Mendoza otra vez camina para defender el agua

Daniel Funes, uno de esos incansables militantes socio-ambientales, nos recordaba hace poco que lleva 22 años defendiendo el agua en Mendoza. A lo largo de todo ese tiempo fueron varios los intentos de los gobiernos de meter la megaminería metalífera en Mendoza. Pero la divisa de los defensores del agua es: “Gobierne quien gobierne, el agua de Mendoza no se negocia”. Porque si bien en cualquier parte del mundo el agua es la fuente de la vida, en Mendoza, provincia de clima semi-desértico, el agua es aún más valorada. 

Los Incas diseñaron el sistema de riego por acequias, un sistema que sigue hoy vigente, acompañado de una tecnificación cada vez más importante (riego por goteo, bombas de captación del agua que funcionan con energía solar, impermeabilización de los cauces) dada la escasez cada vez más grande de agua. En Mendoza, si no hay agua, no hay cultivos: ni de vid, ni de frutales, ni de ajo, ni de tomates, ni de nada. 

En Mendoza, gran parte de la energía eléctrica es de origen hidráulico. En Mendoza, el agua viene de la montaña y de los glaciares y es por eso que los mendocinos la defienden con uñas y dientes. En 2007, después de dos años de lucha, el pueblo consiguió la promulgación de la Ley 7722, también llamada Ley Guardiana del Agua. En su Artículo 1°, dicha ley dice: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.” Concretamente, la Ley 7722 impedía la megaminería metalífera en Mendoza porque esta industria extractiva usa grandes cantidades de cianuro, entre otros productos tóxicos. También en su artículo 3, la ley indica que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de “los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización”, deben ser ratificadas por ley.

La Ley 7722 fue votada mientras gobernaba Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical (UCR). Años más tarde, en 2011, la Legislatura mendocina rechazó la DIA de minera San Jorge, un proyecto de extracción de cobre y oro en el departamento de Uspallata, a escasos 70 kilómetros del Parque Provincial Aconcagua. En aquella época, los radicales eran oposición y gobernaba el peronista Paco Pérez. Es decir que los radicales mendocinos votaron en contra de la megaminería metalífera. Cabe recordar también que el pueblo de Uspallata siempre se opuso a esta actividad extractivista, como lo demostró la Audiencia Pública que se realizó en octubre de 2010 en la villa cordillerana de Uspallata, donde asistieron más de cinco mil personas, las cuales rechazaron masivamente el proyecto.

Pero los promineros nunca dejaron de perseguir sus planes extractivistas en la provincia. La Ley 7722 era atacada en tribunales por las empresas, pero allí los mendocinos también ganaron una nueva batalla: en 2015, la Ley 7722 fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Ese mismo año fue cuando Alfredo Cornejo accedió a la gobernación de Mendoza y es cuando empezó su trabajo de fondo. No empieza con la minería, pero sí con la autorización de la fractura hidráulica o fracking por decreto en 2017 (Decreto N°248), método no convencional para extraer petróleo y gas de la formación de Vaca Muerta. Esta técnica es gran consumidora de agua y Cornejo pudo tomar ese decreto con el beneplácito del Departamento General de Irrigación, entidad sumamente importante en Mendoza, a tal punto que el superintendente es llamado el “segundo gobernador” por lo estratégico del recurso que administra: el agua.

La Constitución mendocina impide que un gobernador se presente a su reelección. Por lo tanto, en 2019 fue Rodolfo Suarez, delfín de Cornejo, el que accede a la gobernación. El día que asumió Suarez, el 10 de diciembre de 2019, mandó a la Legislatura un proyecto de derogación de la Ley 7722. La Ley 9209, llamada Ley Cianuro por los militantes ambientalistas, fue votada de forma express el 20 de diciembre de 2019 por diputados y senadores tanto del oficialismo como de la oposición, ya que Suarez y Anabel Álvarez Sagasti se habían puesto de acuerdo de forma secreta –el PJ a nivel nacional fue siempre prominero–. Apenas votada la Ley 9209 empezaron en todos los departamentos de la provincia masivas protestas callejeras que culminaron el 22 de diciembre con el inicio en San Carlos de la Marcha Histórica: miles y miles de ciudadanos, a pie, en bici, en auto, marcharon por la Ruta 40 hacia la ciudad de Mendoza. La caravana se fue engrosando a medida que avanzaba y llegó a la madrugada del lunes 23 de diciembre a la Casa de Gobierno de Mendoza. Ochenta mil personas pidieron la derogación de la Ley Cianuro. El Gobierno cortó la red de telefonía celular y empezó a reprimir. Los manifestantes se dispersaron pero el Gobierno retrocedió: Suarez anuncia antes de Navidad que no reglamentará la ley.

