México: represión en Selva Lacandona: pronunciamiento de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y al Territorio

Para su conocimiento, y sobre todo, difusión:

Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 21 de noviembre de 2006.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES A LA PRENSA ESTATAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Con gran indignación, los abajo firmantes, miembros de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y al Territorio, hemos conocido la agresión violenta y brutal de la que han sido objeto nuestras hermanas y hermanos del Ejido de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, en la Selva Lacandona. Por lo que, como red que lucha por hacer efectivo el elemental derecho al Territorio y a la Tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas, así como por el estricto respeto a los derechos humanos, politicos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, que protegen a dichos Pueblos y Comunidades, queremos expresar lo siguiente:

1.-El Decreto de Reconocimiento y Titulación de los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, publicado en marzo de 1972 –mediante el cual originalmente se le concedieron a 66 familias maya caribes, 614,000 hectáreas de selva- se fundamenta en una serie de irregularidades y falsedades que lo hacen ilegítimo y nulo de origen.

2.- Este fraude agrario –cuya motivación real y de fondo era facilitar la explotación de maderas preciosas por parte de la Empresa COFOLASA- se realizó ignorando los derechos a agrarios y humanos, de más de 45 poblaciones tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales que ya vivían en la selva y que desde entonces se encontraban exigiendo su regularización y reconocimiento agrario; concediéndoles en cambio, el estatus de irregulares e invasores de las tierras “propiedad de los Lacandones”.

3.- Desde entonces, todos los poblados considerados irregulares por esta decisión fraudulenta y arbitraria, han venido sufriendo presiones y amenazas de parte de los gobiernos federal y estatal, así como agresiones directas por parte de los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona

4.- En el caso que nos ocupa –Viejo Velasco Suárez- la primer agresión violenta e intento de desalojo, se dio en el año de 1981. Una más, en 1982, en la que les fueron quemadas sus casas y otra en el año de 1983; ésta última con la complicidad abierta de la Policía de Seguridad Pública estatal.

5.- Que no obstante, pese a la forma arbitraria e ilegítima como se impuso el Decreto de la llamada Comunidad Lacandona, y muy a pesar de las agresiones sufridas, los Poblados Flor de Cacao, Nuevo Tila, Nuevo Progreso, San Jacinto Lacanjá y Dr. Manuel Velasco Suárez (hoy Viejo Velasco Suárez, victima reciente de la agresión) firmaron desde octubre de 1984, un Convenio con la Comunidad Lacandona y la SRA, aceptando les fueran asignadas nuevas tierras para vivir, en la denominada Zona de El Desempeño, mismas por las que hoy se les acusa de estar invadiendo.

6.- Siete años después –en marzo de 1991- el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, se comprometió nuevamente a respetar la decisión de estos poblados "irregulares", en el sentido de asentarse en las tierras asignadas en El Desempeño, constatando el gobierno del estado de Chiapas que los poblados de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao, Dr Manuel Velasco Suárez y Nuevo Progreso, se encontraban fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

7.- Durante el interinato de Roberto Albores (1998-2000) se desarrolló en la zona una verdadera guerra de baja intensidad, sembrando división, odio y muerte entre las comunidades. Esto provocó que en Viejo Velasco hubiera entonces un enfrentamiento entre priístas y bases zapatistas, con un saldo de 2 muertos, abandonando ambos grupos sus tierras, cosa que aprovecharon alguna familias de Nueva Palestina, quienes pretendieron posesionarse de ese lugar. Sin embargo, al poco tiempo, comienzan a retornar los fundadores originales, reclamando sus derechos.

8.- En el 2004 la SRA, con apoyo del gobierno del estado de Chiapas, reinició las presiones e intimidaciones en contra de 28 poblados indígenas asentados en las zonas El Desempeño y Valle de Santo Domingo, con el fin de lograr su reubicación forzosa, bajo la acusación de ser “invasores” de terreno lacandón.

9.- En abril de 2005, ingenieros topógrafos del sector agrario, acompañados de 22 subcomuneros del poblado Nueva Palestina (pertenecientes a la llamada Comunidad Lacandona) entraron a la zona, con el fin de verificar el lindero de los supuestos bienes comunales, dado que los comuneros había aceptado el PROCECOM. Esto provocó la reacción inmediata y la organización de los 28 poblados amenazados de desalojo, quienes arraigaron comunitariamente a los topógrafos y subcomuneros, obligando al gobierno a negociar.

10.- Producto de esta negociación -realizada en el marco de la llamada Mesa de Atención Interinstitucional de El Limonar- los gobiernos federal y estatal reconocen los derechos agrarios de estos 28 ejidos, comprometiéndose -mediante acuerdos firmados el 21 de noviembre de 2005- a regularizarlos. Entre estos 28 se encontraba Viejo Velasco Suárez.

11.- Sin embargo, a partir del mes de febrero de este año, desconociendo su palabra y su firma, el gobierno les niega la regularización y el reconocimiento agrario a los ejidos de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez, reiniciándose nuevamente las presiones gubernamentales para lograr su reubicación forzosa, y las amenazas y provocaciones contra los habitantes de estos poblados, por parte de comuneros de la Zona Lacandona,

12.- Estas presiones y amenazas fueron denunciadas públicamente los meses de junio, julio y agosto de este año, por parte de diversos Organismos Defensores de Derechos Humanos integrantes de esta red, solicitándole a los gobiernos federal y estatal, que actuaran para garantizar la integridad y los derechos de las 4 comunidades amenazadas.

