Ley de aguas: comunidades indígenas consideran necesaria su presencia en los diálogos
Organizaciones, defensores del agua y autoridades indígenas en distintos territorios cuestionan el proceso para el diálogo y elaboración de una ley de aguas por parte del gobierno de Bernardo Arévalo.
El agua es un recurso vital que para las autoridades, mujeres y comunidades indígenas tiene múltiples significados. Para el pueblo Ch’orti’, en el oriente del país, en Chiquimula y Zacapa, es “sagrada y un bien común que permite la continuidad de la vida”.
Las mujeres del pueblo Tz’utujil, que viven cerca del lago de Atitlán, ven este recurso como “Loq’olaj ya, el agua es sagrada, el agua es vida”, explica Elena Chiquibal, del consorcio de Asociaciones de Mujeres de Santiago Atitlán.
“Es un elemento fundamental y parte del centro del universo como seres humanos”, agrega en una entrevista vía telefónica. La misma mirada comparte Lidia Zet del Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras al decir que “el agua es un ser vivo y nunca va a ser una mercancía”.
Diálogo ciudadano
Zet pertenece al Pacto por el Agua, una coalición de organizaciones que busca abrir el diálogo con el gobierno de Bernardo Arévalo para la creación y formulación de una ley de aguas, una iniciativa lanzada el 24 de abril.
La ley de aguas que impulsará el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no es bien recibida por algunas autoridades indígenas. El pueblo Ch’orti’ ha expresado su oposición porque consideran que se intentará privatizar este recurso.
“No queremos la ley, la denunciamos, estamos en contra porque viene a dañarnos”, afirmó el principal de las Autoridades Maya Ch’orti’ de Quezaltepeque, Rolando Castillo Romero. El MARN programó el inicio de los diálogos para el 29 y 30 de abril, en Chimaltenango, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, pero sin acceso a la prensa.
En varios lugares del país, el agua tiene un significado sagrado. Foto de Francisco Simón
Los diálogos de intercambio ciudadano finalizarán el 29 y 30 de mayo en Zacapa, Chiquimula y El Progreso para luego pasar a una etapa de integración y redacción de la propuesta. En esta etapa se espera que se redacte la versión final que el presidente Bernardo Arévalo enviará al Organismo Legislativo. Entre agosto y octubre se discutirá el proyecto en el Congreso.
Las experiencias en torno a la aprobación de una ley de aguas en el país no han sido positivas. Desde 1985 se han realizado al menos 13 iniciativas que cumplen con los requisitos de base para considerarlas como una normativa, apunta Diego Padilla, investigador independiente. Sin embargo, ninguna de estas ha sido aprobada.
Para Padilla, uno de los mayores retos que encontrará el MARN con estos diálogos es comunicar efectivamente sobre la necesidad de una ley, compartir la visión del gobierno para que se entienda que busca hacer y ganarse la confianza de todos los sectores, incluyendo a los movimientos sociales como a la iniciativa privada.
Que incluya la visión de las comunidades y de mujeres
Bernardo Caal, defensor maya Q’eqchi’ del agua, quien pertenece al Pacto por el Agua, señala que es importante que en estas mesas de diálogo que el gobierno impulsa se escuchen las denuncias sobre el estado del agua en las comunidades y que se les dé una participación activa en la discusión.
Caal manifiesta que si el Ejecutivo realiza un simulacro de encuentros para cumplir requisitos de que sí llegaron a los territorios, no van a permitirlo y lo van a denunciar.
El defensor teme que en la redacción final de una iniciativa se introduzcan elementos que no recoge el sentir de las organizaciones y comunidades. “Nosotros criticamos desde el inicio el acuerdo que emitieron porque no especifica la forma en que estarían convocando o escuchando a los pueblos originarios”, explica.
Mujeres en sus comunidades realizan gestión del agua. Foto de Alex PV
Para Chiquibal, del Consorcio de Asociaciones de Mujeres de Santiago Atitlán, es importante que la iniciativa recoja las miradas de los pueblos, pero también de las mujeres indígenas.
Chiquibal opina que muchas veces se toman decisiones en nombre de ellas por lo que su aporte es imprescindible. “Las mujeres hacemos la gestión del agua, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, cuando nos quedamos sin agua, representa una crisis para nosotras”, señala.
Hacia una ley de aguas
Según el MARN, la cartera reconoce el papel fundamental de los pueblos indígenas en la protección y gestión del lago. “Por ello, este proceso contempla espacios de diálogo horizontal, culturalmente pertinentes donde las autoridades indígenas podrán compartir su visión, propuestas y preocupaciones”, responde la cartera tras una consulta de Prensa Comunitaria.
Agrega que los encuentros de participación, escucha y diálogo en 13 puntos del país tendrán una jornada específica con autoridades indígenas y ancestrales, con énfasis en su cosmovisión y derechos colectivos, además de tomar en cuenta a ONGs, cooperativas y otras formas de organización ciudadana.
El objetivo, señala el Ministerio, es alcanzar un marco jurídico legítimo, sostenible y respaldado por el consenso social, las normas constitucionales y los compromisos ambientales internacionales asumidos por el país.
Sobre por qué desde 1985 no se ha logrado una ley en ese sentido, Padilla indica que son varias razones. “En mis análisis, he mencionado que la reticencia del sector privado de querer que se les regule el agua, que para ellos es un recurso productivo es una razón de peso”, dice.
Por otro lado, menciona que los pueblos originarios no miran con mucha confianza que se regule el agua, sobre todo por la importancia ontológica de este recurso para ellos, es decir, que es sagrada.
Fuente: Prensa Comunitaria