Colombia: solidaridad con las comunidades campesinas del Magdalena Medio

Mesa de Solidaridad con el Magdalena Medio / Jueves 5 de julio de 2007

En el proceso de usurpación de esas tierras y riquezas, han sometido a la población natural asentada en la zona desde hace múltiples generaciones, al más brutal aniquilamiento sistemático, despojo, bloqueo económico y sanitario, y desplazamiento forzado. Han apelado para ello a múltiples formas criminales: unas veces al sicariato paramilitar y otras a la misma Fuerza Pública, que ha demostrado suficientemente su ensañamiento contra el campesinado, incurriendo en monstruosas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Desde luego, contando casi siempre con la complicidad de las autoridades civiles tanto locales, como departamentales y nacionales.

Los procesos organizativos y productivos campesinos también han sido blanco de los poderosos, pues se transforman automáticamente en serios obstáculos para sus ambiciones de usurpación violenta de las tierras y las riquezas naturales.

Es así como en abril de 2003, atendiendo las presiones de latifundistas, empresarios agroindustriales, militares y multinacionales, fue suspendida la vigencia jurídica de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del río Cimitarra, mediante una resolución expedida de forma arbitraria e ilegal, sin que fuera aprobada por la junta directiva del Incora (ahora Incoder), como lo declararon por escrito los delegados campesinos. En un discurso pronunciado por el presidente Uribe en Barrancabermeja en noviembre de ese mismo año dijo: “ esas reservas las vamos a manejar con los alcaldes y con la gente de bien, no con las Farc”.

La ZRC apenas había sido decretada el 10 de diciembre de 2002, después de un importante movimiento de lucha campesina, como las marchas a San Pablo y Barrancabermeja en septiembre y octubre de 1996, y el gran Éxodo Campesino a Barrancabermeja en 1998. Para lograr el reconocimiento legal de la ZRC, también tuvieron que adelantarse jornadas organizativas entre los más de 25 mil campesinos como parte del proceso de desarrollo integral y en defensa de los derechos humanos. Las ZRC son un instrumento para garantizar su acceso a la tierra y blindar a esta del monopolio, acaparamiento y de la avaricia de los poderosos, así como método de protección a sus formas productivas. Son reconocidas por las leyes nacionales y representan un importante instrumento legal para la protección de la territorialidad del campesinado, la autogestión comunitaria del territorio, la preservación de la economía campesina, la realización efectiva de la reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura nacional.

Otras formas organizativas agrarias del Magdalena Medio han sufrido también los embates de las fuerzas oscuras del terrorismo de Estado. Líderes y miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y de juntas de acción comunal, han sufrido estigmatizaciones, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército Nacional y paramilitares.

Entre noviembre del año pasado y lo que va corrido de este, las tropas regulares han asesinado al menos a seis labriegos. El 26 de marzo de 2007, una patrulla militar detuvo a dos jóvenes que bajaban madera por el río Tamar. Uno de ellos, de 17 años, logró escapar y sobrevivió. El otro, Carlos Mario García, de 22 años, no corrió con la misma suerte y fue asesinado. Su cadáver fue presentado por los militares como “ guerrillero dado de baja en combate”. Los hechos ocurrieron en la vereda Ojos Claros del municipio de Remedios (Antioquia).

La última ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército en esta zona ocurrió el pasado 27 de junio en la vereda La Unión del municipio de Yondó (Antioquia). Allí, el presidente de la junta de acción comunal de la misma vereda, el campesino Cruz Aldelio Brand, había desaparecido el 25 de junio. Dos días después su cuerpo fue presentado por voceros castrenses en las instalaciones del Batallón Nueva Granada, en Barrancabermeja, como “ guerrillero dado de baja en combate”.

Otra importante causa generadora de la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el Magdalena Medio son las fumigaciones indiscriminadas. En actitud autoritaria y arrogante, el presidente Uribe les manifestó a los campesinos del Valle del río Cimitarra, con quienes se reunió en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían “reclamar las indemnizaciones” del caso.

Desde el 24 de junio se lleva a cabo una nueva oleada de fumigaciones indiscriminadas, las que han forzando al hambre y a la miseria a las familias afectadas, ubicadas en las veredas de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, en el sur de Bolívar. A causa de las aspersiones, decenas de personas damnificadas engrosan las filas de los más de tres millones 700 mil desplazados que hoy deambulan en un país en el que las efímeras ilusiones se calcinan en la hoguera de la injusticia social.

Previamente, las constantes agresiones y violaciones a los derechos humanos en las cuales incurren asiduamente la Fuerza Pública y paramilitares contra la población inerme, hicieron que alrededor de 350 personas se desplazaran y buscaran refugio en un campamento humanitario construido el primero de abril en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios, donde permanecieron hasta mediados de junio, cuando las organizaciones campesinas decidieron su traslado al edificio abandonado que antes ofició como Comisariato de Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja.

Este nuevo sitio de refugio campesino alberga ahora a cerca de 800 personas, pues a las que llegaron de Puerto Nuevo Ité, se sumaron otros campesinos desplazados por las amenazas del Ejército y paramilitares, como también por las fumigaciones indiscriminadas. Esta decisión la tomaron las comunidades en el Foro Comunal Regional por la Vida Digna y la Defensa de los Recursos Naturales, realizado el pasado 13 de junio en la capital petrolera de Colombia.

Además del tema de las fumigaciones, que el presidente Uribe se negó a suspender, en el encuentro que tuvieron los campesinos con este, también se abordaron los temas sobre la crisis humanitaria y el de la Zona de Reserva Campesina. En cuanto al primero, el ejecutivo planteó que le pediría a la Fuerza Pública eficacia, transparencia y respeto a las comunidades en su accionar. Solo bastaron siete días para demostrar las falacias del Presidente, pues el Ejército asesinó al campesino Cruz Aldelio Brand, en los sucesos anteriormente relatados.

En cuanto al levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina, el Presidente prometió que reanudaría la agenda pendiente para su levantamiento, pero recalcó que en dicha agenda estaría presente la Fuerza Pública. Quienes componen esta Fuerza, son también los que con más ferocidad se oponen a que la suspensión de la ZRC sea levantada.

Por lo anterior, que es solamente una muy breve reseña de la magnitud real del drama que vienen padeciendo los campesinos en esta región del país, las organizaciones sociales abajo firmantes declaramos constituida la Mesa de Solidaridad con el Magdalena Medio. Para quienes integramos este espacio, las luchas campesinas del Magdalena Medio por el respeto a los derechos humanos, por el restablecimiento inmediato de la Zona de Reserva Campesina y contra las fumigaciones indiscriminadas, entre otras, serán nuestras luchas.

Concientes de que la unión y la solidaridad son armas que le brindan a los pueblos el poder para derrotar a sus verdugos, invitamos a todas las personas y organizaciones sociales a unirse a esta causa y a la lucha de resistencia campesina en el Magdalena Medio, así como con el Campamento de Refugio Humanitario de Barrancabermeja, donde, para empezar, se necesita con urgencia colchonetas, leche en polvo, enlatados, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y elementos de botiquín, implementos de cocina y ropa para clima cálido.

Suscriben:

Agencia Prensa Rural, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Colectivo Vivo Arte, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Reiniciar, Grupo de Investigación sobre el Nordeste Antioqueño, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Observatorio Internacional de Paz, Organización Indígena Kankuama, Semanario Voz, Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo.

Fuente: Agencia Prensa Rural