Comunidades afectadas piden el cierre de la minera Cerro Blanco

Organizaciones sociales y comunitarios de Asunción Mita, Jutiapa, pidieron al gobierno el cierre de la minera Cerro Blanco por irregularidades en la emisión de su licencia. Además, señalaron que el 28 de octubre de 2024 enviaron una carta al presidente Bernardo Arévalo para abordar la situación de varios proyectos mineros cuyas licencias se emitieron de manera irregular e ilegal.

Una misión internacional de observación recorrerá varios regiones afectadas por las empresas mineras en Guatemala y Centroamérica, como Cerro Blanco o el proyecto minero Fénix. Anuncian además la instalación de un Tribunal Permanente de los Pueblos en dónde serán denunciados los atropellos a los pueblos, comunidades y la violación de derechos humanos.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, pidieron a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una auditoría a los proyectos mineros que tiene anomalías en sus expedientes.

“Tal es el caso de la licencia de explotación del proyecto minero Cerro Blanco que en su expediente registra anomalías y documentos con señalamientos de falsedad material e ideológica, bajo los cuales se ha justificado y mantenido vigente una licencia de explotación que durante 16 años nunca extrajo material acuífero ni tributó legalmente al fisco las regalías de ley”, afirmó Pedro Arrieta, originario de Asunción Mita.

Inicia Misión de Observación en Guatemala

La conferencia de prensa coincidió con el inicio de una Misión de Observación de una delegación de personas del País Vasco, Dinamarca, El Salvador, Honduras y Guatemala que recorrerá la región norte de Centroamérica.

Marcos Sebastián de España señaló que han identificado prácticas de la empresa canadiense Elevar Resources, propietaria de la Minera Cerro Blanco, similares de opacidad a las actuaciones de otras empresas mineras en la región.

“El proyecto Cerro Blanco cumple los patrones tradicionales de los proyectos extractivos de la región centroamericana, vemos que se producen irregularidades en el otorgamiento de concesiones, colusión de intereses privados con la institucionalidad y falta de mecanismos efectivos para que las comunidades puedan reclamar justicia”, dijo Marcos Sebastián.

La Misión de Observación conocerá la experiencia de resistencia de las comunidades de Asunción Mita, Jutiapa y de El Estor, Izabal, posteriormente se trasladarán a Honduras y finalizarán la misión en El Salvador.

Se anuncia un Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Ambiente

Las organizaciones también anunciaron la apertura de un Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las afectaciones al medio ambiente el próximo 10 de julio.

Héctor Castañeda del Consejo Ecuménico de Guatemala informó “queremos abrir un nuevo capítulo en Guatemala, pero esta vez sobre el tema territorial y extracción. Todas las denuncias que se pueden hacer con respecto a los crímenes en los territorios de las comunidades guatemaltecas”, dijo.

El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene sede en Roma, Italia y surgió después de los juicios de Nürenberg, donde se juzgó a los responsables del holocausto contra el pueblo judía durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso guatemalteco se juzgó el genocidio cometido contra la población Maya Ixil 1982 y 1983.

“Este Tribunal ya ha tenido capítulos previos en Guatemala, el caso más emblemático es el juicio que se hace contra José Efraín Ríos Mont por genocidio y que se va a ventilar en Madrid, España, donde obtiene una sentencia condenatoria”, señaló.

La dinámica del Tribunal Permanente para los Pueblos es emitir una sentencia moral a los juzgados, que a la vez puede generar acciones pedagógicas y reparadoras para las comunidades y familias afectadas por crímenes de lesa humanidad según los postulados de la entidad con sede en Roma.

Fuente: Prensa Comunitaria