Justicia ordena frenar toda actividad minera en territorio del pueblo indígena Cofán de Sinangoe

La batalla del pueblo Cofán de Sinangoe ha sido insistente desde inicios de este año, cuando en enero vieron por primera vez maquinaria minera a orillas del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca.

Autoridades como el Ministerio del Ambiente (MAE) aseguraron que la minería era ilegal pues, a pesar de que se otorgaron las concesiones, no contaban con las licencias ambientales para empezar la explotación. Mientras todas las instituciones evadían sus responsabilidades, la comunidad  y la Defensoría del Pueblo solicitaron una acción de protección. A mediados de año una buena noticia llegó: en una decisión histórica el 27 de julio de 2018, el juez del Cantón Gonzalo-Pizarro falló a favor de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo y contra los ministerios de Minas y del Ambiente y de las agencias de Regulación y Control Minero (ARCOM) y de la Secretaría del Agua (SENAGUA), declarando la vulneración al derecho de la consulta previa libre e informada y disponiendo la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas (20) o en trámites (32).

Sin embargo, dicha sentencia fue inmediatamente apelada por las autoridades. La audiencia de apelación tuvo lugar el pasado 5 de septiembre y hasta ese momento las instituciones no habían mostrado ningún argumento y cuando lo hicieron, aseguraron que no era necesario hacer consulta previa en el territorio pues supuestamente la actividad minera no estaba dentro del territorio Cofán de Sinangoe ni afectaba sus intereses o derechos.

La incertidumbre y la ansiedad del pueblo Cofán crecía cada día, pero llegó a un buen término cuando este 22 de octubre se realizó en la Corte Provincial de Sucumbíos la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

“Esta historia es muy significativa para el pueblo Cofán porque ratifica que se vulneró su derecho a la consulta previa. Se reconoce que ellos son los dueños ancestrales de ese territorio y que no se pueden tomar decisiones que los afectan sin antes consultarles y conocer sus criterios, especialmente para actividades extractivas, pues dado su carácter suelen ser muy restrictivas y ponen en riesgo la integridad física y cultural de los pueblos indígenas”, le dijo María Espinosa, abogada del pueblo Cofán de Sinangoe, a Mongabay Latam.

Una esperanza para otros pueblos indígenas de Ecuador

La alegría es infinita entre los miembros de la comunidad Cofán. La Corte no solo reconoció la violación a los derechos colectivos de la consulta previa libre e informada, sino también el derecho al agua y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. “Fueron temas que la comunidad incluyó desde la primera demanda pero que no fueron reconocidos en la primera sentencia. Nos sorprende favorablemente que este juez haya hecho un análisis tan extensivo de derechos porque no solo reconoce aquellos que le fueron solicitados por la comunidad sino que amplía su análisis para indicar que otras comunidades u otros colectivos resultan igualmente afectados”, dice Espinosa.

Además, se ordenó la reparación de los impactos ocasionados y se dispuso que la Fiscalía y la Contraloría, dentro del marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes.

“Sinangoe está luchando por el bienestar de todos, no solamente para el pueblo A’i Cofán sino para todas las personas de la provincia de Sucumbíos, y las nacionalidades A’i Cofán, Siona, Secoya y Kichwa y otros que nos estamos uniendo para defender los ríos. Esta victoria es un gran logro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Seguiremos vigilando nuestro territorio y luchando para tener nuestro título de propiedad”, afirma Mario Criollo, presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.

Esta “victoria”, como la declara la comunidad en general, representa un importante precedente para los Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad de las actividades extractivas. Cabe mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.

Hasta el momento existían unas 32 000 hectáreas afectadas entre las concesiones otorgadas y las que estaban en trámite. Con el fallo quedan liberadas. Además, la sentencia exige la reparación y/o remediación del área que hasta ahora está afectada y se obliga a que, antes de emitir cualquier nueva concesión, se inicien los procedimientos de consulta previa libre e informada con el pueblo Cofán de Sinangoe.

Sin embargo, María Espinosa dice que aunque se llegara a consultar al pueblo Cofán para nuevas concesiones mineras, la posición de ellos es que en este momento no existen garantías en el Estado ecuatoriano para el desarrollo de procesos de consulta, dado que no hay una ley o una norma que regule el procedimiento. “El criterio que aplica el Estado en la consulta la convierte en un proceso de simple notificación e información a las comunidades, pero no toma en cuenta sus criterios. Por lo tanto, hasta que no exista una ley que, además debe ser elaborada de manera consultada y concertada con los miembros la comunidad, no aceptarán ni se someterán a procesos de consulta”.

¿Qué pasó en el territorio Cofán?

Solo hasta enero de 2018, cuando miembros de la comunidad Cofán de Sinangoe vieron la maquinaria en el río Aguarico, los indígenas supieron que no habían sido consultados sobre proyectos mineros en su territorio y que no se trataba de un solo proyecto sino de 20 concesionados y 32 en trámite.

Mongabay Latam le ha hecho seguimiento a la problemática de este pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana, en el norte del país. En un artículo publicado hace unas semanas Nicolás Mainville, coordinador del Programa de Monitoreo Ambiental de Amazon Frontlines, una de las organizaciones que más apoyo le ha brindado a los Cofán en su lucha contra la minería, le dijo a este medio que “la concesión de Puerto Libre fue donde hubo más actividad minera. En esa zona se talaron 15 hectáreas de bosque, se construyeron 2 kilómetros de carretera y 7 sitios de diferentes tamaños donde construyeron piscinas e instalaron campamentos”.

Según dijo, en su momento, ninguna autoridad fue a medir los niveles de contaminación sobre el río Aguarico y no se sabe qué cantidad de cianuro fue utilizada. Esto a pesar de que los cofanes denunciaron y pidieron estas mediciones muchas veces, argumentando que se podía ver un cambio en el color del agua.

La comunidad decidió denunciar la violación al derecho a la consulta previa y la afectación de su derecho al agua y al medioambiente. En julio de este año un juez falló a favor de la comunidad, pronunciándose frente al derecho a la consulta previa pero no sobre los otros.

Lo anterior llevó a que el pueblo Cofán apelara la sentencia. Lo mismo hicieron las entidades del Estado afectadas por la decisión. Según miembros de la comunidad, el fallo de este 22 de octubre, donde se ratifica la sentencia de primer instancia y también se reconocen el derecho al agua, al medioambiente y a la naturaleza, le puso punto final a este pleito y se convirtió en un “triunfo enorme para los Cofán de Sinangoe y en una luz de esperanza para hacer valer los derechos de todos los pueblos indígenas de Ecuador”.

Fuente: Mongabay