Finalmente ante la presión popular, ante ese inédito MendoAguazo, la manifestación popular más importante en Mendoza desde el retorno de la democracia, Suarez llamó a la Legislatura a derogar la Ley 9209, que se hace efectiva el 30 de diciembre. Explosión de alegría en toda la provincia, ¡la gente festeja Año Nuevo con agua pura y no con cianuro! ¡El Agua de Mendoza, No se Negocia! Suarez anuncia que el tema minero no se volverá a abrir durante su gestión.

Marzo 2020: llega la pandemia, el confinamiento y todo lo que sabemos que implicó. Otro logro importante de los militantes socioambientales en ese momento es el abandono definitivo del megaproyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, al sur de la provincia, en el departamento de Malargüe. Ese proyecto iba a afectar toda la Cuenca del Río Colorado y dejar sin agua a las provincias río abajo. Era un proyecto sobredimensionado respecto a los caudales actuales del Río Grande. Recordemos que bajo los efectos del cambio climático, Mendoza padece hace más de diez años una crisis hídrica que se ha vuelto estructural. Hay cada vez menos agua.

En 2023, Cornejo fue reelecto como gobernador de Mendoza, lo que dejó a los militantes socioambientales preocupados: sabemos que su objetivo es liberar la megaminería en Mendoza. El argumento es siempre el mismo: ampliar la matriz productiva de la región.

Desde el revés de diciembre de 2019, Cornejo ha sido muy astuto y estratega. Primero al aliarse con Daniel Vila, dueño del conglomerado de medios Grupo América, con el que blindó el poder mediático. La pauta oficial a los grandes medios mendocinos es alevosa (siete millones de dólares entre enero y agosto de 2025). Desde 2023, en los grandes medios locales solo se escucha hablar de minería sustentable y moderna. Administrativamente, Cornejo fusionó el Ministerio de Energía con el de Ambiente y lo dirige la ministra Jimena Latorre, quien ha subordinado el Ambiente a la Minería para que todas las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros salgan aprobados por la Dirección de Ambiente por más que infrinjan la Ley Nacional de Glaciares N°26639 (las actividades de exploración y explotación minera están explícitamente prohibidas en ambientes glaciares y periglaciares). La Ley 7722 sigue vigente pero todos los proyectos presentados no la van a respetar. 

En 2024, sacaron al expediente Informe de Impacto Ambiental (IAA) San Jorge de su guarda temporal, cuando supuestamente había sido archivado tras el rechazo legislativo del 2011. Ahora Minera San Jorge pertenece a la multinacional Solway. Empezaron en 2024 con una importante campaña publicitaria llamada Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino. Solway es una empresa con un legajo bastante oscuro, responsable de asesinatos de militantes ambientalistas en Guatemala, entre otras cosas. El proyecto de Cornejo es muy claro: hacer de Mendoza el nuevo polo minero de Argentina. Para eso, logró además del poder mediático someter al poder judicial: la persecución a militantes ambientalistas se hace cada vez más fuerte.

Dentro del proceso de evaluación ambiental de cualquier proyecto industrial, minero o turístico importante, se debe realizar una Audiencia Pública que permita a la ciudadanía informarse y expresarse sobre el proyecto. A raíz del desarchivo del IAA San Jorge, el Gobierno organizó la Audiencia Pública del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino en agosto de 2025. Las Audiencias Públicas desde la pandemia son virtuales o mixtas (presenciales y virtuales) y para las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) han sido el lugar oficial privilegiado de expresión de su oposición. Si bien no son legalmente vinculantes para el Gobierno, permiten a este último tomar el pulso de la famosa “licencia social”.

En el caso de San Jorge, organizaron la Audiencia Pública (AP) en la propiedad misma de San Jorge, a unos 50 kilómetros de la Villa de Uspallata, lo que dificultó la participación de los ciudadanos ya que por ser públicas, las AP suelen organizarse en lugares públicos y de fácil acceso. En reacción a esa falsa Audiencia Pública, las organizaciones ambientalistas, apoyadas por el párroco de Uspallata organizaron una Audiencia Pública del Pueblo el 2 de agosto de 2025, en las cuales los ciudadanos pudieron expresar su rechazo (o su aprobación) al proyecto San Jorge. El resultado fue contundente: 1592 pronunciamientos certificados en contra de San Jorge.

Sin embargo, en octubre la Dirección de Minería de Mendoza dio por cumplido el procedimiento de evaluación del Informe de Impacto. Ambiental (IIA) del proyecto minero San Jorge. Alentado por la victoria en las elecciones legislativas de la Alianza La Libertad Avanza, Cornejo mandó a la Legislatura la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto San Jorge. El 26 de noviembre, los diputados aprobaron la DIA por 32 votos a favor y 13 en contra. El expediente pasó a la Cámara Alta y se prevé que los senadores voten este martes 9 de diciembre. Desde esa fecha, nuevamente el río se está rebalsando, las mendocinas y los mendocinos han llenado las plazas, las calles, las rutas de carteles como El Agua de Mendoza No se Negocia, El Agua es Vida o Fuera San Jorge.

