Cierre del Instituto de Agricultura Familiar: despidos masivos y un Gobierno que busca arrasar con los campesinos e indígenas

“El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar luego de una revisión de datos calamitosos y desoladores”. Así anunció ayer el cierre del Inafci el vocero presidencial, Manuel Adorni. Mientras informaba, en vivo, el despido de 900 trabajadores estatales, habló de “fiesta en el gasto público”, de “puestos de no trabajo” y de “ineficiencia del organismo”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirman: “Vamos a responder a cada una de las mentiras que dice el Gobierno para justificar el ajuste”. Diversas organizaciones campesinas manifestaron su repudio. El secretario de Bioeconomía (ex Agricultura), Fernando Vilella, responsable de las políticas para el sector, brilla por su ausencia.

Las y los trabajadores del Inafci acompañan actualmente a 250 mil productores en todo el país. Brindan asesoramiento para el cultivo de alimentos y la cría de animales desde un enfoque agroecológico. Colaboran, entre otras tareas, en el acceso a la tecnología y a las mejoras en la infraestructura productiva, en el desarrollo de ferias, en el mantenimiento de sistemas de riego o en la articulación entre las familias productoras y entidades locales como las iglesias, las escuelas y los municipios. La particularidad del Inafci, en comparación con el INTA, es que ofrece un asesoramiento integral desde diferentes disciplinas atendiendo no sólo a lo productivo, sino también a lo social.

Tras conocerse la decisión del Gobierno, que prometió reducir el instituto a una dirección con solo 64 empleados, diversas organizaciones que nuclean a agricultores familiares y a pequeños y medianos productores expresaron su repudio. La Federación Agraria Argentina calificó como un "error" la medida. El Movimiento Nacional Campesino-Indígena Somos Tierra alertó: "La motosierra solo trae más hambre". También manifestaron su desacuerdo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y el Frente Nacional Campesino (FNC); tanto como la la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Mesa Agroalimentaria Argentina; que nuclean a casi todas las organizaciones del sector.

Con esta medida, el Estado nacional le quita apoyo técnico a las familias que desde hace generaciones cultivan alimentos, mientras disputan la tierra con los grandes pooles de siembra o el agua con las mineras trasnacionales. Valeria Mamanis, trabajadora del organismo en Catamarca, enfatiza: "Estamos ante un modelo que propone la reprimarización de la economía, enfocándose en ciertos commodities. La eliminación del Inafci es un punto a favor de quitarle peso, por ejemplo, al debate sobre la megaminería".

Mentiras para ajustar

Mamanis es delegada de base de ATE Agricultura Familiar en Catamarca y delegada regional en la Junta Nacional del sindicato por el NOA. Es licenciada en Trabajo Social con formación en políticas públicas y género. Trabaja como técnica en el departamento Ambato, en el centro de la provincia, desde hace 12 años. Allí asiste, en conjunto con un agrónomo, a pequeños productores de la zona. Sólo en Catamarca son 18.000 los núcleos de la agricultura familiar (sus siglas son NAF y refieren a una persona o grupo de personas que viven en una misma vivienda y realizan juntas tareas rurales), que reciben la asistencia del Instituto. A nivel nacional, esa cifra es 150.000.

Desde que asumió el actual gobierno, el Inafci permanecía acéfalo. Así lo denunciaron las organizaciones nucleadas en la UTEP Agraria, que a principios de marzo se movilizaron al histórico edificio de la Secretaría de Agricultura, renombrada como Bioeconomía. “Además, habían dejado de pagar los impuestos y los alquileres de las delegaciones en las provincias”, denuncia Mamanis.

Al anunciar el cierre, Adorni habló de 964 empleados, incluyendo en la cuenta al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que es un órgano consultivo que no demandaba costo fiscal, según la Resolución 571/14. Mencionó dos sedes y también que un tercio de la planta son delegados (funcionarios). Pero el instituto tiene sólo una sede central, en la Ciudad de Buenos Aires. En las provincias, hay delegaciones con solo un delegado por jurisdicción. El vocero aludió a “puestos de no trabajo” para justificar los despidos. “Todes les técnicos del INAFCI podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución”, respondieron desde ATE.

Además, el vocero presidencial hizo referencia a la existencia de 204 vehículos en manos de los empleados. “Desde hace muchos años ponemos plata de nuestro bolsillo para sostener las intervenciones territoriales. Las delegaciones, como en el caso de Catamarca, no cuentan con vehículos funcionando porque no se arreglan desde la época de Macri. Están rotos y hace meses que nos manejamos con nuestros vehículos particulares o en transporte público para llegar a los territorios”, describe Mamani.

"En Catamarca somos 35 familias que nos quedamos sin trabajo y eso se celebra desde el Gobierno", cuestiona la delegada. También asegura: "Hay una estigmatización sobre la clase trabajadora en general. Que nos digan vagos, que nos digan militantes, que nos digan ñoquis: nosotros vamos a responder punto por punto las mentiras que dice el Gobierno para justificar el ajuste. Vamos a responder con lo que transitamos día a día desde hace años". 

Y destaca: "Nosotros no vivimos del Estado, somos trabajadores del Estado que garantizamos derechos. En este caso, los derechos de las comunidades rurales, de los pequeños productores y de la agricultura familiar".

¿A quién beneficia el cierre del Instituto de Agricultura Familiar?

Hace apenas algunos días, el Gobierno reafirmó su compromiso con el agronegocio con su asistencia a la ExpoAgro. En ese mismo momento, organizaciones campesinas reclamaban que se regularice la situación del Inafci y que se nombre al funcionario a cargo para que el organismo pueda funcionar. No sólo no pasó, sino que ahora se dispuso el cierre. Mientras se desmantelan las políticas que favorecen la producción de frutas, verduras y carne para el mercado interno, se abren las importaciones de alimentos con el argumento de bajar los precios.

