México: Acción urgente ante la agresión narco- paramilitar a la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula

Idioma Español
País México

"Se hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados la comunidad indígena de Santa María Ostula vive momentos muy tensos derivados de la agresión armada por parte de grupos narco-paramilitares pertenecientes al cártel de Los Templarios".

Al Miguel Angel Osorio Chong,Secretario de Gobernación; Jaime Cleofas Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas; Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Salvador Jara Guerrero, Gobernador del estado de Michoacán.

Hechos:

Los hechos iniciales ocurrieron el día lunes 25 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana cuando los agresores emboscaron haciendo uso de armas de grueso calibre al vehículo en que viajaba el primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula Cemeí Verdía Zepeda. Esto ocurrió a la altura del paraje Los Otates sobre la carretera que une el poblado de La Cobanera y la cabecera municipal de Santa María Ostula. En dicho atentado resultó herido el comunitario de Aquila Juan Manuel Sapién Cándido quien se encuentra fuera de peligro.

Tras el atentado, la policía comunitaria de todas las encargaturas de Santa María Ostula, apoyada por los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Aquila desplegaron cerca de 2 mil policías comunitarios desde la sierra hasta la costa, dentro del territorio comunal de Ostula, para lograr la detención, y poner a disposición de las autoridades correspondientes, a los agresores.

Esto llevó a varios enfrentamientos que iniciaron alrededor de las 16:00 horas, en la zona conocida como La Marieta, donde se refugió el grupo de sicarios, quienes fueron rodeados por los comuneros de Ostula. Manteniéndose los agresores atrincherados, fuertemente armados y protegidos por la accidentada topografía donde se realizaron enfrentamientos durante toda la noche del 25 de mayo y hasta mediodía del 26 de mayo. El saldo hasta el momento es de 4 sicarios abatidos, así como Reginaldo Rodríguez y Miguel Ángel Sandoval de las policías comunitarias de Ostula y Aquila muertos en combate.

Contexto:

Cabe destacar que la presente agresión se da en el contexto de la guerra que emprendió la delincuencia organizada, algunos políticos y pequeños propietarios del municipio de Aquila, contra la comunidad indígena de Santa María Ostula. Esta serie de agresiones son la respuesta a las acciones desarrolladas desde el año 2009, cuando la comunidad recuperó más de 1000 hectáreas que les había despojado el crimen organizado.

En particular se ha identificado que los hechos referidos han sido orquestados y ordenados por Mario Álvarez y Federico González alias “Lico”, jefes del cártel de los caballeros templarios en la Costa-Sierra de Michoacán, quienes se han refugiado en la entidad vecina de Colima. A pesar de ser delincuentes conocidos por todos los crímenes que cometieron en los municipios de Chinicuila, Aquila y Coahuayana, no han sido detenidos. Incluso en el caso de Mario Álvarez se pasea pública y cínicamente por las principales calles del centro de la capital del estado de Colima.

Consideramos que los hechos referidos son una respuesta a los trabajos y acciones en defensa del territorio que emprendió la comunidad desde hace un año. Más en concreto, estos hechos son una respuesta a las acciones de la comunidad llevadas a cabo el reciente sábado 23 de mayo, cuando fueron entregadas 106 hectáreas en 53 parcelas de las tierras recuperadas en el año 2009 para ponerlos en resguardo de 54 familias en el poblado de San Diego Xayakalan.

Lo anterior fue una acción acordada por la asamblea general de comuneros de Santa María de Ostula el 12 de junio de 2009 y ratificada el 30 de enero de 2015, con base en el convenio 169 de la OIT, los artículos 2 y 27 dela constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 101 y 102 de la Ley Agraria Vigente, así como por los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Estos terrenos estuvieron invadidos durante varios años por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán. La defensa de los mismos ha costado la vida de 32 comuneros y la desaparición de 5 más, en relación a los cuales no existe acción alguna ni de las autoridades federales ni estatales para castigar y detener a los responsables. En virtud de ello se han realizado juicios comunitarios a personas que tienen algún tipo de responsabilidad en las agresiones en contra de la comunidad, o en el despojo del territorio o de las maderas preciosas.

