Argentina: campesinos en Córdoba enfrentan causas judiciales por "usurpación". Campaña de envío de cartas

Las causas judiciales son dos:

"BUSTAMANTE, ORLANDO NICOLAS Y OTROS P.SS.AA. USURPACION" En esta causa es en la que se está solicitando el desalojo, y en la que están imputados los compañeros cuando vuelven a ingresar al campo. Los argumentos que usan los empresarios y el fiscal es que ella firmó un convenio de desocupación. Nosotros decimos que ese documento se firmó por medio de un engaño La otra causa, que seria a favor de la Ramona es la que ordena que se investigue el Fraude.

"ANTECEDENTES REMITIDOS POR EL FISCAL GENERAL EN AUTOS SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA- DR. HECTOR DAVID-SOLICITA INVESTIGACIÓN". Esta causa se inicia en enero del 2004, al tiempo del desalojo y en la que se investigan las maniobras defraudatorias al momento de hacerle firmar el convenio de desocupación a Ramona en el año 1992. Esta causa está en estado de investigación, aún no han imputado a nadie y es en la que habría que presionar para que lo hagan. Al mismo tiempo es nuestro argumento más fuerte de porque no se puede ordenar el desalojo, ya que esta causa estaría pendiente de investigación, y hasta tanto no esté determinado si hubo o no fraude no se puede ordenar el desalojo. También es importante que en esta causa es el propio fiscal el que dice que existen motivos suficientes para determina "Prima Facie" que el delito de defraudación existió, no obstante eso la causa esta durmiendo en la misma fiscalía hace 2 años.

La idea sería llamar a la Fiscalía General de la Provincia, Dr. Vidal Lascano, para que presione a su inferior jerárquico o sea el Fiscal de Deán Funes Dr. Eduardo Gómez. También presionar directamente al Fiscal de Deán Funes. El teléfono y fax de la fiscalia de Deán Funes es 03521 421130, y los de la Fiscalia Gral. son 0351 4253490 y 0351 4331486.

El estado actual de la cosa es cuando los empresarios solicitaron el desalojo la semana pasada, el fiscal emitió una resolución que decía téngase presente, es decir no ordenaba nada, ni sí ni no. A esta resolución los cuervos del Empresario Scaramuzza, se opusieron ante el juez de control y éste dijo que como el fiscal no había resuelto, nada debía volver a resolver, y según nuestras fuentes directas y confiables es que esa resolución será ordenar el desalojo. También te adjuntamos el comunicado que sacamos la semana pasada cuando presionamos en la primera resolución del fiscal.

VIOLENCIA RURAL SIN LÍMITES

Piden desalojar nuevamente a Ramona Bustamante. A casi tres años del caso que desnudó el accionar de los empresarios y la justicia en relación a la expulsión de los campesinos y los oscuros intereses sobre la tierra, el abogado de Juan Carlos Scaramuzza solicitó a la Fiscalía de Deán Funes que Ramona Bustamante y su familia sean por tercera vez desalojados de sus tierras.

De cómo empezó El 30 de diciembre del año 2003 una topadora volteaba la vivienda de Ramona Bustamante, dando origen a un caso paradigmático, puntal en el descubrimiento de las estrategias de apropiación de los territorios campesinos por parte de grandes empresarios, con la complaciente actitud del poder político y judicial.

Durante décadas los campesinos del norte provincial venían siendo expulsados de sus territorios hiriendo de muerte a un modo de vida tradicional, armonioso con la naturaleza y fuente de trabajo genuino. Nunca, hasta esa 30 de diciembre, la sociedad cordobesa se había percatado de lo que pasaba campo adentro. Nadie se imaginaba que en una provincia caracterizada por ser docta, sucedían aberraciones similares en la violación de los derechos humanos, comparables con las sucedidas en provincias como Santiago del Estero, Chaco o Misiones. El caso de Ramona Bustamante permitió correr el velo y darle luz a las décadas de padecimiento del sector campesino cordobés. Porque a pesar de lo que se pensaba, los campesinos todavía existían y existen por estas tierras; son los productores de los cabritos que se degustan en la ciudad para fin de año, en esos fines de año en que la justicia comienza a acelerar los procesos de despojo.

Doña Ramonita permitió que se viera como los empresarios venidos del sur, como el caso de los Scaramuzza, oriundos de Oncativo, subían al norte a hacerse la América, buscando a través de engaños y argucias legales quedarse con amplias extensiones de tierra que de repente se volvían valiosas.

También nos permitió ver como la policía y la Justicia de Paz locales eran funcionales a los intereses de los "nuevos dueños". Tal es así que el Juez de Paz que actúo en ese primer desalojo, Roque Bencehetrit, fue posteriormente destituido por una innumerable cantidad de sumarios, entre los que se incluían constataciones fraudulentas que tenían incidencia en juicios contra campesinos. Otros como los ex Jueces, Adolfo Coronel (participante del segundo desalojo) y José Luis Albarracín (de Sebastián Elcano participante en brutal desalojo de la familia Belén de Campo Grande, meses antes) también fueron procesados y sospechados de fraude y negociados, y, obviamente, separados de sus cargos.

