Impunidad corporativa: Cómo el poder económico vacía de contenido la protección ambiental en Chile

En el mundo de la conservación y defensa del medio ambiente hay que tener paciencia y perseverancia. Por cada paso que favorece la protección de los amenazados ecosistemas y la biodiversidad del planeta, los Estados aprueban centenares de megaproyectos de inversión de corte extractivista y productivista, que amenazan la vida, el medio ambiente y los derechos humanos.

De manera simultánea y sigilosa, los Estados, en alianza con intereses empresariales y transnacionales, levantan una estrategia de amedrentamiento, criminalización y silenciamiento de quienes resisten el asalto extractivista de los territorios y el saqueo de los bienes comunes. Esta realidad ha transformado a Latinoamérica en la región más peligrosa del planeta para los defensores de la naturaleza. Según Global Witness, 120 activistas ambientales fueron asesinados o desaparecidos sólo en 2024. Una cifra alarmante que representa el 82% de los casos a nivel mundial. A ello se suman más de dos mil asesinatos de defensores ambientales entre 2012 y 2023.

Con la complicidad del poder judicial, la policía y los poderes de grupos empresariales nacionales y transnacionales, este fenómeno está emergiendo en Chile como una amenaza creciente que no debería dejar indiferente a nadie. Entre 2023 y 2024, las organizaciones Global Witness y Escazú Ahora documentaron 82 violaciones a los derechos humanos contra 47 defensores del medioambiente. Sólo en el último año, la violencia física y los ataques se han triplicado, mayoritariamente contra mujeres y principalmente de parte del sector forestal.

Acuerdo de Escazú, una luz de esperanza

En respuesta a la creciente amenaza sobre la defensa del medio ambiente, el 4 de septiembre de 2018, veinticuatro países de la región firmaron en Escazú (Costa Rica) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido popularmente como Acuerdo de Escazú. Aunque sus objetivos están explícitamente descritos en el nombre formal del acuerdo, menos textual pero más relevante e inédito, es que el Acuerdo protege de forma específica a los defensores ambientales.

Chile, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue copartícipe en las negociaciones junto a Costa Rica (2012-2014), que culminaron con la creación del Acuerdo de Escazú en 2018. Sin embargo, con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera, ese mismo año, la nueva administración se negó a firmar el tratado que, como país, había ayudado a gestar. En septiembre de 2020, el gobierno de Piñera argumentó que el acuerdo representaba una amenaza para la soberanía nacional y las inversiones, decisión que fue bien recibida por los grupos empresariales. Con la elección en 2022 de Gabriel Boric, autodenominado el “primer presidente ecologista”, se revirtió esta postura. Cumpliendo su promesa de campaña, su gobierno firmó el acuerdo en marzo. El 31 de mayo de ese mismo año fue ratificado por el Congreso, en un acto que se celebró como una victoria histórica por las organizaciones ciudadanas.

Sin embargo, la protección efectiva de los defensores ambientales en Chile continúa siendo una deuda pendiente, por lo que resulta prudente recordar que el verdadero carácter de una política pública no se define por la elocuencia de su anuncio oficial, sino por los detalles de su implementación. A dos años de su ratificación, el país aún no dispone de los elementos para la efectiva implementación de Escazú y existe un gran desconocimiento general sobre su aplicación. Hoy, los defensores ambientales carecen de seguridad real ante amenazas, pues los medios legales existentes son ineficientes. Por ejemplo, sólo el 2% de los casos denunciados ante tribunales se resuelven. Por otra parte, la ausencia de un defensor público especializado (ombudsman) impide la creación de protocolos de búsqueda o procesos judiciales específicos.

