Argentina: continuan en el sur de Mendoza los abusos a las familias campesinas
Comunicado urgente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Cada vez es más grave la situación de las familais campesinas del sur de Mendoza, el capital nacional y transnacional avanza sin considerar ningín derecho, ninguna vida, sólo busca el lucro de unos pocos
Ni los derechos humanos, ni civiles, son respetados, la ley de arraigo está llena de polvo y nadie la considera, jueces y policías son cómplices de las empresas y el estado mira para otro lado.
En Villa Atuel, departamento de San Rafael, Mendoza, el martes de la semana pasada policía e infantería, martillero y representantes de la empresa Villa Atuel S.A de capitales españoles rodearon el puesto de la familia Cubillos y comenzaron a hostigarlos para desalojarlos. En ese puesto nació la abuela de los seis niños que presenciaron aterrados la escena. Más de 60 años de trabajo, vida, historia y producción que para nuestra justicia no valen nada.
Carlos Cubillos se atrincheró y resistió en su rancho con toda su familia, gritando que de allí lo sacarían muerto. La situación se distendió por la tarde con un extraño arreglo en el cual Arraigo le cedería un campo con escritura en otro lado y entonces en 15 días Cubillos se retira del campo.
Cubillos estaba tramitando a través de Arraigo el título supletorio, con mensura hecha sobre una propiedad que se sospecha fiscal. La empresa la reclama a través de una acción pocesioria, es decir los españoles no la compraron pero la reclaman por supuestamente poseerla. ¿Como pueden poseer un campo donde viven y trabajan desde hace más de 60 años familias campesinas? Evidentemente la colonización está más vigente que nunca, y como siempre cuenta con la complicidad de funcionarios traidores y corruptos.
El juez Zapolar del Juzado de Alvear ha resuelto de manera muy extraña un caso, en el cual el abogado Adadd (contratado por Arraigo) jugó para la empresa en lugar de la familia. A la Empresa se la acusa de haber volteado dos ranchos de familias que vivían en el campo y que debieron irse a otro lado en el 2002. Cubillos resistió. El administrador gerente hasta lo amenazó con secuestrarle los hijos según cuenta, y la policía no le quiso tomar la denuncia.
Un artículo de la ley de arraigo suspende por dos años los desalojos a las familias campesinas hasta tanto se regularicen todas las situaciones de pocesión y tenencia, pero esa ley esta olvidada.
Estamos sufriendo una situación de saqueo escandaloso, y las familias pobres y trabajadoras no tienen lugar en el modelo de desarrollo que el gobierno promueve. Las comunidades organizadas seguiremos resistiendo, y consideramos preciso que toda la sociedad comprenda que es una problemática que nos afecta a todos.
Tierra, Agua y Justicia para los excluídos del Campo
9 de julio de 2007
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Para más información:
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Fuente: Prensa de Frente