Colombia: se generaliza violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afro del Departamento del Cauca
La guerra en el departamento del Cauca no cesa, como tampoco la afectación a la población civil, producto del enfrentamiento entre los actores armados. El primer mes del año muestra situaciones de desplazamiento masivo y amenazas contra la vida de comunidades y líderes sociales indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Se ha denunciado que el Batallón de Alta Montaña No. 4 Benjamín Herrera estigmatiza y señala con procedimiento ilegales a campesinos del sur del Cauca y que en la zona norte el Ejército, presuntamente, asesinó un líder indígena. HECHOS: El 4 de enero, La Coordinación de Consejos Comunitarios de la Costa Pacífica Caucana COCOCAUCA, denunció amenazas contra la vida de sus integrantes, luego que en el mes de diciembre se presentara el asesinato de dos jóvenes de la región. Las comunidades y su organización han expresado como antecedentes varias amenazas colectivas que dejaron como resultado el asesinato de los líderes Josè Felix Orejuela y Miltòn Grueso Torres en enero del año 2.010. El 13 de enero, campesinos del municipio de Argelia denunciaron la presencia de grupos paramilitares que han ocasionado desplazamiento masivo, amenazas colectivas, y un registro de 10 muertes de carácter selectivo en las localidades de Las Perlas, Las Cumbres, Cristales Altos, Cristales Bajos, Miro Lindo, La Playa, La Primavera y Campo Alegre. Según se informa, los grupos paramilitares han anunciado el control total de la región.
El 21 de enero de 2.010, las casas de los habitantes de la cabecera municipal de Santa Rosa Bota caucana, amanecieron inundadas de panfletos con el texto: “MILICIANOS DEL FRENTE 13 DE LA ONT FARC… DESMOVILÍCESE …llama ya a los celulares 316 2 82 64 97 – 314 621 82 96 – 301 298 51 42 - 146 - 147”, en éstos, se hace referencia a varias personas de la comunidad, entre ellos, docentes, vendedores y campesinos. Ante ello, habitantes de la región llamaron a los teléfonos allí descritos para informarse sobre la precedencia de los panfletos, ya que éstos no tenían ningún logo o firma que permitiera establecer la autoría de los mismos, y además, para informarse sobre las razones por la cuales pobladores de la región estaban siendo tildados de guerrilleros. Las llamadas permitieron establecer que fue la Unidad del Ejército Nacional, que ejercen registro y control en este municipio, la que distribuyó los panfletos, mientras que las llamadas, según se constató eran contestadas por el Cabo Segundo - Santa Cruz – del Programa de Desmovilización del Batallón de Alta Montaña No.4 Benjamín Herrera.
La anterior situación ha generado zozobra en la comunidad, pues sus pobladores recuerdan que en esta zona en 2.002 y 2.003, producto de acciones desarrolladas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, alrededor de 60 habitantes de este municipio fueron capturados de forma masiva sindicados de rebelión, situación que conllevó a que la misma comunidad buscara y financiera sus defensores jurídicos quienes finalmente demostraron la inocencia de los detenidos, sin que ninguna Institución del Estado haya restablecido hasta el momento el buen nombre de éstas personas, que han debido salir en los desplazamientos masivos de la región causados por esta situación.
El día 22 de enero de 2.011, en un operativo conjunto entre el Ejército, la Fuerza área y la Policía desarrollado en la zona montañosa del municipio de Caloto, resulto muerto un comunero indígena que fue presentado como guerrillero muerto en combate. El cuerpo sin vida del comunero, de 31 años quien se desempeñó como autoridad indígena en el año 2.010, presentaba 3 disparos y vestía jean debajo del camuflado. Las comunidades indígenas denunciaron que este es un nuevo caso de los llamados “falsos positivos”, y que en la zona tanto el Ejército como los grupos guerrillero allí asentados utilizan a las personas como escudos humanos, poniendo así en grave riesgo sus vidas. Las organizaciones que integran la RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA reclamamos del Estado Colombiano, sus funcionarios y militares que cumplan con el deber de proteger la Vida y los derechos humanos, las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política de Colombia; de igual forma, se hace prioritario que se aplique el debido proceso para actuar y juzgar a los ciudadanos, convocando a las Instituciones de Control a revisar las actuaciones de militares y fuerza pública en general, pues según las evidencias están generando miedo, terror y desplazamiento forzado de las comunidades, y sus prácticas son similares a las de los grupos armados ilegales. Finalmente, convocamos a las organizaciones sociales hermanas y a organismos de derechos humanos a acompañar las comunidades victimas, denunciar y exigir al Estado Colombiano que cumpla con su deber. Popayán, 23 de enero de 2.011.
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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