Día clave para merluza: El llamado de pescadores artesanales a parlamentarios a no ceder frente a presión política de industria
En medio de la recta final del debate sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, dirigentes de la pesca artesanal emplazan a los parlamentarios de la comisión mixta a no ceder ante la presión industrial y a respaldar medidas clave que buscan garantizar justicia en la distribución de los recursos marinos, asegurar el financiamiento del proyecto y avanzar hacia una protección social efectiva para el sector.
Un llamado directo a los parlamentarios que integran la comisión mixta encargada de resolver los últimos puntos del proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero realizaron esta semana los principales voceros de la pesca artesanal.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal advirtió sobre las fuertes presiones políticas y mediáticas de parte de la industria pesquera, en una ofensiva que —según los dirigentes— busca influir en el debate legislativo en su etapa final.
“Lo que está en juego es por un lado la legitimidad y por otro lado la justicia en la asignación de recursos pesqueros en Chile durante las próximas décadas: quienes realmente salen al mar o quienes han vivido por años de cuotas regaladas gracias a la corrupción. Aquí el mar no puede venderse otra vez”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza, en un llamado enfático a no repetir los errores del pasado.
La comisión mixta que definirá el destino del proyecto está conformada por los senadores David Sandoval, Fidel Espinoza, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Daniel Núñez, junto a los diputados Daniella Cicardini, Sergio Bobadilla, Jorge Brito, Guillermo Ramírez y Rubén Oyarzo Romero.
Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal recalcaron al Congreso que “esta ley no sólo es técnica, es política, y por lo tanto, es también moral. El Congreso tiene la oportunidad de legislar para la pesca artesanal y no en favor de los mismos de siempre”.
La discusión actual se centra en dos puntos clave que fueron aprobados previamente por la Cámara de Diputados, pero que aún requieren ser ratificados: la asignación del 70% de la merluza común al sector artesanal y la licitación del 15% adicional de la cuota de jurel.
El recurso clave: la merluza
En primera instancia, la Cámara había establecido una distribución de un 70% para el sector artesanal y un 30% para el industrial. Sin embargo, en el Senado se realizaron modificaciones que determinaron un 43% y un 57%, respectivamente.
Desde la Alianza consideran que reponer estas disposiciones permitirá asegurar el financiamiento del proyecto y avanzar hacia una plataforma social de protección para pescadores y sus familias.
Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Región de Valparaíso, recalcó la importancia estructural de la reforma.
“Esta ley es el punto de partida para hacer justicia con quienes realmente sostienen el consumo popular del mar en Chile. Nos dijeron que con la Ley de la Jibia se perderían empleos, y ocurrió lo contrario. Se generó valor, nuevas plantas, y más oportunidades para la pesca artesanal”, recalcó.
La merluza común sigue siendo un recurso clave para la pesca artesanal, especialmente en zonas como Caleta Portales, donde su captura se ha vuelto cada vez más difícil debido a que los bancos de peces se encuentran a mayor distancia.
Según un informe de 2024, esta especie lleva más de una década en condición de sobreexplotación, lo que agrava la situación de quienes dependen de ella para subsistir.
Uno de los factores que estaría contribuyendo a este deterioro es la pesca de arrastre, una técnica intensiva que emplea redes de gran tamaño arrastradas por el lecho marino, capturando indiscriminadamente todo a su paso. De acuerdo con representantes del sector artesanal, esta práctica, aún utilizada por la industria, representa una seria amenaza para el equilibrio del ecosistema marino.
Frente a este escenario, los pescadores artesanales han planteado medidas concretas para proteger el recurso: extender el período de veda de la merluza común de un mes a dos (actualmente vigente durante septiembre) y aumentar el tamaño mínimo permitido de captura.
Ambas acciones, afirman, permitirían dar espacio a que los ejemplares jóvenes alcancen la madurez y puedan reproducirse, favoreciendo la recuperación del stock pesquero a largo plazo.
La urgencia de una plataforma social
Con mayor financiamiento a raíz de la ley de fraccionamiento, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, puso el foco en las condiciones sociales de los trabajadores del rubro.
“No es sólo una lucha por cuotas, es una lucha por justicia, seguridad social y dignidad. La plataforma social que proponemos permitiría enfrentar crisis, naufragios y tragedias. No queremos más familias en la indefensión”, expresó.
Lo anterior en relación a la tragedia ocurrida en las costas de Coronel que terminó con siete pescadores artesanales desaparecidos luego de que la lancha 'Bruma' en la que navegaban fuera presuntamente colisionada por una embarcación de mayor tamaño.
La plataforma social se compone por una serie de medidas que buscan robustecer la seguridad de los pescadores e incluye un fondo de estabilización de crisis pesqueras, pensiones dignas para pescadores y sus familias, además de mecanismos de resguardo ante siniestros, como naufragios, desapariciones o accidentes, tal como ocurrió con la embarcación Bruma.
El debate ha estado marcado por la controversia, especialmente ante lo que los dirigentes denuncian como una estrategia del sector industrial para sembrar temor en la opinión pública.
“La actual ley de pesca (Ley Longueira) fue escrita con coimas. Hoy tenemos la oportunidad histórica de limpiar esa mancha y legislar con responsabilidad fiscal y justicia social”, sostuvo Pascual Aguilera, representante de la macrozona norte.
Fuente: El Desconcierto