Argentina: minería, derechos humanos y ambiente, por Hernán Scandizzo

Entre el 22 y 24 de abril se realizó en Tafí del Valle (Tucumán) el Taller de Minería, Derechos Humanos y Ambiente organizado por la Intersectorial Tafí del Valle y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). La participación de organizaciones de Catamarca, Chubut, Jujuy, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán y de los pueblos originarios Diaguita Calchaquí, Quilmes y Kolla permitió hacer un acabado diagnóstico de la situación de las comunidades afectadas por la minería y la elaboración de estrategias comunes de acción.

Durante tres días la gran minería estuvo sentada en el banquillo de los acusados no por capricho de convocantes y participantes sino por mérito propio. El testimonio más contundente contra esta actividad ? sin duda ? fue brindado por quienes llegaron desde Andalgalá (Catamarca) y comunidades vecinas. En esa región desde hace 7 años la población sufre las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la explotación de oro y cobre en Bajo La Alumbrera; consecuencias que se extienden a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe y que se profundizarían con la explotación del yacimiento aurífero de Agua Rica.

La experiencia de movilización del pueblo de Esquel y la comarca andina también fue destacada, al igual que las luchas desarrolladas en San Juan ? donde opera, entre otras, la corporación canadiense Barrick Gold ? e Ingeniero Jacobacci (Río Negro), que padece los efectos de la explotación de oro (Mina Angela) y diatomea y actualmente se opone al proyecto Calcatreu (Aquiline Resources Inc).

El análisis del modelo extractivo de la gran minería no estuvo acotado a la explotación minera en sí, sino que se subrayó su aplicación a otras actividades como la producción de soja transgénica, la ganadería intensiva e industria forestal.

Al tratarse la relación agua-minería no sólo se destacó la importancia de las reservas de agua dulce y el impacto negativo de esta actividad extractiva, también se habló de la farsa pergeñada por el gobierno de Estados Unidos (que presenta a la Triple Frontera ? Argentina, Brasil y Paraguay ? como base del terrorismo internacional) para controlar militarmente el Acuífero Guaraní.

Diagnóstico y exigencias

Como cierre de la actividad se elaboró un documento donde se sintetizan los impactos negativos producidos por la gran minería y las demandas de las comunidades al Estado. Tras detallar la nómina de participantes el pronunciamiento dice:

1 - Reafirmamos la declaración emitida por la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina (CAMA) el 24 de noviembre de 2003 en la Ciudad de Buenos Aires.

2 - Denunciamos que el avance de la actividad de la gran minería ? apoyada en una legislación nacional absolutamente divorciada de la realidad del pueblo argentino ? provoca en nuestras comunidades:

A - Un fuerte impacto ambiental por la contaminación del aire, aguas superficiales y subterráneas, pérdida de la biodiversidad (flora y fauna), erosión del suelo, daño al paisaje (que trae como consecuencia graves afectaciones a la salud de los pueblos tanto física como psíquica y daños irreparables a los ecosistemas).

B ? Impacto Cultural: pérdida de la identidad, desarraigo, crisis moral (prostitución, drogadicción, corrupción).

C ? Impacto al patrimonio antropológico y arqueológico, y avasallamiento al patrimonio histórico, cultural y espiritual de los pueblos originarios.

D ? Impacto a las comunidades de los Pueblos Originarios: dado en el avance sobre sus territorios por parte de las empresas con complicidad del Estado; en la afectación a su cosmovisión, violando sus espacios ceremoniales y sagrados; negándoles su participación en la elaboración de las políticas públicas que afecta a su desarrollo y sus intereses; negándoles el derecho a dar su consentimiento informado en las áreas de influencia de sus territorios antes de iniciar la prospección, exploración o explotación minera, de acuerdo a la operatividad del artículo 75 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT (ONU).

E ? Impacto Económico: Costo de oportunidad elevadísimo que sufrimos las comunidades, deterioro y/o desaparición de las economías regionales sustentables; saqueo y agotamiento de recursos naturales que podrían servir a un genuino desarrollo.

F ? Impacto Social: Enfrentamientos y divisiones que produce dentro de las comunidades como resultado de las políticas de las empresas mineras para comprar las voluntades de la gente a través del asistencialismo y las dádivas; dependencia de la población respecto de las empresas debido a la transferencia de las funciones del Estado a estas últimas, comprometiendo la soberanía del Estado; saturación de los servicios públicos e infraestructura; militarización de los sectores mineros por parte de las empresas, que impiden la libre circulación y comunicación de los pueblos.

G ? Impacto Socio políticos: Omisión de producir información pública por parte del Estado y de brindar información fehaciente por parte de las empresas; la difusión organizada de información falsa o desinformación; la manipulación sobre los medios de comunicación; la persecución a periodistas, comunicadores sociales y vecinos que activamente se manifiestan en contra de la minería, lo que dificulta la posibilidad de recibir y difundir información, de ejercer los derechos ciudadanos y de participar libremente en los asuntos de interés comunitario.

Todos estos impactos violan, en primer término, nuestro derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y equilibrado y vulneran, además, otros derechos humanos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales de rango constitucional en nuestro país como lo son: el Derecho a la Vida, a la Integridad, a la Libertad y a la Seguridad; Derecho a la Salud; Derecho a la Información, a la Libertad de Opinión y de Expresión; Derecho a la Participación; Derecho a la Propiedad Individual y Colectiva; Derecho a recibir Protección Judicial; Derecho de Igualdad ante la Ley; Derecho a Decidir sobre las formas de Desarrollo; Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, entre otros.

Por todo esto exigimos a las autoridades:

A ? Reformulación de las políticas públicas que se refieren a la minería, asegurando la efectiva participación de los Pueblos Originarios y de la ciudadanía toda.

B ? Revisión exhaustiva de toda la legislación minera vigente y declaración de nulidad y/o modificación de las mismas, garantizando que las mismas se ajusten a la legislación supranacional que protege los derechos humanos fundamentales.

C ? Regularización y ordenamiento territorial, que se traduzca en la entrega de títulos de propiedad individual y comunitario sobre la tierra.

D ? La prohibición de cualquier actividad minera en los territorios indígenas del Noroeste Argentino y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en todas las comunidades indígenas.

E ? Que se contemple la creación de áreas protegidas que prohiban expresamente la actividad minera en las mismas.

F ? Fomentar las actividades económicas social y culturalmente sustentables como alternativas a la minería en todas las comunidades.

G ? Optimizar los mecanismos de control, supervisión y sanción de la actividad minera.

H ? Implementar la educación ambiental en las currículas de todos los niveles de educación formal del país.

I ? Revisión de los acuerdos en vigencia entre el Estado y las empresas mineras que actualmente operan.

J ? Que cumplan con los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad internacional por la suscripción y ratificación de instrumentos jurídicos y por lo tanto garantice el pleno y efectivo ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales allí consagrados.

Más allá de la riqueza de los testimonios, debates y conclusiones, el taller puso de manifiesto la importancia de la Red CAMA como instrumento de lucha mancomunada contra la gran minería y el modelo de economía y sociedad que promueve.

Hernán Scandizzo
E-mail: ra.moc.oohay@nacsreh

Fuente: Indymedia Argentina