Clan del Golfo amenaza la Zona de Reserva Campesina del Cimitarra, emblema de la paz rural

En esta zona, históricamente defendida por las comunidades campesinas como un modelo de construcción de paz, se encuentra hoy bajo fuego cruzado, con la población civil en inminente riesgo, según denuncia la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una organización modelo de la defensa de la tierra en Colombia.

Puerto Matilde no es cualquier territorio. En esa zona, donde bordea los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia; y Cantagallo y San Pablo, en Bolívar; se levanta la aldea comunitaria y la finca de recría de búfalos y ganado blanco, uno de los proyectos más emblemáticos del campesinado en su apuesta por la soberanía alimentaria, el desarrollo rural sostenible y la reconciliación que es llevado a cuestas por la ACVC.

Durante más de dos décadas, las organizaciones campesinas del Valle del Río Cimitarra han trabajado por consolidar un territorio de vida, enfrentando amenazas de distintos actores armados y resistiendo el abandono estatal. Por años fueron incluso producto de señalamientos y estigmatizaciones que terminaron en procesos de judicialización para casi todos los miembros de la Asociación.

Entre 2007 y 2009, todos los miembros que integraban la junta directiva de la asociación estaban en la cárcel, según contó hace unos años a este diario Andrés Gil, uno de sus dirigentes. Estaban acusados de tener vínculos con la insurgencia. Los procesos que terminaron cayéndose por falta de pruebas o prescribiendo, y que vinieron a apagarse cuando la ACVC recibió el Premio Nacional de Paz, en 2010.

Hoy, ese esfuerzo colectivo se ve amenazado por la violencia de los grupos armados ilegales que disputan el control del territorio, ignorando la voluntad de paz de las comunidades.

“Exigimos a los grupos armados el respeto absoluto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el cese de hostilidades en territorios habitados por comunidades campesinas”, dijo la Asociación en un comunicado conocido por este diario.

El intercambio de disparos, que ha sembrado el terror entre los habitantes, deja a familias enteras atrapadas entre dos fuegos. La situación humanitaria es crítica: hay restricciones de movilidad, riesgo de desplazamiento masivo, y una creciente angustia por la posibilidad de que los actores armados utilicen a la población como escudo o tomen represalias contra líderes sociales. Las comunidades han lanzado un llamado urgente al Estado colombiano, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, para que intervengan de inmediato.

“Hacemos un llamado urgente a los organismos humanitarios, de derechos humanos y al Estado colombiano para que se establezcan garantías reales para proteger la vida de las comunidades y se tomen acciones efectivas para sacar a la población civil del fuego cruzado”, dice el comunicado.

Además, piden que se habilite un corredor humanitario que permita evacuar de manera segura a la población en riesgo, que se tomen acciones reales y efectivas para proteger la vida de los habitantes del territorio, y que se garantice la presencia estatal más allá del discurso, con instituciones que protejan, atiendan y acompañen a las comunidades.

También exigen a los grupos armados el respeto absoluto por el Derecho Internacional Humanitario y el cese inmediato de hostilidades en territorios donde habita población civil.

Los campesinos y campesinas del Cimitarra han resistido por décadas a la guerra. Lo han hecho apostando por proyectos de vida dignos, con una economía legal basada en la producción campesina, el cuidado del medio ambiente y la organización comunitaria.

Esta Zona de Reserva Campesina, una de las primeras en el país y constituida en 2002, es reconocida nacional e internacionalmente como una experiencia de paz territorial, surgida desde las bases rurales.

Sin embargo, pese a todos los logros alcanzados, la fragilidad institucional y la ausencia de garantías siguen dejando a estas comunidades en el olvido, a merced de quienes imponen la violencia como forma de control social y territorial.

El abandono del Acuerdo de Paz, la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y la recomposición de estructuras armadas ilegales son factores que profundizan la vulnerabilidad de la región.

“A la paz le daremos todo. A la guerra no le daremos nada”, finaliza el comunicado.

El avance del Clan del Golfo en Antioquia

Desde comienzos de 2025, el Clan del Golfo ha intensificado su expansión en Antioquia, consolidando presencia en más del 50 % de los municipios del departamento, con un fuerte despliegue en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

En el municipio de Valdivia, su avance se ha materializado mediante el establecimiento de laboratorios de producción de cocaína en zonas rurales como las veredas Monteblanco y La Raya, estructuras que fueron destruidas por el Ejército en operaciones. Fue justo en Valvidia donde el miércoles se produjo un violento ataque realizado por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) camuflaron una carga de explosivos en una mula.

Aunque, al parecer, la carga iba dirigida con el Ejército, se configura como parte de sus enfrentamientos con el Clan por el control de la zona.

Este jueves, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó a esas operaciones con un bombardeo ocurrido esta semana.

“Hace ya dos noches, los aviones Kfir hicieron o participaron en el cuarto bombardeo en este año contra uno de los grupos criminales más importantes que tiene Colombia”, aseguró en la rueda de prensa sobre la compra de la flota de aviones Gripen.

Fuente: Prensa Rural