La lucha silenciosa de los guardianes de semillas en Colombia
En las montañas de San Lorenzo, al sur de Colombia, una resistencia silenciosa se arraiga en la tierra. No son marchas ni protestas, sino manos que siembran, seleccionan y comparten semillas nativas como lo hicieron sus ancestros. Se llaman a sí mismos «guardianes de las semillas», y su misión es clara: proteger el patrimonio agrícola del país frente al avance de los cultivos transgénicos.
Aura Alina Domínguez, una de las líderes del movimiento, lo resume con simpleza para The Guardian: “Cada semilla lleva la historia de nuestros abuelos”. A su alrededor, agricultores como Alberto Gómez y los hermanos Castillo llegan con mazorcas secas colgadas de vigas, envueltas en shigras tejidas a mano, listas para intercambiarse en rituales comunitarios de siembra.
Desde que en 2007 se introdujo el maíz transgénico en Colombia —después del algodón en 2002—, más de un millón de hectáreas han sido sembradas con cultivos modificados genéticamente. Las empresas promotoras afirman que estas semillas aumentan el rendimiento y reducen el uso de pesticidas, y según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), habrían generado más de 300 millones de dólares en ingresos adicionales.
Pero para comunidades como San Lorenzo, el costo va más allá del económico. Temen por la contaminación genética de sus variedades nativas, su soberanía alimentaria y su cultura. “Vivir en paz significa saber que nuestras semillas son libres”, dice Gómez.
En 2018, San Lorenzo se declaró territorio libre de transgénicos. La decisión fue fruto de años de organización comunitaria, talleres, campañas de recolección de firmas y una propuesta ciudadana presentada conforme a la ley de democracia participativa.
La Red de Guardianes de la Vida de las Semillas y el Grupo Semillas —organización colombiana dedicada a la agricultura sostenible— han sido pilares en esta lucha.
El movimiento ganó fuerza tras un fallo de la Corte Constitucional en 2023 que ordenó al Estado proteger legal y técnicamente las semillas tradicionales. Ahora, una coalición de organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas impulsa un proyecto de ley que prohibiría el uso, importación y venta de semillas transgénicas en todo el país.
La industria no ha tardado en responder. Acosemillas, que agrupa a empresas del sector, argumenta que la ley limitaría la libertad de los agricultores y el desarrollo biotecnológico. “¿Cómo puede un municipio rechazar una tecnología aprobada por las autoridades sanitarias del país?”, cuestionó su gerente, Leonardo Ariza. Pero no presentó pruebas para refutar las preocupaciones ambientales.
Domínguez lo deja claro: “No estamos en contra de la tecnología. Solo pedimos ser quienes decidan qué pertenece a nuestros campos y qué no”.
Fuente: En Positivo