México: Complicidad de embajada canadiense con atropellos de minera genera indignación
Pobladores del Éjido La Sierrita de Galeana, en el Estado de Durango, expresaron su indignación contra la Embajada de Canadá tras enterarse de su “participación” junto a una minera canadiense en la “violación” de sus derechos.
La difusión de un informe de las organizaciones MiningWatch Canada y United Steelworkers , donde se revela que diplomáticos canadienses fueron cómplices de cuestionables acciones de la minera Excellon Resoruces, originó que la población suscriba un pronunciamiento contra la embajada del referido país.
En él acusan a la entidad canadiense de “incumplir su obligación de promover y proteger los derechos humanos” de la comunidad “ante las violaciones perpetradas por la empresa minera canadiense Excellon Resources Inc”.
El informe denominado “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México” (ver aquí) pone en evidencia el “apoyo incondicional” de la embajada a Excellon, entre julio y octubre de 2012, afirmaron los pobladores.
Como se recuerda, la minera incumplió el contrato por las tierras del éjido, firmado en 2011, al hacer exploración en tierras más allá de lo pactado con la comunidad. Este y otros incumplimientos originaron la rescisión del contrato y una protesta desde inicios de julio de 2012.
Las medidas de fuerza en el área reclamada por el éjido exigían el cumplimiento de los acuerdos y reparaciones por los daños causados pero, finalmente, fueron reprimidas con violencia en octubre de 2012.
Los pobladores refieren que, según el informe, la embajada “estimó pertinente” la represión contra las manifestaciones pacíficas del éjido, a fin de garantizar que continúen las operaciones de la minera.
Asimismo, señalan que la embajada “estaba dispuesta a espiar a pobladores, a presionar a oficiales del Estado a favor de la empresa”.
Según la misma fuente, un intento de desalojo de la protesta de la población, en la que participaron “alrededor de 100 elementos de seguridad federal, estatal y municipal” tuvo la anuencia de los diplomáticos canadienses.
Igualmente, señala que luego del “desmantelamiento violento” de la manifestación, ocurrido el 24 de octubre de 2012, el Delegado Comercial de la Embajada, Wayne Robson, felicitó por su nombramiento al presidente de la empresa, Brendan Cahill.
“Esperamos continuar trabajando con usted en el próximo año”, expresó el diplomático en su mensaje.
En el pronunciamiento, el Comisariado Ejidal de La Sierrita consideró “injusto e irrazonable” el apoyo de la embajada a la empresa porque los ejidatarios en todo momento estuvieron dispuestos al diálogo, mientras que la empresa careció de voluntad en revisar los incumplimientos del contrato.
Finalmente, expresaron su confianza en que la embajada construirá una nueva relación con la comunidad basada en el respeto a sus derechos.
El informe
El informe se basa en casi 200 páginas de documentos internos procurados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD).
La documentación señala que la embajada y la empresa compartieron información de los ejidatarios y su equipo legal sin su consentimiento.
Los autores no han encontrado evidencias de que la embajada haya exhortado a la empresa a entablar el diálogo con el éjido acerca de temas sociales, ambientales y laborales pendientes, ni a respetar el derecho a la protesta pacífica de la población.
Por el contrario, afirma que los documentos evidencian la complicidad de la embajada con los intentos de la minera por evadir sus obligaciones sociales, ambientales y laborales con el éjido.
Señala también que la embajada posibilitó relaciones en el ámbito estatal que pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad y que “se saquearan sus pertenencias” a fin de que la empresa siga trabajando sin el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el éjido y sus trabajadores.
El informe concluye que este caso sería un ejemplo de la “política económica” que estaría desarrollando el Gobierno de Canadá por la cual la totalidad del equipo diplomático canadiense “se mantendrá al servicio de los intereses privados” .
Indica también que los documentos estudiados muestran un panorama preocupante del rol de la diplomacia canadiense en mantener el estado de impunidad que gozan las mineras en México, “limitando las vías efectivas” de los trabajadores y comunidades “para dar un procesamiento concreto a sus quejas”.
Fuente: Servindi