El asedio corporativo a Honduras: demandas internacionales de arbitraje, transición energética y soberanía estatal
Entre el 14 y 17 de Julio, en la ciudad de Choluteca (Honduras), más de 60 personas provenientes de 20 comunidades locales y representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, se reunieron en el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras - Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”. Los y las participantes analizaron el asedio que el país enfrenta en tribunales internacionales, a causa de las demandas de arbitraje internacional que muchas empresas transnacionales dueñas de estos proyectos energéticos, han interpuesto en contra de Honduras.
Al mismo tiempo, el objetivo fue visibilizar los impactos devastadores que muchos proyectos de “energía renovable” (principalmente fotovoltaicos), están generando en las comunidades locales.
“Las comunidades afectadas por proyectos de energía renovable en el sur de Honduras, junto con organizaciones sociales nacionales e internacionales, nos dirigimos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional para manifestar nuestras preocupaciones sobre las graves afectaciones que estos proyectos han generado en nuestros territorios. En el Sur se evidencia que la transición energética está liderada por los intereses privados”, Pronunciamiento de las comunidades afectadas por proyectos energéticos del Sur de Honduras y las organizaciones convocadas por el Encuentro “Sin Derechos Humanos, no hay soberanía energética”.
Entre el año 2023 y 2024, estas empresas del sector eléctrico recurrieron al sistema de arbitraje de diferencias Inversor-Estado (ISDS), para demandar a Honduras por impulsar reformas encaminadas a recuperar el control estatal sobre sectores estratégicos, incluyendo la energía eléctrica. Esta situación ha colocado al país en una encrucijada, atrapada entre el ejercicio de su soberanía y los intereses corporativos protegidos por tratados internacionales como el CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) y otros acuerdos de inversión.
“El objetivo del encuentro fue fortalecer los procesos sociales de las comunidades del sur de Honduras, al igual que las alianzas locales, nacionales y regionales, en torno a la puesta en marcha de proyectos de energía renovable en el sur de Honduras, sus impactos y las demandas de arbitraje internacionales a raíz de las reformas energéticas del gobierno”. Comunicado de prensa del Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras.
Auge de las demandas ISDS: El sector eléctrico en la mira
Según un reporte lanzado por el Instituto Transnacional (TNI), el Instituto de Estudios Políticos (IPS), la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) y TerraJusta, hasta junio de 2025, Honduras ha sido objeto de 19 demandas de arbitraje internacional, 14 de ellas solo en los últimos dos años. Todas han sido interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones ( CIADI), un organismo adscrito al Banco Mundial. Estas demandas, amparadas en tratados bilaterales de inversión (TBI), tratados de libre comercio como el CAFTA-DR y la Ley de Inversiones de Honduras de 2011, configuran un “ sistema de justicia paralela” que permite a los inversionistas extranjeros saltarse los tribunales nacionales y demandar a los Estados nacionales millones de dólares en compensaciones, por la implementación de regulaciones o políticas públicas que, según estas empresas, afectan sus inversiones.
Uno de los sectores más atacados por este tipo de demandas es el de la electricidad. Actualmente existen siete demandas de arbitraje pendientes relacionadas a este sector, por más de 1.600 millones de dólares. Estos ataques legales son una represalia en contra de las medidas asumidas por el gobierno de Xiomara Castro el año 2022, para renegociar los contratos de generación eléctrica firmados en condiciones altamente desfavorables para el país, firmados principalmente durante el período conocido como la “narcodictadura” en Honduras, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Entre el año 2023 y 2024, siete empresas presentaron demandas de arbitraje en contra Honduras, en el CIADI, por 1.600 millones de dólares (más dinero de lo que el Ministerio de Energía dice que las reformas ahorrarán al pueblo hondureño). Estas demandas se basan en Tratados de Libre comercio, Acuerdos de Inversión y la Ley de Inversiones de 2011. Entre las demandas están la de Scatec ASA y Norfund, por los proyectos solares Los Prados (Namasigüe) y Agua Fría (Nacaome) en Choluteca y Valle”. Comunicado de prensa: Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras: “Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”.
Entre las empresas demandantes figuran Scatec ASA y Norfund (Noruega), X-Elio Energy (España/Canadá), Eléctricas de Medellín (Colombia), Inversiones y Desarrollos Energéticos (Panamá) y otros inversores centroamericanos. Estas compañías son propietarias de megaproyectos solares como Los Prados y Agua Fría en los departamentos de Choluteca y Valle, que han sido objeto de múltiples denuncias por los impactos ambientales que produjeron durante su instalación, incluyendo el despojo territorial, criminalización de la protesta y violaciones a los derechos humanos.
Cuatro de estas demandas invocan a tratados comerciales como el CAFTA-DR; el TLC Centroamérica-Panamá; y el TLC entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Las otras tres invocan al TBI Honduras-España y a la ley de Inversiones del año 2011.
“Estas demandas internacionales evidencian un conflicto estructural entre la búsqueda de soberanía energética nacional y soberanía territorial, y los privilegios neocoloniales de las corporaciones transnacionales y nacionales. Estos intereses están concentrados en manos de pocos, mientras las comunidades afectadas enfrentamos las consecuencias directas de estos proyectos impuestos”. Pronunciamiento de las comunidades afectadas por proyectos energéticos del Sur de Honduras y las organizaciones convocadas por el Encuentro “Sin Derechos Humanos, no hay soberanía energética”.
