«Es hora de hablar abiertamente de un proceso genocida»

—¿En qué consiste el genocidio que denuncia este movimiento social?

—Esta protesta se suma a las muchas que las comunidades de esta región de Colombia —César, Sur de Bolívar, Catatumbo, Santanderes— se han visto forzadas a emprender.

Las comunidades se movilizan para exigir el respeto a la vida. ¿A qué vida? A la que, como seres humanos y proyecto colectivo, les corresponde por derecho. Una vida que hoy está en peligro, así como la existencia misma del proyecto comunitario en Colombia.

El paramilitarismo, por ejemplo, actúa como un mecanismo que fractura esas relaciones de cooperación, y ha resultado efectivo porque impulsa un proceso genocida en el país.

A lo anterior se suma la estigmatización. Las comunidades protestan también contra una práctica sistemática de señalamiento hacia ellas.

—¿A qué se refiere con estigmatización?

—Para ser claros: es tomar la foto de un líder social, vincularlo falsamente con la insurgencia y difundirla en redes sociales, acusándolo sin fundamento de ser guerrillero o insurgente.

Eso es construir un enemigo. Es una práctica arraigada en la doctrina de seguridad nacional, pero que ahora se actualiza mediante este método.

El efecto es que las comunidades empiezan a desconfiar de ese dirigente social o popular. Se quiebra, así, el tejido relacional.

—¿Quiénes se benefician con esto?

—Los que obtienen ganancias con los monocultivos, la acumulación de capital y la crisis del capitalismo global.

Mientras, las comunidades sufren múltiples afectaciones: militarización, profundización de la estrategia paramilitar y, además, la instauración de un proceso de fascistización que enfrenta a una comunidad contra otra.

¿Promovido desde dónde? Desde los grupos de poder económico que han fomentado la violencia genocida en Colombia.

—¿En qué consiste la estrategia paramilitar que afecta diariamente al país?

—Es momento de entender que en Colombia opera una estrategia que forma parte del diseño de una política integral.

Generalmente, se cae en el error de reducir el paramilitarismo a estructuras visibles. La estructura es lo evidente; la estrategia, en cambio, es una concepción que construye un modelo de vida para beneficiar a unos pocos sectores económicos.

La estrategia paramilitar en Colombia —que no es exclusiva de nuestro país— ha incorporado elementos muy particulares. No se limita a estructuras armadas con fusiles, sino que adopta diversas formas: desde el fomento de empresas de vigilancia privada hasta los llamados comités de vecinos.

En el fondo, se consolida un modelo de delación donde el vecino agrede al vecino, lo cual, en esencia, es fascismo.

Mientras se señala a personas como insurgentes, guerrilleros o campesinos aliados de la insurgencia, se promueve un ataque horizontal.

Esto ya ocurrió recientemente en Santander: una movilización, una reunión, una concentración campesina y de organizaciones de derechos humanos y líderes sociales fue atacada por exmilitares e integrantes de frentes de seguridad ciudadana, promovidos en este caso por la gobernación de Santander.

La experiencia colombiana muestra que se recurre a estas formas de paramilitarismo, pero hay otras, como las empresas de vigilancia privada.

También existe un paramilitarismo menos visible, que no se percibe, pero que está arraigado en las instituciones.

La estrategia paramilitar es un concepto de vida, cultural y político, que genera relaciones completamente opuestas a las de cooperación y apoyo propias de las comunidades campesinas.

—Usted es docente y ha trabajado en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué fue elegido, junto con otras personas, como vocero de las comunidades?

—Actualmente, el proyecto colectivo de las comunidades enfrenta un altísimo nivel de amenaza.

No me refiero solo al riesgo físico —aunque existe el peligro de asesinato—, sino a la amenaza contra un proyecto de sociedad alternativo, contra comunidades enteras y procesos que buscan una sociedad distinta.

¿La razón? Cualquier persona de las comunidades o de procesos sociales o legislativos que alce la voz será asesinada, perfilada, estigmatizada o desplazada.

Esto no es nuevo en Colombia, siempre ha sucedido. La diferencia hoy es que denunciar es más difícil debido a una avanzada de la estrategia paramilitar sin precedentes.

Al revisar la historia reciente, vemos que la situación actual es más compleja, profunda y violenta que la de 1998 a 2005. Hoy, el paramilitarismo permea todas las estructuras sociales.

Llegó a juntas de acción comunal, a proyectos culturales y de defensores de derechos humanos.

