El abandono del agro por parte del gobierno, traerá crisis alimentaria

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la producción agrícola en El Salvador ha experimentado una fuerte caída entre los ciclos agrícolas 2019-2020 y 2022-2023. Tanto la superficie sembrada como la producción de cultivos han disminuido significativamente. El país perdió más de mil manzanas de maíz, lo que se tradujo en más de 150,000 quintales de producción. Las pérdidas fueron aún más graves en otros cultivos básicos: se perdieron casi 12,000 manzanas de frijol, lo que equivale a más de 200,000 quintales de productos agrícolas. El sorgo, el arroz, las verduras, las frutas y el café también sufrieron reducciones sustanciales. En total, decenas de miles de manzanas dejaron de producirse, lo que representa millones de quintales de alimentos perdidos, lo que amenaza directamente la seguridad alimentaria nacional.

Además de la reducción del rendimiento de los cultivos, el sector agrícola también ha experimentado un preocupante aumento del desempleo. Los datos de las encuestas de hogares muestran que, entre 2019 y 2023, se perdieron más de 60.000 empleos en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, sectores que constituyen la base de los medios de vida rurales. Solo en la agricultura, desaparecieron casi 50.000 empleos, lo que agravó aún más la pobreza y la inseguridad rural.

La crisis se ve agravada por una drástica reducción de la disponibilidad de crédito. Entre 2019 y 2023, los costos de los insumos agrícolas y ganaderos se dispararon, mientras que el acceso al crédito se desplomó un 79%, pasando de 60,3 millones de dólares a tan solo 12,7 millones. Mientras que el 98% del crédito bancario nacional se destina al consumo, el comercio, la industria y la construcción, la agricultura recibe tan solo un escaso 2%, lo que deja a los agricultores con escaso apoyo para mantener o aumentar su producción.

Mientras tanto, las importaciones agrícolas se han disparado, perjudicando a los productores nacionales y haciendo que el país dependa cada vez más de los alimentos extranjeros. Entre 2019 y 2023, la cantidad de importaciones aumentó un 13%, mientras que el valor monetario se incrementó un 37%, pasando de 591 millones de dólares a 811 millones de dólares.

Como era de esperar, estas tendencias han deteriorado las condiciones de vida rurales. El porcentaje de hogares pobres en el campo aumentó del 24,8% en 2019 al 28,3% en 2023. Lo más alarmante es el aumento de la pobreza extrema: los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas pasaron del 5,2% al 11,1% en tan solo cuatro años.

De cara a la temporada agrícola 2025-2026, el panorama es desalentador. Debido a la continua negligencia gubernamental, el agravamiento del cambio climático y la falta de políticas públicas coherentes, las organizaciones campesinas estiman que hasta el 40% de las zonas productoras de maíz y frijol podrían verse afectadas. El país podría perder hasta 6 millones de quintales de maíz y 800.000 quintales de frijol. Esto podría afectar a hasta 100.000 agricultores y dañar más de 160.000 manzanas de cultivos básicos. Hasta la fecha, la única estrategia de mitigación del gobierno ha sido el aumento de las importaciones, un enfoque que no solo no aborda las causas fundamentales, sino que además perjudica aún más a la agricultura familiar a pequeña escala.

En respuesta, La Cloc – Vía Campesina El Salvador emite una serie de demandas urgentes

En primer lugar, se necesita la creación de un fondo de tierras de $100 millones para asignar tierras a 200,000 agricultores de subsistencia que actualmente arriendan pequeñas parcelas. También debe existir la obligación legal de que la banca privada asigne al menos el 15% del crédito total a la agricultura, con disposiciones para capacitación, seguros y acceso simplificado, especialmente para las mujeres productoras. El actual programa de bonos agrícolas debe replantearse como una estrategia sostenible y resiliente al clima, diseñada con la plena participación de la comunidad agrícola.

Para abordar las amenazas inmediatas, el gobierno debe implementar un programa fitosanitario de emergencia para controlar el brote del gusano barrenador, así como una iniciativa masiva para construir embalses y mejorar la captación de agua para la agricultura. El controvertido “Reglamento Técnico sobre Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para Uso Agrícola” debe ser derogado, ya que facilita la introducción de semillas genéticamente modificadas que amenazan la biodiversidad nativa.

Es necesario integrar mejor a los agricultores en los mercados locales mediante la creación de una ley que promueva el acceso y el desarrollo de los mercados agrícolas. Esta ley debe establecer reservas estratégicas de alimentos para estabilizar los precios garantizados para las familias campesinas y asegurar la disponibilidad de alimentos, a la vez que exige que al menos el 30% de las compras públicas de alimentos provenga de pequeños agricultores. La aprobación de una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y la creación de un banco nacional de semillas nativas también son medidas esenciales. Finalmente, el gobierno debe actuar para detener el acoso territorial y el desplazamiento de cooperativas y pequeños agricultores por parte de los grandes capitales.

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¡Sin campesinxs no hay alimentos!

Fuente: La Vía Campesina