La persecución contra voces críticas en El Salvador va en escalada

Cuatro personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas en los últimos meses en El Salvador, lo que representa una escalada en la represión a las voces disidentes y mayor limitación al derecho a la libertad de expresión, denuncian organismos internacionales.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señala que hay un proceso de “degradación acelerada del Estado de derecho y de los derechos humanos” en el país centroamericano.

A las detenciones recientes se añadió, este jueves 17 de julio, el anuncio de la organización Cristosal de que abandona su trabajo en El Salvador debido al creciente acoso del gobierno que preside Nayib Bukele.

“Hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Guatemala y Honduras. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal…”, dijo Noah Bullock, director de Cristosal, en una conferencia de prensa.

A la salida definitiva de Cristosal habían precedido varias capturas y el exilio de periodistas y defensores. Una de las capturas que más impacto ha generado en la comunidad internacional es la de la abogada Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal.

“La detención de figuras como Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores es una muestra clara de hasta dónde está dispuesto a llegar Bukele para acallar voces críticas. Lamentablemente no sorprende, a la luz de las tendencias autoritarias que ha mostrado desde que llegó al poder”, expresa Juanita Goebertus de HRW.

Por aparte, Irene Cuéllar, investigadora de Amnistía Internacional, manifiesta que la represión, inicialmente presentada como una medida excepcional para enfrentar la criminalidad, se ha institucionalizado como un mecanismo de control.

“En su fase más reciente, el aparato estatal se dirige de forma abierta contra quienes exigen rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos, en el marco de una política deliberada que busca sofocar la disidencia”, asegura Cuéllar.

Ruth López es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal y ha sido una de las voces más críticas del gobierno en temas de corrupción y uso de fondos públicos. Su detención, según Goebertus, marca un punto de quiebre.

Goebertus considera que “la detención de López marca un punto de quiebre en la represión del gobierno del presidente Nayib Bukele como advertencia directa a todas las voces independientes”.

Además, agrega que la detención ocurre en un contexto donde la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ha aprobado leyes que restringen aún más el espacio de la sociedad civil y del periodismo independiente, como la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a transferencias desde el exterior.

“Vemos la detención de Ruth López como el inicio de una nueva fase represiva, más abierta y frontal, contra quienes ejercen la crítica y defienden el Estado de derecho. La captura de alguien como Ruth envía un mensaje claro de que nadie está a salvo de ser perseguido”, dice Goebertus.

López fue reconocida en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, por su trabajo enfocado en la lucha anticorrupción, el respeto a la ley electoral y la protección de los derechos humanos en El Salvador.

El equipo de Cristosal liderado por López ha realizado 51 investigaciones sobre actos relacionados con la corrupción cometidos por funcionarios del gobierno salvadoreño.

Además, presentó 11 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra leyes que regulan el uso de fondos y compras públicas por favorecer la corrupción.

También puso 17 demandas contra el ministro de Salud, por incumplir la obligación de entregarles una compensación económica a las familias del personal de Salud que falleció en los primeros meses de la pandemia por Covid-19.

Detenida por una unidad élite

La noche del 18 de mayo una patrulla de cuatro policías de una unidad especializada contra el crimen organizado de la Policía llegó a la residencia de Ruth López.

Según testigos, los agentes le solicitaron que saliera para hacerle unas preguntas por un accidente de tránsito, pero al salir de su casa le leyeron una orden de detención por el delito de peculado.

La Fiscalía tardó 15 días en presentar la acusación ante un tribunal, amparándose en el decreto del régimen de excepción, que extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta un periodo de 15 días como máximo.

Finalmente, no fue acusada por peculado, sino por enriquecimiento ilícito. El tribunal ordenó la reserva total del caso por petición del fiscal.

A través de redes sociales, la Fiscalía asegura que López se enriqueció con dinero del Estado cuando era asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, condenado en noviembre de 2024 a regresar al Estado 202,000 dólares.

Pese a que la defensa asegura que demostró que no había peligro de fuga, López fue enviada a prisión mientras sigue la investigación.

Otras detenciones

El pastor evangélico José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Antonio Henríquez fueron detenidos tras participar en un plantón cerca de la residencia presidencial.

La noche del 13 de mayo, los residentes de una comunidad rural pedían la intervención de Bukele ante una orden judicial de desalojo, como resultado de un proceso mercantil.

Agentes antidisturbios capturaron al pastor, en medio de forcejeos. Un día después fue detenido Henríquez. Ambos siguen en prisión acusados por los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

La Fiscalía asegura que las personas que participaron en la protesta “tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños”— lugar de residencia del presidente—por lo que los agentes policiales que brindaban custodia y seguridad al lugar, “intentaron evitar que la situación escalara”.

En otro caso, el pasado 7 de junio, la Fiscalía ordenó la detención del abogado y columnista de El Diario de Hoy, Enrique Salvador Anaya, acusado del delito de lavado de dinero. Al igual que en los otros casos, se le aplicó el régimen de excepción y se decretó reserva total del proceso.

Goebertus advierte: “Nos preocupa profundamente las irregularidades en los procesos penales contra Ruth López y Enrique Anaya, que se desarrollan sin transparencia ni garantías procesales básicas”.

La independencia de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido cuestionada desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021 y su reemplazo por juristas, impuestos por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista.

Además, se aprobaron reformas legales que permitieron la remoción de jueces y juezas que habían cumplido 60 años de edad.

Huir o morir

Ante la persecución creciente, al menos 12 personas defensoras de derechos humanos han salido del país, por temor a ser capturadas. Una de ellas es Ingrid Escobar, abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario.

A mediados de marzo, Escobar denunció en una conferencia de prensa la presencia sospechosa de policías frente a su vivienda y la de su madre. Un mes después se desplazó internamente hacia otra casa, donde pasó confinada durante 15 días.

“Yo decidí ocultarme tras la captura de Ruth Eleonora López, porque entendí el mensaje y eso me causó un gran impacto”, relata la abogada.

Sin embargo, la noche del 7 de junio fue alertada -de manera extraoficial-sobre una lista de once personas defensoras de derechos humanos y periodistas que serían capturadas.

“Me dijeron que Bukele había dado la orden de desarticularme, esa palabra significa que me iban a detener”, asegura Escobar.

La abogada recuerda que unos minutos después de las siete de la noche, metió un par de mudas para ella y sus hijos en la mochila, sus documentos de viaje y huyó.

Les dije: “El momento del que les he hablado, que algún día nos teníamos que ir del país ha llegado”, posteriormente salieron hacia un país vecino, para luego tomar un avión.

La decisión de desplazarse no fue fácil debido a que solo faltaban dos días para que le realizaran un procedimiento médico, debido a que ha sido diagnosticada con un tipo de cáncer agresivo.

“Yo entendí que si yo me quedaba me iba a capturar y si me capturaban me iba a ir a morir a un centro penal, para el Estado iba a ser más fácil porque simplemente no me iban a dar atención médica”, dice.

La defensora no duda que su muerte dentro de un penal sería inminente, pues la organización que ella dirige lleva un subregistro de muertes en las prisiones desde que inició el régimen de excepción, ante la falta de información oficial.

Según los datos documentados por el Socorro Jurídico, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 11 de julio de este año, 425 personas han muerto bajo custodia del Estado, de las cuales, el 30% habría muerto por falta de atención médica oportuna.

“Fue una decisión muy difícil. En cuestión de dos horas yo tuve que decidir abandonar el país con mis criaturas, puse en primer lugar mis dos niños y mi salud”, asegura Escobar.

Con el apoyo económico de personas altruistas, el 28 de junio fue sometida a una cirugía que determinará el tipo de tratamiento que debe seguir, mientras se encuentra refugiada en el extranjero.

Allanamiento a organizaciones

A inicios de este año 2025 una pareja de abogados salvadoreños no pudo regresar al país. Mientras realizaban una gira por España, en la que denunciaban presuntas violaciones a los derechos humanos en El Salvador, la Fiscalía les giró una orden de captura en su contra

Se trata de Ivania Cruz y Rudy Joya, voceros de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), una organización que brinda asistencia legal a comunidades en peligro de desalojo.

El 25 de febrero, las autoridades allanaron las oficinas de la organización y la vivienda de ambos abogados. El operativo fue captado por cámaras de seguridad.

«A mi casa llegaron como a las 4 de la tarde, derribaron el portón y la puerta. Mi mamá bajó las gradas y uno de los policías le apuntó con el arma, cuando ella se detuvo le dijo: “Deme el celular”», relata Ivania Cruz desde el exilio.

La Fiscalía los acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelaciones y lotificaciones de un inmueble localizado en San Juan Opico, en la región central del país, denominado La Floresta.

Sin embargo, en los indicios presentados por el ministerio público no figuran documentos que prueben que los abogados cobraban dinero por la supuesta venta de terrenos.

La acusación se basa en el testimonio de testigos protegidos, quienes relatan un conflicto surgido luego que los abogados comenzaron a asesorar legalmente a grupo de residentes de la comunidad, para que legalizaran sus parcelas a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

La imputación por agrupaciones ilícitas, según la Fiscalía, se sustenta con el hecho de que Unidehc no está legalmente inscrita. “La intención es criminalizar la libertad de asociación, que es un derecho constitucional”, explica Ivania.

El uso del régimen de excepción como herramienta para perseguir voces críticas, defensores de derechos humanos y periodistas ha encendido alertas internacionales.

“La selección de personas con trayectorias reconocidas en la defensa de derechos humanos, la lucha contra la corrupción o la organización comunitaria busca generar un efecto ejemplarizante y disuasorio: que en El Salvador alzar la voz tiene consecuencias muy graves”, concluye Cuéllar.

Fuente: Prensa Comunitaria