Se siente nuevamente un aire similar al de diciembre de 2019. 

La megaminería no tiene licencia social en Mendoza y menos en Uspallata, que ha reclamado al Gobierno la organización de un plebiscito sobre la cuestión y el Gobierno a sabiendas de que no lo puede ganar, se ha negado a organizarlo. Como argumentos técnico-científicos en contra de la aprobación de la DIA del Proyecto San Jorge, basta con leer el resumen de las limitaciones de dicho proyecto, publicado el 25 de noviembre de 2025 por el CONICET Mendoza y sorpresivamente bajado de la página del CONICET el día de la votación en Diputados, un día después. Cito algunos puntos:

• No consideración de los dictámenes sectoriales negativos emitidos por diversos organismos consultados. “En los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos. Muchas de esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.

• Impacto en el recurso hídrico. La mayoría de los estudios de aforos del arroyo El Tigre fueron realizados antes del inicio de la megasequía que afecta a los Andes centrales desde 2010. Por lo tanto, dichos estudios no representan adecuadamente las condiciones reales de sequía observadas entre 2010 y 2022, período considerado análogo a los escenarios de cambio climático proyectados. Los valores registrados son inferiores al caudal declarado por la empresa como demanda para sus actividades productivas (141 L/s), siendo superado únicamente durante el período estival. Esto implica que el aprovechamiento propuesto requeriría la utilización prácticamente total del caudal del arroyo, resultando insuficiente para cubrir la demanda proyectada y comprometiendo, además, la disponibilidad de un caudal ecológico mínimo para el mantenimiento del ecosistema asociado. “Sobre la modelación y riesgo de contaminación del agua subterránea, los trabajos realizados por las consultoras para caracterizar el clima y la hidrología de la zona son precarios”. “No hay información suficiente para argumentar la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata; y existe un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del río Mendoza”.

• Impacto sobre la biodiversidad. En términos generales la información utilizada en el IIA presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta. “Con respecto a la flora, las medidas del plan de manejo son insuficientes al carecer de acciones concretas para la protección, la restauración y la compensación de especies endémicas. En cuanto a la fauna, se observa que la información sobre las técnicas de muestreo es, en algunos casos, incompleta o confusa”.

• Impacto socioeconómico y patrimonial. En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente su incidencia en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados. La creación de empleo se ve acotada por el perfil de la población de la región (siempre sobre la base de datos disponibles). No se cuenta con información fehaciente del impacto en el resto de las actividades económicas preexistentes. El valle de Uspallata posee una historia que se remonta a unos 8000 años y concentra un patrimonio arqueológico e histórico excepcional. Entre sus sitios más relevantes se encuentran los vinculados al período incaico --como el tramo del Camino del Inca y la Ciénaga de Yalguaraz-- que forman parte del QhapaqÑan, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014 como Itinerario Cultural Transnacional. En este contexto, cualquier intervención debe ajustarse estrictamente a la normativa provincial, nacional e internacional. Actualmente se está analizando el Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq), actualización solicitada en el Informe Técnico Sectorial por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos. La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del QhapaqÑan. Además, los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario”. 

• Impacto sobre el suelo. En relación al informe de PSJ sobre la acidificación del suelo, en PSJ las mediciones actuales determinan que, de acuerdo a las muestras, es “potencialmente formador de ácido (riesgo bajo a medio)” o “incierto”. Muestras de suelos fueron clasificadas como “no formadoras de ácido”. La cantidad de muestras de suelo son insuficientes (solo cuatro) y parciales (solo superficiales). La cantidad total (afloramientos, suelo y sondeos) de muestras han sido consideradas insuficientes (dictamen UNC) para evaluar DAM (Drenaje Ácido Minero)”.

Esta semana, el geógrafo de la Universidad de Cuyo, Marcelo Giraud, mandó al Senado de Mendoza un informe explicando los motivos científicos y técnicos que abogan por respetar el principio precautorio enunciado en la Ley General de Ambiente N° 25.675. Hay cada vez más gente en las calles de Mendoza y de los distintos departamentos para presionar el voto en Senadores. Los ciudadanos de Uspallata preparan una gesta libertadora que saldrá el 8 de diciembre para llegar a la Legislatura el 9, el día de la votación en la Cámara Alta. Somos gotas del mismo río es uno de nuestros eslóganes y…este río está a punto de desbordarse. Ojalá inunde toda la provincia y que nuevamente haga retroceder a una clase política cada vez más alejada y desconectada de sus representados.

Fuente: Revista Cítrica