pensiones y AUH, sólo por tres meses, asignando montos que son a las claras insuficientes para sortear las múltiples dificultades. Además, pretende paliar la situación de miles de viviendas destruidas con un pago único de $7.643 en dos cuotas. Aquellxs damnificadxs que queramos acceder a las prestaciones de emergencia, tendremos que tramitar la “verificación” de los daños sufridos. Por su parte, el gobierno provincial destinaría un presupuesto especial para la reconstrucción de nuestra viviendas y recuperación de objetos perdidos, pero aún no se conocen los detalles de cómo se aplicará ni los montos que implica. Por lo cual no está aún garantizado que el Estado se haga cargo de forma integral de la reconstrucción de las viviendas, así como de la recomposición de todas nuestras pérdidas materiales.

A su vez, el Comité de Emergencia presidido por el Gobernador dispuso un fuerte operativo de militarización de la zona, que incluye un centenar de gendarmes proporcionados por el gobierno nacional y 1.200 efectivos de la policía de la provincia. Ya se registran detenciones a lxs pobladorxs por supuestos intentos de saqueos, hecho que pone de manifiesto la función que las fuerzas represivas del Estado están cumpliendo incluso en medio de la tragedia.

SOLIDARIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Desde CAUCE-Corriente Universitaria Nacional y Tierra Para Vivir en COB-La Brecha consideramos que ante las insuficientes respuestas del Estado nos parece imprescindible organizar la solidaridad del propio pueblo para afrontar la situación. En primer lugar, es preciso organizar colectas de los elementos que más están haciendo falta en las zonas inundadas (agua, colchones, alimentos, abrigo y productos de limpieza como alcohol y lavandina). También es importante organizarnos para garantizar una distribución independiente de los elementos recolectados, puesto que las donaciones que llegan a manos de los aparatos estatales y partidarios están siendo repartidas de manera discrecional y proselitista, en el marco de las campañas electorales de los mismos partidos que son los responsables políticos de esta catástrofe. Por otro lado, se requiere la presencia de voluntarixs no sólo para entregar las donaciones recolectadas, sino también para ayudar en diferentes tareas de limpieza y recuperación de las zonas afectadas. Es por eso que junto a otras organizaciones independientes estaremos impulsando colectas y la organización de brigadas de voluntarixs para ir a la zona afectada a realizar las diferentes tareas que son necesarias. Brindaremos más información a la brevedad para que quien quiera pueda sumarse.

Sin embargo, creemos que nuestra acción no se puede agotar en la solidaridad. Es preciso que lxs damnificadxs y el conjunto del pueblo cordobés saquemos conclusiones de estos acontecimientos, señalemos lxs responsables políticxs y llevemos adelante una lucha por reivindicaciones que apunten a resolver los problemas coyunturales y estructurales que esta situación ha generado o sacado a la luz. Es por eso que proponemos al conjunto de las organizaciones independientes y de lxs damnificadxs la convocatoria de una movilización, en el momento que consideremos oportuno, luego de atender la urgencia de la situación.

-¡Autoorganización de lxs vecinxs para el relevamiento de los daños! No confiamos en los datos del gobierno provincial, que seguramente sean tergiversados para quedar bien paradxs y evitar hacerse cargo de los daños.

-¡Reparación total a lxs damnificadxs, bajo la forma de indemnización y no de créditos! Impuesto especial a los megaemprendimientos de la zona, responsables de la situación.

-¡Aprobación de una nueva Ley de Bosques que restituya el proyecto de las organizaciones sociales! Medidas de control efectivas para garantizar su aplicación.

-¡Plan de viviendas para relocalizar lxs damnificadxs que están en zona de riesgo! Por una planificación urbana responsable, orientada a solucionar la falta de vivienda y no al negociado inmobiliario.

Fotos: Colectivo Manifiesto

Fuente: CAUCE Córdoba