Ya había copado las instituciones, pues el paramilitarismo es una política de Estado; pero hoy es también una concepción, una forma de relacionamiento.

Existen relaciones sociales de corte paramilitar y fascista. Esto lo hace todo más complejo.

Los grupos seleccionados para el exterminio son marginados, ubicados, convertidos en un gueto simbólico y estigmatizados.

Todo esto se acompaña de discursos de altos funcionarios —nacionales, departamentales y locales— que buscan marginar. Es un ataque contra el dirigente social, pero sobre todo contra la organización social.

Hoy existe un proceso de exterminio.

—¿Qué proponen las comunidades movilizadas frente a esta violencia ejercida por el Estado y las clases poderosas?

—Retomamos el acumulado de propuestas, debates y discusiones colectivas. La propuesta es sencilla: desmontar la estrategia paramilitar.

¿Cómo? Con voluntad política de la élite gobernante. No es un asunto de políticas públicas, sino de quién detenta el poder real en Colombia.

En cuestión de horas o días, podría desmontarse esta estrategia. Por eso no debemos creer el discurso de que solo son estructuras, pues estas se arman y desarman según convenga, mientras la estrategia perdura y se consolida como un concepto ideológico impuesto.

Por eso, muchas regiones asumen la identidad del opresor y atacan a su propio hermano, al verlo como una amenaza. Este es un elemento común entre el proceso genocida y el fascismo.

La segunda propuesta es reconocer que en Colombia existe una crisis de derechos humanos.

Es decir, una crisis provocada por el Estado, sus agentes o por particulares que actúan con su anuencia o aquiescencia.

A partir de este reconocimiento, es hora de hablar abiertamente de un proceso genocida.

—¿Qué utilidad tiene nombrarlo como proceso genocida?

—Porque si aceptamos y tomamos conciencia de su existencia, el genocidio se vuelve inviable. Su objetivo estratégico es destruir las relaciones de cooperación y autonomía.

Si las comunidades son conscientes, fortalecerán su identidad como clase explotada, lo que dificulta cualquier proceso genocida o de fascistización.

—¿Cómo evalúan la gestión del gobierno nacional?

—Hay dos formas de evaluarlo, y es un deber ciudadano hacerlo: por su discurso o por sus acciones. Yo me baso en los hechos. El discurso ya sabemos que es estigmatizante, pero no me quedo ahí. Los hechos indican que optó por una salida militar a los conflictos sociales.

La llamada «paz total», por ejemplo, adolece de una grave contradicción: no ha definido correctamente con quiénes implementarla.

En la práctica, se ha concedido reconocimiento y estatus político a la estrategia paramilitar.

La mesa instalada en Catar, así como el reconocimiento de estos actores como interlocutores válidos en un supuesto diálogo sociopolítico —que en realidad es político— buscan deslindar la estrategia de su esencia, que es estatal y oficial.

Esa ha sido la propuesta que hemos observado en este gobierno.

Además, las causas estructurales que originaron la protesta social permanecen sin solución. Se desconocen las razones de fondo.

Los problemas de salud y educación persisten. No se esperaba resolverlos en cuatro años, pero sí era posible marcar una tendencia hacia un gobierno no capturado por la corrupción y las élites tradicionales.

—¿Cómo valora la estigmatización por parte del Gobierno?

Insisto en los hechos. El ministro del Interior estigmatizó a través de redes sociales y discursos públicos, y esas declaraciones tienen un peso concreto. Esa práctica, común en gobiernos de derecha, no se diferencia en este caso. Es un hecho objetivo.

Esto pone en riesgo a quienes ejercen la vocería comunitaria, ya de por sí amenazada de muerte.

Estas declaraciones oficiales profundizan el exterminio físico y simbólico de los procesos colectivos que hoy se movilizan en Colombia.

—No es la primera movilización. Solo en este gobierno hubo protestas en 2023 y 2024, además de muchas otras a lo largo de años. ¿Es posible creer en un Estado que incumple sistemáticamente?

No. Las comunidades, en su sabiduría, no le creen. Cada gobierno instala mesas de diálogo, luego las incumple y no resuelve los problemas estructurales. Los llamados «acuerdos incumplidos» se arrastran por décadas.

Los padres y abuelos de los jóvenes que hoy marchan protestaron en el paro del Nororiente en 1985 y 1987. Sus pliegos incluían escuelas y carreteras.

Hoy se movilizan por lo mismo.

Fuente: Colombia Informa