MOICAM: Valiosos y estratégicos recursos naturales

Hemeka - Red de Comunicadores
Boca de polen/ Minga informativa

La represión en Oaxaca ha suscitado debates. Cada quien trae experiencias de represión de sus propios países y estados. Una cuestión que está quedando patente es la necesidad de seguir articulándose, organizándose, y no perder de vista la cada vez mayor criminalización que los gobiernos hacen de las luchas sociales.

A nivel nacional ya son varias las acciones represivas contra el pueblo por parte del gobierno. Los mineros de Pasta de Conchos, Sicartsa, San Salvador Atenco, Oaxaca...

El presente encuentro mesoamericano tiene su sede en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. El sureste mexicano, la zona más pobre del país, donde la gente vive del campo, donde conviven numerosos pueblos indígenas, también tiene una trayectoria de represión.

No es necesario, sin embargo, remontarse mucho en el tiempo para dar muestra de ello. De hecho, hace apenas una semana, se produjo una matanza en una comunidad indígena, conocida como Viejo Velasco, situada en los límites de la Reserva de Montes Azules, estando el ejército mexicano, muy cerca del lugar. Una matanza “anunciada”, que a nadie pilló por sorpresa y de la que organizaciones de defensa de derechos humanos y ecológicos ya habían advertido.

Hasta el momento, según informes de la comisión de observación civil que está haciendo el seguimiento de los hechos, hay cinco personas muertas, dos desaparecidas, una tomada como rehén (eran dos, pero una mujer (enferma y discapacitada) fue liberada, tras sufrir agresiones y tortura) y veintitrés desplazadas.

Un conflicto que se suscitó hace tres décadas cuando, por un decreto irregular, se desconocieron los derechos agrarios de distintos poblados indígenas y campesinos que reclamaban la tierra como suya y se la dieron a la comunidad lacandona. En los últimos veinte años se han sucedido los desalojos violentos en la zona, las reubicaciones forzosas. Un acuerdo de mediados de los ochenta reconoce la propiedad agraria de la tierra a las y los pobladores de varias comunidades de la zona. Los conflictos no cesan y el pasado año, los gobiernos federal y estatal se comprometieron a reconocer los derechos agrarios y a regularizar 28 poblados. Entre ellos, Viejo Velasco. En abril de este año, se desconoció el mismo y comenzaron las reubicaciones y las amenazas de desalojo violento en la región por parte de los comuneros de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (que, a cambio de migajas, buscan favorecer a intereses empresariales biotecnológicos, “ecoturísticos” y madereros, con miras a privatizar los ricos y estratégicos recursos naturales ahí existentes) contra 4 poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá. (15 nov. Reporte de la comisión de observación civil, Maderas del Pueblo del Sureste).

Pese a las advertencias de las organizaciones civiles, el gobierno no hizo nada y el pasado 13 de noviembre, estalló el conflicto.

Como en los no tan viejos tiempos.-

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, parte de la comisión de observación afirma que el ataque parece ser premeditado. Tiene características similares a los que se cometían en Chiapas entre 1995 y 2000, como fue el caso de la masacre de Acteal.

En esta ocasión también, un numeroso grupo de personas fuertemente armadas y uniformadas, identificadas como comuneros tseltales y lacandones… llegó a agredir a los pobladores tseltales de Viejo Velasco, previo abandono de sus simpatizantes en ese poblado. La policía sectorial acudió en helicóptero al lugar de los hechos minutos después de ocurrido el ataque, sin detener a nadie y sólo a levantar los cuerpos.

Hechos como estos se han venido denunciando en las mesas de trabajo del encuentro del Moicam, no sólo como una problemática común de los países mesoamericanos en cuestión de tierra y territorio, sino también relacionado con la cuestión de los recursos naturales de los que las transnacionales ansían apropiarse.

Tierra y territorio, desalojos violentos y... recursos naturales.-

Maderas del Pueblo, organización ecologista integrante de la comisión de observación civil explica las razones de este caso concreto:

En las 3000 ó 4000 has en disputa, existen todavía grandes manchones compactos de selva alta, con importante cantidad de caoba. Eso explica, según Maderas del Pueblo, por qué la "comunidad lacandona" y específicamente los palestinos, aceptaron la expropiación de las tierras donde estaban asentados los otros 24 ejidos, pero se negaron rotundamente a aceptar estos 4. Tan rotundamente que terminaron orquestando esta agresión violenta.

La organización tiene conocimiento de que, en esa zona, desde hace 5 años, los palestinos están tramitando un programa de manejo forestal, para la explotación de madera (especialmente caoba) el cual posiblemente esté a punto de ser liberado por la Secretaría de medio ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Si los subcomuneros de Palestina aceptaban la expropiación de ese territorio se les daría el dinero en un solo pago de $6000 por ha (x 4000 hectáreas= $24 millones).

Pero, además, si obtienen el permiso de explotación maderera y lo negocian con alguna empresa, recibirán ingresos anuales relativamente cuantiosos, al menos por 10 años; y se quedan con los terrenos para poner proyectos de "ecoturismo" cerca de Yaxchilán. Y, con los dineros recibidos del derecho de monte, compran más ganado cebú para destruir los terrenos de adentro (igual que ya hicieron con los casi 200 mil pesos que recibió cada "comunero" y "subcomunero" por el negocio de la expropiación aceptada de los otros 24 ejidos).

Problemas comunes para Mesoamérica.-

En los países mesoamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala...) se dan las mismas situaciones: construcción de represas, proyectos ecoturísticos, maquiladoras, plantaciones, y otros proyectos financiados por el Banco Mundial BM-, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE-, las corporaciones transnacionales (como la Coca-Cola) y los gobiernos. En esta región también se busca desplazar a una gran cantidad de comunidades por la construcción de represas, para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y el aprovechamiento del agua dulce de las cuencas hidrológicas. Además, se considera el desplazamiento de comunidades y poblaciones dispersas para concentrarlas en zonas más adecuadas (dotadas de infraestructura) para su aprovechamiento como mano de obra barata en industrias maquiladoras, grandes plantaciones, agroindustrias, embotelladoras y otros proyectos productivos.

Precisamente, en el encuentro, se dedicó una de las mesas de trabajo a la discusión de propuestas para la defensa de recursos naturales, punto importante en el plan de acción de la Plataforma Campesina Mesoamericana.

Fuente: Comunidad Web de Movimientos Sociales, 19-11-06