Para avanzar hacia la superación de estas deficiencias, el Acuerdo de Escazú requiere la creación de mecanismos nacionales para su implementación. Fue así como nació el Consejo Nacional Estratégico para la Gobernanza del Acuerdo de Escazú, pensado —en teoría— como un espacio multisectorial para congregar a las partes interesadas en traducir los principios del tratado en acciones concretas. Siguiendo este dictamen, el 27 de octubre pasado el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por su titular Maisa Rojas, dio a conocer a sus miembros. Resultaría inexplicable no destacar que entre éstos se cuentan dos de los mayores poderes fácticos empresariales que controlan el país, los gobiernos regionales, el Parlamento y medios de comunicación a nivel nacional y regional: la Asociación de la Industria del Salmón (SalmonChile A.G.) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

La justificación técnica respecto a la necesidad de representar al sector productivo constituye un eufemismo que no resiste el más mínimo análisis al evaluar los currículos de estos dos conglomerados en la destrucción de los ecosistemas terrestres y acuáticos del país.

La industria salmonera chilena: Una amenaza para el medio ambiente y los defensores de la naturaleza

SalmonChile llega a la mesa del Consejo con una mochila cargada de sucesivos y acumulativos desastres ecológicos y sociales, los cuales han sido ampliamente documentados por la prensa nacional e internacional, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Algunos ejemplos incluyen la primera megacrisis sanitaria, social y ambiental ocurrida entre el 2007 y 2009 por la introducción del letal virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés) en las aguas de la región de Los Lagos (Chiloé) como consecuencia del irresponsable manejo y control sanitario, falta de fiscalización, altas densidades de peces por jaula y el ocultamiento de información productiva a las autoridades de la época. Con un costo de cinco mil millones de dólares y la caída del 60% de la producción de salmón atlántico durante los años de la crisis, este evento generó la pérdida de 26 mil empleos regionales que obligó al Estado a realizar un rescate financiero por más de 450 millones de dólares. Sin contar el irreparable daño ambiental causado.

Durante cuatro décadas, la industria salmonera chilena ha registrado graves crímenes ambientales ampliamente denunciados por organizaciones sociales y comunidades locales. Por ejemplo, se distingue por ser la mayor consumidora mundial de antibióticos por tonelada producida, impulsando la resistencia microbiana que la OMS identifica como una grave amenaza sanitaria global para 2050. A lo anterior se deben sumar los altos niveles de contaminación química y orgánica que generan los centros de cultivo en los ecosistemas costero/marino que ocupan, así como los periódicos escapes masivos de salmónidos —especies carnívoras exóticas, introducidas desde el hemisferio norte en aguas chilenas— que amenazan gravemente la conservación de las especies nativas.

También debemos a esta industria la creación de las denominadas “zonas de sacrificio”, donde los fondos marinos eutróficos carecen de oxígeno bajo las jaulas por la sistemática acumulación de fecas y alimento no consumido por los salmones, lo que ha generado daños irreparables en uno de los sistemas más importantes de fiordos en el mundo. Adicionalmente, casi un 40% de la producción actual de salmones para la exportación se realiza en 416 centros de cultivo industrial intensivo, ubicados al interior de parques nacionales y áreas marinas protegidas de las regiones de la Patagonia chilena.

Hoy, el proyecto de la industria salmonera es duplicar su actual producción y alcanzar los 2 millones de toneladas anuales de peces para el 2050. Sin duda, este objetivo constituirá una fuente de crecientes conflictos entre sus intereses transnacionales y las organizaciones ambientalistas, las comunidades costeras y de pueblos originarios, pescadores artesanales y el sector del turismo local que forman parte del Consejo de Escazú.

La motosierra empresarial para la tala ambiental

Si la inclusión de SalmonChile en el Consejo Nacional Estratégico para la Gobernanza del Acuerdo de Escazú parece un despropósito, la de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) evidencia la consagración de la captura corporativa del Estado chileno.

La CPC aglutina a los grandes gremios mineros, forestales industriales, agrícolas y bancarios. El historial de los daños ambientales generados por varios de sus miembros en el país son de larga data, e incluyen la contaminación de ecosistemas costeros únicos debido a la acción de los relaves mineros; intoxicaciones masivas por emisión de gases que han puesto en riesgo la salud de comunidades enteras; la destrucción de santuarios de la naturaleza y la muerte masiva de especies emblemáticas, tales como el cisne de cuello negro en la región de Valdivia; la extracción intensiva de agua por parte de la gran minería y la agroindustria, lo que amenaza el derecho a este elemento vital; los derrames de petróleo en el borde costero; y la destrucción de glaciares en la alta cordillera, por solo mencionar algunos.

