Argentina: violentos desalojos a campesinos en Santiago del Estero
“Vamos a regresar: es nuestra tierra, son nuestras casas. Defendemos lo nuestro”. La respuesta fluye naturalmente de Pablo Aranda y resume el pensamiento de todas las familias desalojadas del Lote 4, Pozo del Toba, Quimilí, departamento Moreno, Santiago del Estero, ubicada al noroeste de la Argentina
La indefensión de las familias campesinas
Boletín quincenal Nº53 Prensa De Frente desde Santiago- Es que nuevamente las fuerzas de seguridad del Estado demostraron el rol que juegan: a favor de los empresarios sojeros. Con pistolas lanzagases y cubiertos los rostros, topadoras de por medio, los desalojaron al resistir una orden judicial, la que no tenía ni fecha ni hora de emisión.
“Vamos a regresar, tengan seguridad”. Ese fue el mensaje enviado al gobernador radical-kircnerista Gerardo Zamora y a su mano derecha, el ministro de Justicia, por el conjunto de las familias afectadas por la violencia estatal, las que forman parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE- Vía Campesina).
Pese a que hace años, mas precisamente en 1994, reconoció que las familias campesino-indígenas Aranda, Lemos, Paz, Cardozo, Yedro, González -por citar algunas de una larga lista de históricos habitantes de Pozo del Toba- tenían derechos en función de que ellos “han ejercido una posesión pacífica y continua por más de veinte años, trabajando para su sustento, haciendo mejoras, delimitando sus terrenos con alambradas o palos, construyendo represas o pozos de agua”, ahora la Justicia, en sintonía con al consolidación de la venta de esas tierras a empresarios sojeros nacionales y extranjeros, cambió de posición.
Es que los campesinos que son poseedores naturales de la tierra no tienen usualmente los medios económicos necesarios para hacer valer sus derechos y conseguir así los títulos de propiedad. La ley obliga a la realización de costosas mensuras catastrales en cada uno de los predios, y además se necesita pagar a un abogado para que inicie el llamado “juicio de prescripción veinteañal”.
Los empresarios son conscientes, entonces, de que la Justicia es permeable a sus requerimientos, falla a su favor y ordena el desalojo de las familias a través del brazo armado a su disposición, el de las llamadas fuerzas del orden.
En esta oportunidad, la impronta de celeridad la protagonizó el juez de Cuarta Nominación, doctor Fernando Curet, quien recurrió a la Guardia de Infantería y al G.E.T.O.A.R (grupo antimotines) para que procedieran a desalojar a los "intrusos". Fueron inútiles las gestiones previas para evitar la represión: el comisario a cargo dijo que tenía la orden de cumplir con el fallo emitido por Curet.
Una acción que se ve facilitada, entre otras razones, porque sugestivamente los legisladores provinciales santiagueños no terminan de resolver los mecanismos jurídicos que evitarían que las familias campesinas sigan padeciendo la indefensión. Conducta que se reitera en el Congreso de la Nación, que en los tres años desde que asumió Néstor Kirchner no sancionó ninguna ley que impida los desalojos y la deforestación masiva a lo largo y ancho del país.
El Frente para la Victoria, el bloque oficialista que hace de brazo legislativo de la familia Kirchner, obturó todos los proyectos presentados, inclusive por varios de los suyos, en el sentido de implementar cambios sustanciales en la legislación para que las familias campesino-indígenas sean definitivas dueñas de sus tierras.
Fuente: Prensa de Frente