Ecuador: carta abierta a PETROBRAS en respuesta a su comunicado del 28 de mayo de 2004

En la carta de Petrobras del 28 de mayo del 2004 se hacen una serie de afirmaciones en relación al Proyecto de Petrobras Energy (anteriormente Pérez Companc) en el Bloque 31, ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, Parque Nacional Yasuní y Territorio Indígena Huaorani. Al respecto, queremos contradecir y aclarar.

1. SOBRE LAS BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO EN LO AMBIENTAL

La presencia de Pérez Companc en el Bloque 31, ha generado numerosos conflictos sociales y ambientales. Sobre Pérez Compac se han hecho numerosas denuncias que revelan que ésta operaba de manera ilegal, evadieron tributos e impuestos (Telégrafo 22 de noviembre 1999).

La Pérez Companc hacía ofertas, y hasta firmaba convenios, para obtener el permiso de trabajo de las comunidades, pero después los ignoran; tal como lo prueban los reclamos de la comunidad Llanchama en relación a la sísmica realizadas por la empresas en los años 1997 y 1998, y el ?Acta de Mutuo Apoyo? de noviembre del 2001 (Oficio de la comuna del 21 de marzo del 2003)

En noviembre de 1999, se organizaron movilizaciones en contra de esta empresa, protagonizadas por indígenas Kichwas y Huaorani. El argumento entonces era ?el irreversible deterioro de la selva? (Telégrafo 22 de noviembre 1999)

Pérez Companc fue acusada en el año 2000, de realizar trabajos de prospección sísmica, en la comunidad de Samona Yuturi, fuera del bloque 31. Además de ingresar sin permiso, dejaron cargas explosivas sin explotar. En esta ocasión, empresa fue acusada de provocar la división de la comunidad (Oficio de la Comuna del 10 de septiembre del 2003).

Las Comunas Kichwas San Vicente y Sinchi Chicta afirmaron sentirse ?cansadas de que la compañía los utilice y los considere ignorantes y los engañe y desinforme a su antojo?. En sus denuncias exigieron respeto de sus derechos como comunas indígenas y como ecuatorianos (Fuente: Carta del 6 de septiembre del 2003).

También tuvieron conflictos con indígenas Huaorani, particularmente de Garzacocha. Pobladores de esa comunidad retuvieron canoas de la empresa para oponerse a las intenciones de construir una carretera, pues había logrado comprobar que los animales de caza desaparecían cuando se construyó la carretera construida por Maxus. Garzacocha es una de las comunidades más alejadas y con menos contacto. Sin embargo desde que la empresa Maxus creó la comunidad Huaorani de Dicaro, para que trabajaran como jornaleros en la construcción de su carretera, en gran parte con pobladores de la propia comunidad de Garzacocha, este pueblo aprendió lo que significaba la presencia de una petrolera en su territorio (Fuente: Eduardo Pichilingue, ecólogo, investigador.)

Por otro lado, la presencia de Petrobras en el Ecuador ha tenido ya severas implicaciones ambientales y sociales. Cuando operaba en el bloque 17, en 1987 como Braspetro, se denunciaron graves abusos de los trabajadores al pueblo Huaorani Tagaeri -pueblo en asilamiento voluntario-. En aquella época, trabajadores de Braspetro introducían perros y mataban a los Huaorani. Entonces el sacerdote capuchino, Monseñor Alejandro Labaka decidió contactar a los Tagaeri para intentar una negociación. Según se afirmó entonces, el creía que esa era la única forma de salvarlos de la extinción por las incursiones petroleras. En ese intento, y después de varios sobrevuelos por la comunidad, murió lanceado junto a la hermana Inés Arango. (Milagros Aguirre, El Comercio, 22 de junio del 2003)

Recientemente, la Comuna Samona Yuturi denunció que Petrobras entró a su territorio sin permiso para construir dos helipuertos y una trocha. La empresa presentó una solicitud a la comunidad para hacer estas obras cuando los trabajos ya estaban iniciados. (Fuente: Carta de la Comuna Samona Yuturi del 10 de septiembre del 2003).