Tal es el caso del árbol conocido localmente como Sangualica, cuyo nombre científico es Dalbergia granadillo, que según la normatividad vigente se encuentra en peligro de extinción y que durante dos años estuvo siendo explotada por la delincuencia organizada. De acuerdo a la denuncia formal hecha por la comunidad ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), fueron sacadas con la complicidad del gobierno municipal de Aquila. Esta instancia de gobierno incluso prestaba maquinaria para saquear la madera y trasladarla con completa impunidad a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo para ser llevada presuntamente a mercados chinos.

Ante esa situación la comunidad documentó la presencia de 138 metros cúbicos de madera cuartoniada o en rollo, misma que resguardó en el auditorio comunal. Adicionalmente a la denuncia presentada ante la autoridad correspondiente, la comunidad ha solicitado la autorización legal para aprovechar dicha madera. La respuesta de las instancias gubernamentales ha sido pretender decomisar la madera asegurada y consolidar así el despojo que ha costado el sufrimiento de decenas de niños huérfanos y viudas. El resguardo de dicha madera también ha representado para la comunidad el riesgo latente de que los grupos delictivos puedan regresar por el botín millonario. Es claro que la negligencia por parte de las instancias ambientales es también un importante factor de riesgo que amenaza la vida de las familias de Ostula. Mientras que decomisar la madera sería una injusticia histórica pues además del fuerte daño ambiental y material, ha costado la vida de muchos comuneros.

Mientras se realizaba la entrega de tierras arriba referida el pasado sábado 23 de mayo, la comunidad fue notificada por personal del juzgado mixto de primera instancia de Coahuayana de una demanda para disputar un predio de 78 hectáreas de las cuales 36 se encuentran dentro de los terrenos comunales. Esto se da en el contexto de una serie de acciones descaradamente ilegales, por ejemplo por parte del Tribunal Unitario Agrario Número Treinta y Ocho con sede en la Ciudad de Colima, que ha violado sistemáticamente los derechos procesales de la comunidad para no reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos inmemoriales como dueños de estas tierras.

Es importante señalar que dichas 78 hectáreas se tratan de una zona fuertemente ambicionada por la empresa minera de hierro Ternium que opera en la comunidad colindante de Aquila. La presencia de esta empresa en ese lugar ha provocado diversos brotes de violencia por la intromisión de la delincuencia organizada en el robo de hierro que, además, ha devastado el medio ambiente.

Una muestra de lo aquí mencionado, es que ya el pasado 16 de diciembre de 2014 había sido atacado con armas de grueso calibre un vehículo similar a aquel en el que solía viajar el comandante de la policía comunitaria Cemeí Verdía Zepeda. De ese ataque resultaron heridas 4 personas; José Mora Mendoza (24 años), Félix Mejía Valdovinos (24), Salvador Mejía Valdovinos (28) y el niño Miguel Mejía Mora (5 años). Ello es una muestra del alarmante el nivel de riesgo hacia los dirigentes de la policía comunitaria y las autoridades comunitarias.

Es de resaltar que en varias ocasiones, la comunidad ha señalado de manera pública la responsabilidad en los asesinatos, desapariciones y en los recientes atentados en su contra, por parte de Mario Alvarez, dirigente regional del Partido Revolucionario Institucional y de Federico González Medina, jefe de plaza de los llamados caballeros templarios.

POR TODO LO ANTERIOR EXIGIMOS DE MANERA CONJUNTA CON LA RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

1. Que el Estado garantice la seguridad para la comunidad de Santa María Ostula y que establezca medidas de no repetición, siempre en un marco de respeto a los usos y costumbres de la misma comunidad, así como del proceso de la policía comunitaria.

2. Que el Estado garantice el respeto pleno a las garantías necesarias para el funcionamiento de las policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán comandadas por el comunero Cemeí Verdía Zepeda.

3. Que el Estado realice las acciones necesarias para el castigo a los responsables por la muerte de Reginaldo Rodríguez y Miguel Ángel Sandoval de las policías comunitarias de Ostula y Aquila muertos en combate.

4. Que se deje de obstaculizar el legítimo derecho de la comunidad para realizar el aprovechamiento legal de la madera asegurada, pues el negarse a otorgar las garantías legales para ello implica un riesgo latente para la comunidad.

5. Que cese el hostigamiento territorial que han hecho supuestos pequeños propietarios con el apoyo de instancias gubernamentales, empresas mineras e instancias judiciales.

6. Que sean desarticulados los grupos delictivos que continúan operando en el estado de Michoacán, acabando con la impunidad que reinaba en la zona.

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Fuente: Red TDT

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Pueblos indígenas, Tierra, territorio y bienes comunes

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