CAFTA-DR: blindaje legal para el capital extranjero (corrupto)
De las 19 demandas pendientes en contra de Honduras, al menos seis invocan el CAFTA-DR como base jurídica. En el caso del sector eléctrico, son dos demandas que incluyen el caso de Victor Miguel Silhy Zacarías (El Salvador) por 80 millones de dólares; y la de Fernando Paíz Andrade y Anabella Schloesser (Guatemala), que exigen 160 millones. Ambas utilizan el tratado para impugnar los cambios normativos y contractuales impulsados por el gobierno de Honduras en relación al sector eléctrico.
El CAFTA-DR, al igual que otros acuerdos comerciales y de protección de inversiones extranjeras, otorga a las empresas transnacionales amplios derechos sin imponerles obligaciones para responder por sus acciones en cuestiones relacionadas al medio ambiente o a los derechos humanos, tal como ocurre en el caso de los impactos de las fotovoltaicas en el sur de Honduras. Este desequilibrio ha sido ampliamente documentado y criticado por organizaciones sociales. Estos tratados no solo permiten demandas millonarias en contra de países soberanos, sino que generan un efecto disuasorio frente a regulaciones por el bien colectivo. Es decir, su objetivo es bloquear cualquier tipo de reformas impulsadas por los gobiernos, que dan un paso al costado por miedo a represalias financieras, sin importar si estas reformas, regulación o políticas públicas buscan el bien común, proteger el medio ambiente o los derechos humanos.
En el caso específico de Honduras, especialmente en el sector eléctrico, vemos que las empresas han recurrido a firmas internacionales como White & Case para litigar sus casos, buscando revertir o frenar reformas en el sector eléctrico, como la nueva Ley de Energía Eléctrica de 2022, que declara la electricidad como derecho humano y busca rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de una profunda crisis.
Un aspecto importante en el caso de Honduras, tal como lo señala el informe, Inversiones mafiosas contra Honduras, es que la mayoría de estas demandas son consideradas “mafiosas”, no solo por su carácter punitivo y desproporcionado en contra del país, sino porque el origen de las inversiones que sustentan las demandas, fueron aprobadas en contextos de alta corrupción gubernamental, represión y falta de consulta a las comunidades. En ese sentido, lejos de promover desarrollo, estas inversiones han generado daños ambientales y conflictos sociales, como en el caso del parque solar Los Prados, donde líderes comunitarios han sido perseguidos por su resistencia.
“En el caso de Los Prados, la resistencia comunitaria a los parques ha enfrentado procesos de criminalización sistemática. Un caso grave fue el asesinato de Reynaldo Reyes Moreno, quien había participado en la oposición a los proyectos. Además, líderes comunitarios han enfrentado requerimientos fiscales, amenazas y hostigamiento por parte de autoridades locales que promovían la instalación de los parques”. Pronunciamiento de las comunidades afectadas por proyectos energéticos del Sur de Honduras y las organizaciones convocadas por el Encuentro “Sin Derechos Humanos, no hay soberanía energética”.
Por todo esto, las demandas internacionales en contra de Honduras no solo representan una carga económica para el estado en términos financieros, sino que erosionan la soberanía popular y los procesos de justicia social que el pueblo hondureño intenta reconstruir tras décadas de gobiernos autoritarios y corruptos.
Caminos posibles
Durante el Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos, las comunidades y organizaciones presentes formularon reflexiones claras que publicaron en un documento político titulado: Pronunciamiento de las comunidades afectadas por proyectos energéticos del Sur de Honduras y las organizaciones convocadas por el Encuentro “Sin Derechos Humanos, no hay soberanía energética”.
Es claro que Honduras se encuentra en un momento decisivo. Por un lado, comunidades que han sido históricamente excluidas y violentadas luchan por defender sus territorios y construir una transición energética justa. Por otro lado, empresas transnacionales intentan frenar cualquier reforma que “amenace” sus inversiones, muchas de las cuales fueron impuestas por la fuerza, en contextos corruptos. El conflicto entre soberanía y capital, entre derechos y ganancias, está hoy en el centro del debate nacional.
Frente a esta ofensiva corporativa, Honduras ha dado un primer paso al firmar su retiro del CIADI en febrero de 2024. Sin embargo, sigue siendo vulnerable a demandas de empresas porque su marco legal aún incluye múltiples mecanismos que permiten el arbitraje internacional (ISDS). Estos marcos legales se encuentran inscritos en acuerdos como el CAFTA-DR, los acuerdos de protección de inversiones y la Ley de Inversiones de 2011. Lejos de ser instrumentos neutrales, estos tratados de “libre” comercio e inversión y los tribunales como el CIADI, que posibilitan las demandas de arbitraje internacional, se han convertido en herramientas de presión y chantaje contra los pueblos del sur global. Por tanto, salir del CIADI es importante, pero no suficiente. El paso siguiente, debería ser denunciar los acuerdos comerciales y de inversión que es en donde radica el verdadero poder de las empresas extranjeras.
El caso hondureño, especialmente en el caso de las demandas relacionadas a la energía, es emblemático, pues muestra la necesidad urgente de desmontar este sistema injusto que utiliza el discurso de la transición energética para beneficiar al capital privado a costa de las comunidades, para avanzar hacia una política energética y económica basada en los derechos humanos, la equidad y la soberanía popular.
Como expresaron las comunidades en su declaración final:
“No hay transición energética justa con el agotamiento de los territorios y el sufrimiento de nuestras comunidades. La soberanía energética requiere más que el cambio de fuentes de energía; demanda la democratización de las decisiones energéticas y el desarrollo de un modelo de generación y distribución de energía fundamentado en la igualdad económica y la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. ¡Sin derechos humanos, no hay soberanía energética!”
Fuente: Bilaterals