Mamani ubica este aparente contrasentido en una lectura de beneficiados y perjudicados por el modelo que impulsa el Gobierno nacional. "Desde el Inafci se plantea una mirada que va en contra del agronegocio", alega. En una provincia donde se expande la megaminería, la agricultura familiar también es una forma de resistencia al saqueo.

En esa línea, asegura, trabajan desde el Instituto: "Nosotros destacamos la importancia de la Ley de Bosques y de las cuencas acuíferas. Cuando hablamos de la explotación minera, también hablamos de la disputa que llevan adelante los agricultores por el agua para poder criar sus animales (vacas o cabras) o producir las verduras". Y subraya: "Los pequeños productores son quienes aportan el 70 por ciento de los alimentos de los argentinos".

La desarticulación de esta política acentúa el empobrecimiento de las familias que, sin acceso a la tierra ni a viviendas dignas, producen alimentos para el mercado local. "El pequeño productor de la agricultura familiar requiere nuestro asesoramiento porque de otra manera no podría acceder, ya que no podría pagar los costos profesionales para sostener la asistencia técnica que brinda esta política pública". Además, menciona otro elemento: "Esta decisión pone en riesgo la producción de alimentos sanos, porque desde el Inafci promovemos el enfoque de la agroecología para la producción".

El decreto 729/2022, que creó el organismo, menciona entre otras tareas la intervención del Inafci para asegurar el cumplimiento de la Ley de Tierras Rurales, que buscaba evitar la extranjerización de la tierra y que fue derogada por el DNU 70/23. Mamani indica que la agricultura familiar representa la oposición a los modelos hegemónicos de desarrollo que se vienen proponiendo, gobierno a gobierno, desde el Estado. "Pero además este es un momento sumamente cruel, planteado desde un Estado que se piensa para pocos y donde hay una transferencia de recursos del pueblo trabajador para que se concentren en manos de unos pocos empresarios", agrega.

El instituto se creó en 2022 para ser el órgano de implementación de la demorada Ley Nacional 27.118 de Agricultura Familiar, en reemplazo de la Secretaría de Agricultura Familiar. Aunque aún no tenía designado un presidente, sí contaba con las coordinaciones provinciales. Pero el surgimiento del organismo se remonta a 1993; entonces tenía el nombre de Programa Social Agropecuario.

Sus trabajadores fueron monotributistas desde esa época hasta 2011, cuando se consiguió —a través de la lucha sindical— que pasen a ser contratados bajo el artículo 9 de la Ley Marco, que tiene resabios de la flexibilización laboral porque permite la desvinculación laboral. Durante el macrismo, hubo 500 despidos que fueron dejados sin efecto en 2020.

"La única política pública dirigida a los pequeños productores o los agricultores familiares del país se fue desfinanciando gobierno a gobierno hasta llegar a lo de hoy. El Inafci aporta una visión desde la agroecología y la soberanía alimentaria que a ningún gobierno de los que pasó le servía o le beneficiaba", considera la entrevistada.

El repudio que Adorni se niega a escuchar

"La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, dijo Adorni en la conferencia de prensa. Sin embargo, la Mesa Agroalimentaria denunció las políticas del gobierno de Milei contra el sector de la agricultura familiar y cooperativa, mientras se debatía en el Congreso la Ley Ómnibus y emitió su repudio al conocer la noticia del cierre del Inafci. Por su parte, la UTEP Agraria pidió una reunión con la puesta en funcionamiento del Inafci hace tan solo dos semanas. Ante la insistencia —y movilización mediante— finalmente fueron recibidos por el funcionario Pedro Vigneau (ex Aapresid), quien les aseguró que "no hay plata" y se ofreció como interlocutor con el Ministerio de Economía. Apenas 15 días después, se produce el cierre.

Tras conocerse la noticia, desde la UTT volvieron a manifestarse: “Los problemas se resuelven dejando de gobernar para la casta empresarial especuladora, no destruyendo al Estado”. Agregaron: “El cierre de este organismo deja sin trabajo a cientos de personas y representa un ataque directo al verdadero campo, el campo que produce alimentos para el pueblo. El hambre y la inflación se deben combatir fortaleciendo a quienes alimentan al país, no beneficiando a los pocos de siempre, que especulan y lucran en plena crisis”.

En el mismo sentido se expresó el MNCI-ST: "La eliminación del INAFCI y de otras herramientas institucionales no es el camino en la crisis alimentaria que estamos viviendo. Necesitamos políticas segmentadas que fortalezcan la producción, el agregado de valor en origen porque generamos trabajo y arraigo rural. La motosierra solo trae más hambre".

La UTEP también publicó un comunicado de repudio ante el anuncio: "Para este gobierno, el enemigo somos los trabajadores y las trabajadoras, el campesinado, los sectores populares organizados. Al gobierno actual no le importa el sector, ni la alimentación de las y los argentinos: sólo le interesa que le cierren sus supuestas cuentas macroeconómicas, aunque eso signifique el hambre de la mitad de la población y la debacle definitiva del país".

La FNC resaltó que "el cierre que deja a todo un sector de los más pobres y necesitados del campo argentino sin asistencia, cientos de cooperativas, asociaciones y miles de agricultores familiares que luchan por sostenerse en el medio rural evitando el desarraigo y que son los y las que nos alimentan".

Por su parte, la Federación Agraria Argentina —única entidad de la Mesa de Enlace y del sector del agronegocio que se pronunció— calificó la decisión como "un error". "Más allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho instituto, y las necesidades económicas que aquejan al país, que obliga a reducir gastos, sostenemos que los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional", argumentó la entidad.

Fuente: Agencia Tierra Viva