La CPC ha sido históricamente la trinchera desde donde el gran empresariado y la transversal clase política combate, a través del Parlamento y los partidos políticos, cualquier intento de regulación ambiental que signifique un “costo” para los crecientes proyectos de inversión de los capitales nacionales y transnacionales. Esta posición no sólo se mantiene, sino que se refuerza en el actual contexto político, a través de la presentación de un denominado plan con 50 propuestas cuyo objetivo es “reactivar el crecimiento económico de Chile”.

Entre las medidas propuestas por la CPC bajo el título de Los motores para impulsar el crecimiento sostenible en Chile, se destaca el establecimiento de un “carril rápido” (fast-track), para la aprobación en menos tiempo y con menos pasos “burocráticos” de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos de inversión. Además, esta propuesta busca limitar el control público y las reclamaciones a las comunidades y organizaciones ciudadanas que participen inicialmente en dichos procesos de evaluación de impacto ambiental. Esto equivaldría a cerrar las puertas de la justicia ambiental a las comunidades locales y ciudadanía afectadas que, por falta de información, barreras comunicacionales o simple desconfianza, no hayan participado inicialmente en los procesos de evaluación de los proyectos de inversión, pero cuyos derechos podrían verse afectados por la ejecución de ellos.

Como si esto fuera poco, la coalición de asociaciones empresariales que ya son miembros del Consejo de Escazú buscan restringir al máximo el alcance del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para privilegiar derechos individuales sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios, así como modificar la Ley 20.249 —conocida como Ley Lafkenche— con el objetivo de “delimitar con criterios objetivos” las áreas costeras de uso ancestral, lo que por esencia es de carácter consuetudinario.

Intereses de SalmónChile y CPC en el Consejo

El Acuerdo de Escazú establece estándares que deben ser aplicados a nivel nacional mediante acciones concretas en cada país. En este contexto, el 8 de octubre del 2025, el proyecto de ley sobre Protección de Personas Defensoras del Medio Ambiente (Boletín 16.886-12) fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional de Chile. Ahora se encuentra en el Senado, donde será objeto de grandes presiones y condicionamientos del empresariado y sus operadores.

Entre diversas organizaciones ambientalistas y comunidades de pueblos originarios existe la fundada sospecha de que los reales “motores” que impulsan la participación de Salmón Chile y la CPC en el Consejo Nacional Estratégico para la Gobernanza del Acuerdo de Escazú son alejar rápidamente al país del cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado como parte de este acuerdo regional, y así tener las manos libres para continuar implementando su actual estrategia de amedrentar, criminalizar y silenciar la resistencia de los y las defensoras de la naturaleza a sus proyectos de expansión territorial y de saqueo de los bienes naturales comunes de la nación.

Un gobierno “ecologista” que profundizó el extractivismo

El primer gobierno autodenominado «ecologista» de Chile, que finaliza en marzo de 2026, deja como lección el haber expandido el modelo extractivista-exportador más que cualquier administración anterior. Durante su mandato, se consolidó el poder empresarial, otorgando mayor influencia a los destructores y contaminadores de la naturaleza que a las comunidades afectadas, y perpetuando el modelo neoliberal que por cinco décadas ha caracterizado al país.

La desaparición forzada por más de un año de Julia Chuñil, defensora mapuche de Putreguel, ejemplifica cómo la fase del sicariato contra los ambientalistas y dirigentes comunitarios marca la profundización de un preocupante futuro de barbarie social y ambiental en Chile.

Resulta lamentable que este gobierno haya priorizado una gobernabilidad junto a poderes fácticos del empresariado y transnacionales, por sobre la gobernanza con participación de la ciudadanía. El mensaje resultante es claro y desolador. En nuestra intervenida democracia, incluso los instrumentos de justicia social y ambiental más avanzados deben someterse al filtro y control de la rentabilidad corporativa.

Fuente: Ecoceanos