Criminalización de comunitarios en Alta Verapaz evidencia desigualdad y despojo
Más de 1.172 órdenes de detenciones pesan sobre comunidades Q’eqchi’ en Alta Verapaz cuyos ancestros sufrieron despojos coloniales y que hoy son perseguidos por resistirse a perder lo poco que les queda.
Cada mañana, doña Victoria, con un rostro cansado y el corazón encogido sale de su casa en Choctún Basilá, con un canasto en el que lleva bananos y otros productos que vende en las calles lodosas de Cobán, Alta Verapaz.
Lo que logra reunir ya no es para sus hijos sino para enviarle a su esposo Marcelino Xol a la cárcel quien cumple una condena de 35 años de prisión en Izabal, acusado de homicidio, un delito que la familia asegura que nunca cometió.
La hija mayor, Vidalia Xol, de 17 años se ha hecho cargo de muchas responsabilidades desde que tenía 9 cuando su padre entró a prisión.
“Mi papá lleva ocho años en la cárcel. Éramos pequeños cuando se lo llevaron; yo tenía nueve años, y ahora hemos crecido sin él”, dice con la voz quebrada.
Los seis hermanos tuvieron que abandonar sus estudios, los mayores trabajan en condiciones precarias, sin oportunidades de superación. Vidalia quien vive su adolescencia como una adulta es consciente que el abuso judicial los ha hundido en la pobreza, mientras la sociedad permanece indiferente.
Un sistema judicial cómplice
El caso de Marcelino Xol no es aislado. Es parte de una maquinaria de criminalización contra defensores indígenas Q’eqchi’ en Alta Verapaz. Más de 1.172 órdenes de detenciones pesan sobre comunidades cuyos ancestros sufrieron despojos coloniales y que hoy son perseguidos por resistirse a perder lo poco que les queda.
Marcelino, maestro de educación primaria, y Jorge Coc, otro dirigente Q’eqchi’, fueron acusados de homicidio y tentativa de homicidio tras la muerte de un trabajador de la Cooperativa Chilté, vinculada a la Federación de Cooperativas de Alta Verapaz (Fedecovera). Según la abogada Lesvia Artola, quien acompaña las luchas de la población, su único “delito” fue alzar la voz contra el despojo de sus tierras.
Madre de Jorge Coc, dirigente Q’eqchi’ criminalizado. Foto de Santiago Botón
El 13 de julio de 2017, un trabajador de la Cooperativa Chilté fue hallado muerto con una herida de bala en un salón de Chilté. Este hecho sirvió para acusar a Jorge Coc, Marcelino Xol y otras 11 personas, sumando 13 procesados. La comunidad de Choctún Basilá denunció ataques armados por intentos de usurpación, acompañados de tala ilegal, disparos y destrucción de cultivos.
En 2018, Marcelino y Jorge fueron detenidos. Un año después, el juez Luis Alejandro Paniagua Herrera los condenó a 35 años de prisión. Sin embargo, la credibilidad del sistema judicial en Alta Verapaz está en entredicho: el mismo Paniagua Herrera enfrenta una suspensión de 20 días sin salario por su participación en un escándalo de abusos deshonestos, incluyendo la violación de una menor dentro de un tribunal de Cobán.
A finales de 2023, sobresalieron las denuncias contra cuatro jueces de Cobán: José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera, William Arturo Chen Botzoc y Walter Fabricio Rosales Hernández acusados de conductas indebidas, desde acoso hasta corrupción. La Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) destituyó a dos magistrados, suspendió por 20 días a Paniagua Herrera y emitió una llamada de atención a otro. Lo que ha puesto en duda las decisiones judiciales que han estado a su cargo, muchas de ellas la criminalización de los comunitarios.
Retrato de los cuatro jueces señalados de acoso hasta corrupción en Alta Verapaz. Foto de Santiago Botón
“¡Es indignante!”, exclama Lesvia Artola. “Los mismos jueces que encarcelan a inocentes reciben sanciones mínimas, mientras familias enteras son destruidas”. Paniagua Herrera también estuvo involucrado en la criminalización de Bernardo Caal Xol, defensor ambiental declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional.
La familia de Jorge Coc vive una tragedia similar. Su hermano, Hugo René Coc Coc, relata cómo su padre murió de tristeza sin ver libre a su hijo. Ahora su madre sufre un derrame facial que se agrava por el dolor del encarcelamiento injusto de su primer hijo.
En el 2022, la abogada Wendy Geraldina López Rosales explica que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) buscando una casación. “Son inocentes. Su único crimen fue defender su tierra”, afirma.
Dicha acción legal es una muestra de los múltiples intentos de reconocidos abogados por demostrar el abuso judicial y la inocencia de los condenados con pruebas científicas. No obstante, el sistema judicial guatemalteco, históricamente aliado a terratenientes, mantienen un 97% de impunidad en casos de criminalización indígena, según el “Informe sobre Impunidad en Guatemala”, afirma.
Alta Verapaz: desigualdad y despojo
Las cifras revelan una realidad brutal: el 2% de la población controla el 57% de la tierra en Alta Verapaz, mientras el 83% vive en pobreza. Entre 2004 y 2020, se ejecutaron 59 desalojos forzosos, dejando a comunidades enteras en la intemperie. La expansión de monocultivos como la palma de aceite ha desplazado a miles, con el aval del Estado, según defensores de derechos humanos.
Panorama del territorio Q’eqchi’ de Alta Verapaz. Foto de Santiago Botón
Mientras tanto, doña Victoria sigue caminando. No hay justicia para Marcelino, ni educación para sus hijos, ni tierra que trabajar. Solo queda la resistencia, el mismo acto por el que su esposo fue encarcelado. Y aunque los jueces bajo la lupa reciben suspensiones simbólicas, las familias Q’eqchi’ pagan con décadas de prisión.
Fuente: Prensa Comunitaria