En defensa de soberanía alimentaria, rechazan propuesta de Milei

Uno de esos cambios promueve la adhesión argentina a UPOV 91, la convención internacional que habilita a la propiedad intelectual de las semillas por parte de las grandes corporaciones multinacionales.

Representando más de 1400 organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria, Marcos Filardi, de la Red Calisas, fundamentó ante los diputados el pedido de rechazar la propuesta.  Sigue su presentación.

Intervención de Marcos Ezequiel Filardi, en representación de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) en el plenario de comisiones del 17 de enero de 2024.

Buenas tardes diputadas y diputados.

Tengo el honor de representar en este plenario de comisiones a la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, conocida como “Red Calisas”, la cual nuclea a más de 60 espacios en todo el país que promovemos la discusión pública sobre el modelo agroindustrial dominante y, sobre todo, la defensa de otro modelo, verdaderamente alimentario, basado en la agroecología y la Soberanía Alimentaria.

En ese carácter me voy a referir específicamente al título III, Capítulo VIII, artículo 241 del proyecto de ley ómnibus.

Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad.

Por eso, días atrás, desde la Red Calisas emitimos un pronunciamiento público intitulado “Reclamamos al Congreso Nacional el rechazo de la adhesión de Argentina a UPOV 91” que recibió hasta este momento la adhesión de más de 1400 organizaciones, colectivos, cooperativas y asambleas de todo el país.

Para ser fiel a la voluntad colectiva expresada en ese pronunciamiento, pasaré a leerlo:

“El 27 de diciembre pasado el Gobierno Nacional presentó el proyecto de «Ley Ómnibus» que entre sus 664 artículos, el número 241, establece la adhesión de Argentina “a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)». Esto es la adhesión a UPOV 91 (como aclaración, agrego que se trata de la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas) que es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y “nacionales” como Bioceres o Don Mario.

Desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (nro. 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (“de obtentor”) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil.

La incorporación del país a una Convención Internacional como UPOV 91, un tratado internacional con jerarquía superior a las leyes, supone que deberá modificarse la Ley de Semillas actual para adecuarla a sus disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio. Así, una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse “por arriba”, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una “ley ómnibus”, y en sesiones extraordinarias”.

(Permítaseme agregar acá que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en este Congreso de la Nación y ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente).

Sigue el pronunciamiento:

“La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas.

Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.

(Permítaseme agregar acá que lo único que se opone al control absoluto de 4/5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del “derecho de las y los agricultores” tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA).

“Por todo esto las organizaciones firmantes le reclamamos al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91, prevista en el artículo 241 del proyecto de ley ómnibus, en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.

Para finalizar, quisiera hacer propias las palabras de Carlos Vicente, defensor de las semillas como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, quien en 2018 dijo:

“(…) lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación. Por eso sabemos que no lo vamos a permitir (…) Cuidando las semillas, multiplicándolas. Y luchando. Porque sin tierra, sin semillas y sin agua, no nos alimentamos. La soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad, son banderas que no vamos a bajar nunca”.

Muchas gracias.

Fuente: Pressenza