La justicia que amaga pero nunca llega

Después de la trascendencia pública que tomó el caso, la justicia provincial se comprometió a intervenir en la problemática de las tierras al verse tan descubierta y tan mal parada por lo que se había vuelto evidente. En el caso puntual de Ramona, juró y perjuró que investigaría el innegable fraude que se explicitaba ante la mínima reflexión. Además, a raíz de lo que estaba sucediendo, la unicameral sancionó la Ley 9.150 (después de los fallidos intentos con la 8.884 y la 9.100) que creaba el Registro Provincial de Poseedores y el Programa Tierras para el Futuro, prometiendo sanear definitivamente la propiedad de las tierras rurales para terminar con los atropellos sobre los pobres del campo. Si uno rememora los noticieros de aquella época se encontrará con funcionarios, legisladores, intendentes prometiendo hasta lo imposible para que estas situaciones no volvieran a suceder.

También, por supuesto, por esos días aparecían los colchones, los bolsones y las promesas de pensiones, por esa carpa negra que se resistía a la injusticia donde Ramona, Orlando y Facundo le hacían un honor a la dignidad.

¿Cual fue el resultado de todo eso? Sólo marketing político para calmar los ánimos, tal como se presumía desde el vamos. La justicia se pasó la pelota entre juzgado y juzgado para no investigar nada, el programa Tierras para el Futuro resultó ser un tremendo fiasco que sólo sirvió para comprar unas cuantas camionetas doble cabina que se pasean más por el centro de la ciudad que por los caminos del monte. y todo siguió igual, o quizás peor.

Sino recordemos el escándalo del Registro de la Propiedad. Después de eso, ¿hay alguna posibilidad de creer en la legalidad de la propiedad de las tierras traducidas en escrituras? A lo mejor lo único que no pueda ponerse en duda hoy es la posesión, ya que basta con ir a un campo y reconocer a sus ocupantes, el resto se convirtió en dudoso.

Ante las aguas calmadas.

El viernes pasado la justicia de Deán Funes citó a declarar a Ramona y Orlando Bustamante en calidad de imputados por usurpar su propio campo. Automáticamente, el abogado Juárez Revol patrocinante de Scaramuzza, pidió un nuevo lanzamiento (desalojo) de la familia. Además, el letrado salió a argumentar en un noticiero televisivo que él y su representado no querían, ni quieren, generar conflicto alguno con la familia. Ahora, destruir una vida de ochenta años no es conflictivo, presionar desde oscuras estrategias durante más de dos años no es conflictivo, aprovecharse del desamparo y el aislamiento de una familia campesina no es conflictivo. Más que conflictivo es aberrante. En el mejor de los casos, que Juárez Revol ejerza su derecho al libre ejercicio profesional, pero que no se disfrace de legal y correcto ante las cámaras porque lo único que ganará será el repudio público. Sino que el señor Juárez Revol recuerde que pasó con el Dr. Chiavassa, mano ejecutora del primer desalojo, que fue repudiado y escrachado popularmente hasta en los claustros universitarios y debió apartarse de la causa.

Concretamente, el fiscal de Deán Funes, el Dr. Gómez, deberá decidir si le da curso o no al pedido de lanzamiento, sabiendo que en sus manos está la posibilidad de retrotraer la situación a tres años, período en que hasta una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constató las "injusticias" que permitía la "justicia" cordobesa, período en que la Defensoría del Pueblo de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, organismos internacionales y sobre todo, el pueblo cordobés, repudió la complicidad del poder económico con el político y el judicial.

La dignidad

Hace más de dos años que Ramona, Orlando y Facundo comenzaron a reconstruir sus vidas. Levantaron ranchos, cavaron el pozo de agua, hicieron corrales, mejoraron sus majadas.

Lo que Ramona había conseguido en 78 años fue nuevamente logrado en apenas dos, porque la frente en alto y la dignidad que expira por sus poros se lo permitieron. Eso sí, contaron con la ayuda de todo un pueblo que desde los cuatro puntos cardinales de la provincia y desde provincias vecinas y no tan vecinas, sintió que visitar esa "tierrita" era visitar la lucha por un mundo nuevo y mejor.

Doña Ramonita nunca se fue de su campo, ¿porque habrá de irse ahora si todos sabemos que es suyo?

Para que la dignidad no sea derrumbada por ese poder que mata, los campesinos organizados de la provincia de Córdoba exigimos:

- El freno inmediato a cualquier intento de desalojar nuevamente a la familia Bustamante.

- Que el Poder Judicial y la Secretaría de Justicia de la provincia de Córdoba cumplan con su promesa de investigar las irregularidades en el caso.

- Que la Unidad Ejecutora de la Ley 9150 y su responsable, Isaac López, salgan de su inacción y comiencen a dar respuestas a las demandas de los poseedores.

- Por una Ley provincial que suspenda los desalojos y democratice la tenencia de la tierra.

¡Ni un metro más!
¡La tierra es nuestra!

Unión Campesina del Noreste (UCAN)
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
Contactos: 03524 - 492639 0351 - 156854129 0351 - 153229377 - ra.moc.oohay@abodrocnacu

Fuente: SER.CU.PO - Servicio a la cultura popular