Las comunas Kichwas de Chiro Isla, Sinchi Chicta, Samona Yuturi y San Vicente, ubicadas en la ribera del Río Napo cantón Aguarico, están dentro del área de influencia directa de los trabajos de sísmica 3D y de la construcción de un oleoducto de Petrobras. Ellos denunciaron que la empresa había provocado numerosos daños ambientales, los había engañado y violado sus domicilios, y no habían sido consultados (Boletín de prensa de la Pastoral Social del Vicariato de Aguarico del 29 de septiembre del 2003).

Todas estas denuncias fueron difundidas en la prensa. Lastimosamente para organizaciones ambientales o de derechos humanos, es muy difícil hacer un seguimiento de esta denuncias pues las mismas empresas impiden entrar a estas áreas, con el argumento de que deben ?proteger el ingreso a la zona?.

Tener buenas relaciones, señores de Petrobras, no es dar dinero a las personas, pues esto provoca divisiones y distorsiones culturales, ni es presionarles para que cambien de opinión. Tampoco es hacer inversiones comunitarias ajenas a la cultura, como son centros poblados junto a los campamentos petroleros, pues esto es una forma de provocar desplazamientos, tampoco es ganarse la confianza de algunos individuos, y ponerlos en contra de quienes se oponen, pues esto crea divisiones dentro de las comunidades.

Tener buenas relaciones es respetar los derechos de la gente, respetar su territorio y respetar la legislación nacional.

Petrobras y antes Pérez Companc, han sido cómplices de grandes problemas dentro del pueblo Huaorani, y del Pueblo Kichwa, problemas que han intentado ocultar en base a dinero, regalos, presiones, engaños y ofertas.

El dinero que circula ha hecho de la prostitución un problema social, se han introducido una serie de cambios culturales, particularmente con el pueblo Huaorani en la alimentación, vivienda, salud, educación, que lejos de traer prosperidad, están acabando con este pueblo y su territorio, y lo han convertido de autosubsistente y libre, en dependiente de los favores y regalos de las empresas.

El Pueblo Huaorani sufre de un acelerado exterminio debido a las actividades petroleras. Se han introducido numerosas enfermedades, entre ellas hepatitis B y D, enfermedades venéreas, y otras. En 1999 se hicieron análisis de sangre, en los Estados Unidos, Perú y Ecuador, que prueban esta realidad. El informe revela que los Huaorani se contagiaron mientras vivían o trabajaban en un campo petrolero (El Comercio 2 de marzo de 1999)

Entre los antecedentes de Pérez Companc, está el ser socia del OCP. La construcción de este oleoducto supuso innumerables violaciones a los derechos humanos, problemas ambientales, derrames, expropiaciones de tierra. (Alerta Verde No.126 ?Violaciones a los derechos Humanos en la construcción del OCP)

Finalmente Walsh, empresa consultora que hizo los estudios de impacto ambiental, es la misma empresa que hizo los estudios ambientales para la operación petrolera en Sarayacu, y presentó resultados sin haber visitado la comunidad, pues los comuneros no se lo permitieron.

2. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACION

La empresa Petrobras, ha violentado los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Ha violentado el Convenio 169 de la OIT, del que el Ecuador es Parte, que reconoce el derechos de los pueblos a su territorio y a vivir como pueblos.

La Constitución ecuatoriana reconoce los derechos colectivos y plantea que el territorio es imprescriptibles, inalienable, inembargable e indivisible (Constitución Política del Ecuador Art. 84.2).

La Constitución ecuatoriana reconoce además el derecho de los pueblos indígenas de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables en su territorio (Art. 84.5). El espíritu de los derechos colectivos es garantizar los derechos de las futuras generaciones y del conjunto de las comunidades. Esto implica que, forzar o inducir a la decisión de una comunidad de entregar derechos que afectaran la integridad del territorio violenta el derecho de las futuras generaciones y además el de otras comunidades que comparten el territorios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 1996 emitió un informe en el que se hace eco de los graves impactos a los derechos humanos de los pueblos indígenas, debido a la actividad petrolera, incluyendo la de su empresa. Se hacen recomendaciones que no han sido asumidas. Ignorar estos hechos implica un grado de complicidad.

El sistema de consulta que se describe en el Estudio de Impacto Ambiental impuso una metodología occidental: una consulta parcial, se pasó por alto a las autoridades tradicionales, desconoció el sistema de representatividad propio de este pueblo. La consulta previa fue ?un fiasco, pues las comunidades no sabían de qué se trataba?. (Padre José Miguel Goldarás).