Se denunció entonces también, que varias familias indígenas de Viejo Velasco y Ojo de Agua habían sido presionadas e intimidadas para obligarlas a firmar y aceptar su reubicación, en tanto que otras se habían negado a hacerlo, estando en un riesgo inminente de represión.

13.- Que estando en su legitimo derecho, y reivindicando la histórica lucha de este poblado por el reconocimiento a su territorio, retornan entonces 17 de las 22 familias bases de apoyo zapatistas que se habían desplazado por el enfrentamiento de 1999.

14.- Que en contrapartida, los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona; en particular aquellos pertenecientes a Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, buscan favorecer a intereses empresariales biotecnológicos, “ecoturísticos” y madereros, con miras a privatizar los ricos y estratégicos recursos naturales ahí existentes, a cambio de migajas.

15.- Que en ese contexto se enmarca la violenta y, hasta la fecha, impune agresión ejercida el pasado 13 de noviembre, en contra de las 17 familias ch’oles y tseltales del poblado Viejo Velasco, por parte de más de 200 personas identificadas por las víctimas, como integrantes de la “Comunidad Lacandona”, quienes –según reportes emitidos por la Comisión Civil de Observación que se trasladó a la zona- portaban armas de alto poder, así como uniformes tipo militar y algunos de ellos, capuchas. Este operativo represivo, que tuvo todas las características de los realizados en años anteriores por grupos paramilitares, ha tenido un saldo a la fecha de 4 muertos, 4 desaparecidos y 38 desplazados (hombres, mujeres y niñ@s).

Por todo lo anterior, como organizaciones integrantes de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y el Territorio del estado de Chiapas, exigimos:

- Fin a la impunidad. Nos sumamos al llamado para exigir el desarme inmediato de todos los grupos indígenas armados de forma irregular, que operan en los poblados de Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal (integrantes de la llamada Comunidad Lacandona); que se investigue a fondo este acto de brutalidad y se castigue con todo el peso de la Ley, a los agresores y asesinos.

- Alto a la represión y al hostigamiento. Cese inmediato de toda nueva acción de intimidación, represión y desalojo, en contra de las comunidades indígenas de Viejo Velazco Suárez, Ojo de Agua el Progreso ó Tsotsil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá; al mismo tiempo, que se respeten y se se hagan respetar, sus elementales derechos al Territorio, a la integridad y a la vida.

- Justicia. La libertad inmediata del compañero indígena Diego Arcos Meneses, detenido sin justificación alguna y quien –según su propio testimonio- ha sido objeto de tortura, para vincularlo como uno de los responsables de esta masacre. Exigimos también que se investigue a fondo el paradero de los 4 compañeros desaparecidos, quienes -según el testimonio de una compañera indígena liberada por los “lacandones”- pudieron haber sido ejecutados.

- Finalmente, señalamos a Vicente Fox y a Pablo Salazar, en su calidad de cabezas del Ejecutivo Federal y Estatal, como corresponsables de esta masacre, pues además de haber sido advertidos oportuna y públicamente sobre la inminencia de esta agresión armada y no haber actuado para evitarla –lo que los convierte en cómplices por omisión- gran parte de la problemática que le dio origen, se debe a la corrupción, negligencia o incapacidad, con la que funcionarios gubernamentales -de todo nivel y que están o estaban bajo su mando- han venido enfrentando este grave problema social y agrario.

En particular, exigimos se investigue la responsabilidad que pudieron haber tenido en estos hechos y en sus causas de origen, la Lic. Martha Cecilia Díaz Gordillo, ex Delegada especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Diputada Federal por el Partido Acción Nacional; el C.P. Rubén Velázquez, ex titular de la Mesa Agraria Ambiental y ex Secretario de Gobierno, hoy senador por el Partido de la Revolución Democrática; el Lic. Rafael Arellanes, exSubsecretario de Gobierno, ex coordinador de la Mesa de Atención Interinstitucional de el Limonar y ex candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo; el Lic. Pedro Álvarez Icaza, Director del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)(CONABIO/GEF Banco Mundial); el Lic. Rodolfo Diaz Sarvide, Director del Programa de Desarrollo Sustentable de la Selva (PRODESIS/Unión Europea); y, particularmente en este caso específico de agresión violenta, el Prof. Gabriel Montoya, ex dirigente de la Organización Yashil Atel, excandidato a presidente municipal de Altamirano por el Partido de la Revolución Democrática y actual Delegado de Gobierno en Benemérito de las Américas. Sobre todos ellos, pueblos y comunidades indígenas involucradas en la problemática agraria y ambiental de la región Montes Azules, han venido efectuando denuncias sobre graves irregularidades en su desempeño administrativo y político.

Atentamente

¡La Tierra no se vende, se trabaja y se defiende !

- Antena Civil (Ocosingo Chiapas)
- Autoridades Comunales de Nicolás Ruiz, Chiapas
- Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Ansetik
- Comité de Defensa de los Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada
- Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Popolucas del Sur de Veracruz
- Enlace, Comunicación y Capacitación, A. C.
- Equipo Tierra y Territorio- Fundación León XIII
- Movimiento Agrario Indígena Zapatista
- Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MPRS)
- Maderas del Pueblo del Sureste, A. C.
- Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo