Legislando para la agroindustria: Ley de semillas en México y resolución 9.70 en Colombia

Los agricultores han guardado, mejorado y compartido las semillas desde hace 12 mil años, ofreciendo a la humanidad aproximadamente 7 mil especies de plantas (entre recolectadas y cultivadas) que se han usado como alimento.

La domesticación y diversificación de plantas de importancia agrícola actual –como el maíz o la papa– son actividades que tienen una larga historia que inicia en las manos de los primeros agricultores y continúa hasta nuestros días, en las manos de los campesinos.

La semilla se ha mejorado y adaptado a las diferentes condiciones geográficas, climáticas y culturales de cada país. Así, en México existen más de 59 razas nativas de maíz, y en Colombia existen al menos 24 variedades de papa –5 de ellas nativas–, estas plantas se adaptan a diferentes condiciones ambientales y culturales que las hacen adecuadas para cada sitio donde se cultivan.

Ese trabajo de diversificación y mejoramiento de las plantas que comemos nunca antes se había visto como un negocio, pues entre las prácticas realizadas por los campesinos se incluye la de intercambiar semillas de manera fraterna, siempre con la intención de mejorar las cualidades de las plantas y, por tanto, la calidad de nuestra alimentación.

Sin embargo, desde el surgimiento de las plantas híbridas con la “Revolución Verde”, la semilla ha pasado de ser considerada un bien colectivo a un producto sujeto a los intereses mercantiles de un reducido número de empresas transnacionales.

Las semillas híbridas tienen un precio que generalmente duplica o triplica el de las variedades nativas y, en su gran mayoría, son propiedad de alguna empresa privada. La intención de cosificar las semillas y de privatizarlas se ha agravado en la última década con la publicidad de las semillas transgénicas, que en algunos países han logrado desplazar tanto los cultivos locales que servían para la alimentación como a los mismos campesinos de sus tierras. A nivel mundial la historia del control de las semillas es muy parecida, y en los casos de México y Colombia la semejanza resulta alarmante.

Desde 1999 el gobierno mexicano inició el proceso de apertura total a las empresas trasnacionales, incluyendo la homologación de legislaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, permitiendo la incursión abierta de los gestores empresariales. Muchas instituciones relacionadas con el campo, especialmente con las semillas, son cerradas o marginadas de los programas de gobierno; el caso más grave es el de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), la cual fue liquidada dando lugar a la formación de comités mixtos que se encargarían, entre otras cosas, de realizar los procesos de certificación de las semillas.

Lo anterior permite la injerencia de la Asociación Mexicana de Semilleros, que entre sus principales socios cuenta con Bayer, Advanta, Dow, DuPont Pioneer y Monsanto.

A pesar de que México suscribe acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Biodiversidad, el Plan Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos y el Protocolo de Cartagena, en los que se habla del acceso universal a los recursos fitogenéticos, el acceso de los agricultores a las semillas y la necesidad de proteger estos recursos especialmente en los países centros de origen y diversificación de plantas alimenticias, el gobierno mexicano aprueba en 2007una Ley de Semillas en la que todos estos derechos son vulnerados.

Dicha Ley establece, por ejemplo, que el intercambio de semillas –práctica milenaria entre los campesinos– será sancionado punitivamente; que sólo podrán venderse semillas certificadas bajo condiciones técnicas que prácticamente ningún campesino podrá cumplir, además de favorecer la intervención de las empresas privadas en el proceso de certificación y de otorgarle a éstas condiciones legales para la promoción de sanciones contra los campesinos que incumplan la Ley de Semillas. Aunado a esto, en 2012 se promueve la Ley Federal de Variedades Vegetales, que promueve la patente de semillas y establece un marco legal propicio para las empresas que comercializan semillas transgénicas al hacer incapié en los derechos de obtentor.

En el caso de Colombia, bajo el mandato de Juan Manuel Santos y en el marco de un reciente Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emite una resolución denominada 9.70, cuyo contenido estuvo entre las razones del paro nacional campesino que vivió Colombia entre agosto y septiembre últimos.

La resolución 9.70 prohíbe a los campesinos sembrar semillas que no sean certificadas, obligando con ello a la compra de semillas propiedad de alguna empresa en cada ciclo agrícola, al tiempo de criminalizar la resiembra de semilla y el intercambio de la misma.

Esta resolución va en contra de prácticas campesinas que, como en el resto del mundo, implican el intercambio y la selección para mejorar las semillas. Restringiendo estás prácticas, también se restringen las relaciones sociales entre las comunidades campesinas.

El ejemplo más conocido de la aplicación de esta resolución fue mostrado en el documental “9.70”, en el que se denuncia la destrucción de miles de semillas de arroz en Campo Alegre, región emblemática en la producción de dicho alimento. Cabe mencionar que en Colombia como en México, el mercado de las semillas está dominado en más del 70% por empresas transnacionales o sus filiales.

Como en el caso de México, las autoridades colombianas aducen razones fitosanitarias y de derechos de ostentor, señalando que los campesinos también tienen la “oportunidad” de certificar las semillas que producen y de beneficiarse con ello. Sin embargo, el caso del productor de papa Pedro Pastor evidencia que las normas para la certificación no están hechas para los campesinos sino para las grandes empresas, pues al tratar de certificar su semilla de papa denominada “superior”, se encontró con trabas para formalizar el registro ante el ICA por no ser ingeniero, por ser simplemente un campesino.

Las razones del paro agrario en Colombia y las razones de la reciente demanda colectiva en México por el derecho al acceso a la biodiversidad del maíz son las mismas: la adopción por parte de ambos gobiernos de modelos tecnocientíficos que no buscan la soberanía alimentaria ni buscan el desarrollo del campo sino un marco legal que permita el lucro de unas cuantas empresas en detrimento del derecho de millones de personas.

Si las semillas que se siembran en nuestros campos son propiedad privada, si además son semillas modificadas con transgenes, se pone en serio peligro la producción de alimentos, se pone en peligro la soberanía, la cultura, los agroecosistemas, el derecho a vivir dignamente como lo hacen millones de campesinos que son capaces de transformar los minerales del suelo mediante trabajo creativo, en todas las formas de alimento que llega a nuestras mesas.

La Ley de Semillas y la 9.70 son hermanas gemelas redactadas a la medida de intereses que no son nuestros, el ejemplo de la lucha campesina en Colombia es ya un referente entre las organizaciones e investigadores que defienden el maíz en México. Entender que no se trata de medidas aisladas por parte de los Estados, sino de una campaña por el control de la comida en medio de la cual nosotros debemos tomar partido y aliarnos con los campesinos, con los investigadores independientes, con los técnicos responsables es una tarea que está en marcha.

Cabe refrendar la cita de José Martí que hace poco hizo el Dr. Alejandro Espinoza, emblemático investigador y defensor de la semilla campesina en México, al recordar que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”.

Fuente: Morral Campesino