Argentina: los diputados trabajan a favor del desmonte. Kirchneristas, radicales y macristas por la patria sojera
Por unanimidad de sus miembros, más el radicalismo, el macrismo y las huestes del genocida Domingo Bussi, coincidieron con los intereses sojeros al sancionar una ley que permite a los empresarios seguir con la masiva deforestación de los bosques y montes y, por ende, con los desalojos de las familias campesinas-indígenas
Lo resuelto en sesión en la Cámara de Diputados es una de las muestras más didácticas de que el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, presidido por Agustín Rossi, es el brazo legislativo de la consolidación del modelo económico. No porque gocen de autonomía, sino por cumplir órdenes del presidente de la Nación. Por unanimidad de sus miembros, más el radicalismo, el macrismo y las huestes del genocida Domingo Bussi, coincidieron con los intereses sojeros al sancionar una ley que permite a los empresarios seguir con la masiva deforestación de los bosques y montes y, por ende, con los desalojos de las familias campesinas-indígenas.
La conducta fue patética: los discursos no se pronunciaron, sino que todos los insertaron para acelerar la votación. ¿La razón? ¿Un repentino ataque de vergüenza?. Es que el proyecto original presentado por el diputado nacional oficialista Miguel Bonasso había sido cambiado sustancialmente y se había transformado en una mera declaración en el sentido de alertar sobre el peligro que significa la deforestación. Y, en el marco de esa preocupación, "sugiere" a los gobernadores adoptar las medidas necesarias para que las empresas sean cautas a la hora de seguir con sus acciones. Toda una paradoja en función de que precisamente los mandatarios provinciales son funcionales a los intereses de las empresas.
Claro que lo de Bonasso es imperdible: al tomar conocimiento de que su proyecto tal cual había sido concebido era un recuerdo del futuro, optó por irse a Cuba a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro y, después, viajar a Venezuela para estar presente en las elecciones presidenciales.
La Argentina perdió el 80 por ciento de su patrimonio forestal nativo, en particular en las últimas décadas, básicamente en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Formosa y Santiago del Estero. Un informe oficial de 2004 destaca que de las 107.260.00 hectáreas de bosques nativos que contabilizó el censo forestal de 1935 sólo quedan 33.190.400. Es decir que hace 70 años el 39 por ciento del territorio nacional estaba cubierto por bosques, mientras que hoy la cifra sólo llega al 12 por ciento. Los incendios, la tala y el avance de la frontera agropecuaria, acentuada por la fiebre de la soja en la última década, son las principales causas de esta disminución.
Precisamente en la temporada 2006/2007, las hectáreas plantadas alcanzan a 16 millones, lo que implica una producción de 40 millones de toneladas de soja transgénica, un claro índice del nivel de la renta agraria. Un cuadro de situación que se profundizará porque esta norma que aprobó Diputados, para que sea más formal, tal vez encuentre modificaciones cuando el año que viene la trate el Honorable Senado de la Nación, lo que obligará a su regreso a la Cámara de origen para transformarse definitivamente en ley con un contenido todavía más permisivo para la patria sojera.
La estrategia de los empresarios sojeros es llegar a una producción de 100 millones de toneladas, lo que demanda manos libres, en particular en el Noroeste, para seguir con los desmontes, en muchas oportunidades ejecutados con el recurso de la violencia de empresas de seguridad, como ilustra la foto de un reciente desalojo en Santiago del Estero.
Uno de los artículos borrados de la llamada ley Bonasso decía que para realizar un desmonte se debe "obtener un permiso" otorgado por la autoridad competente, y que en el caso de prosperar tenía que estar acompañado de "un estudio de impacto ambiental realizado por consultorindependiente". Y a continuación precisaba que "todo proyecto de desmonte o explotación comercial de un bosque nativo en el que habiten comunidades aborígenes o campesinas no podrá obtener el permiso cuando esas comunidades no presten su formal consentimiento por escrito y sea expuesto en audiencia pública". En su texto actual, en vez de identificarse como la "ley Bonasso" se podría llamar ley "Mosanto K".
Toda ley tiene un texto y un contexto. Esta norma, al igual que otras, deja a la intemperie a las familias campesinas e indígenas en su histórica lucha por defender sus derechos cercenados. Lo trágicómico de la sesión y del tratamiento del proyecto consistió en que todos los presentes aplaudieron la media sanción.
Fuente: Prensa de Frente, 8-12-06