La presencia de Petrobras en un área protegida violenta las normas nacionales sobre áreas protegidas, valiéndose de una contradicción legal con la Ley de Hidrocarburos, que permite estas actividades. Sin embargo, la Constitución Política, que es el marco legal superior, establece que en áreas protegidas se deberá garantizar la conservación de las biodiversidad (Art. 86.3). Las actividades petroleras jamás podrán ofrecer esta garantía.

El Parque Nacional Yasuní es patrimonio de los Ecuatorianos. Aun cuando Petrobras argumente que ha trabajado con el GAT, instancia asesora para el Parque Nacional Yasuní, en la que participan 2 estaciones de Universidades privadas la WCS (ONG internacional), el Fondo Ambiental Nacional y el Ministerio del Ambiente y el FEPP, esta instancia no representa a la sociedad ecuatoriana y no puede tomar decisiones en su nombre.

3. PLAN DE MONITOREO

En la carta mencionada se presenta como garantía la existencia de un plan de monitoreo. Sin embargo vale señalar que no se puede hacer monitoreo ya que el Plan de Manejo es muy general y tiene un alto nivel de ambigüedad.

Lo que queda claro con su plan de monitoreo es que la empresa pretende enterrar en el sitio, los lodos y ripios de perforación, hacer descargas al entorno de los efluentes de la operación, de las aguas negras y grises; pretende incinerar la basura y quemar el gas, lo que nos recuerda las prácticas más antiguas y contaminantes que se conocen, como fueron las de la empresa Texaco en la región norte de la Amazonía ecuatoriana, que actualmente enfrenta un juicio por los daños ambientales.

El monitoreo social será hecho a través de una serie de encuestas inaplicables. Por ejemplo se analizará la escolaridad y la frontera agrícola, cuando son pueblos recolectores y cazadores. Los criterios sugieren una intervención directa sobre las comunidades, inclusive se propone la zonificación comunitaria.

Nada de esto garantiza la conservación del Parque.

Es difícil tener confianza en una propuesta de monitoreo que se basa en un estudio que ignora los impactos, algunos de ellos claramente negativos, y a otros los valora como positivos. Un ejemplo de esto son los impactos sociales que el proyecto tendrá en las comunidades Huaorani y Kichwa. El estudio dice que ellos se beneficiarán de las indemnizaciones por los daños sufridos, y además porque podrán acceder a trabajos no calificado. (EIA, Petrobras.)

Igualmente usted afirma que los puentes de dosel son una alternativa magnifica, sin embargo estos no han sido debidamente evaluados, y el Parque Nacional Yasuní no puede ser centro de experimentación. Es fácil imaginar que debido al efecto de borde, en la práctica el impacto de la zona será aún mayor.

El interés de Petrobras por la investigación científica es pobre, como lo prueban sus afirmaciones en la reunión del GAT, cuando la empresa ?refuta la seriedad de los datos científicos? elaborados por el científico Antonio Difiori, quien demuestra que la actividad petrolera en el Yasuni ha puesto en peligro de extinción a los monos chorongos (Acta del taller del GAT, 27 y 28 de noviembre 2003).

4. INTERES DEL International Finance Corporation (IFC)

En la carta se afirma que el IFC, entidad perteneciente al grupo del Banco Mundial, está interesada en el proyecto. Permítannos recordar que de acuerdo a los requerimientos del Banco Mundial, este tipo de proyectos son clasificados en la categoría A y que uno de los requisitos que se exigen son estudios sectoriales y regionales.

Justamente nuestra propuesta es que se realice una auditoria social y ambiental independientes a fin de identificar los problemas a nivel sectorial y regional. Es necesario saber que es lo que ha pasado con las operaciones petroleras dentro del Parque Nacional Yasuní, y saber además, cuál es el impacto de este tipo de actividades sobre los pueblos indígenas. Lo que ha sucedido hasta el momento no puede ser ignorado.

Finalmente queremos informar a la comunidad internacional que la entidad que debe dar la autorización para trabajar dentro del Parque Nacional es el Ministerio del Ambiente, y este no ha dado la licencia requerida, tal como nos lo indicó el Ministro del Ambiente en la sesión del 7 de junio del 2004.

Fabricio Guamán ? Elizabeth Bravo CAMPAÑA YASUNI POR SIEMPRE
Alexandra Almeida ACCION ECOLOGICA
Esperanza Martínez OILWATCH