Minería submarina: México se enfrenta a compañía de EE.UU. que busca extraer fósforo del mar en Baja California Sur

Un día de octubre de 2012, pescadores de la comunidad costera de Las Barrancas detectaron una embarcación inusual en las aguas del Golfo de Ulloa, donde trabajan, en la península de Baja California Sur, al extremo noroeste de México.

No parecía un barco atunero, sardinero o camaronero, de los que a menudo tienen que reportar a las autoridades por entrar ilegalmente a explotar las aguas donde la cooperativa tiene permisos de pesca exclusivos para abulón, langosta o caracol. A esa extraña embarcación la detectaron desde las casetas de avistamiento y también mediante los radares de monitoreo que han instalado durante años para combatir por su cuenta la pesca ilegal.

“Conocemos todos los barcos pesqueros, pero no sabíamos qué embarcación era esta”, recuerda Tomás Camacho, presidente del consejo de administración de Puerto Chale SCL, una de las 649 cooperativas de pesca creadas desde el siglo pasado a lo largo de la costa sudcaliforniana, que dan trabajo a poco más de 5000 pescadores.

El misterioso barco era el Dorado Discovery, una nave de investigación de 96 metros de eslora que en ese momento (entre 2012 y 2013) realizaba una extensa campaña de prospección y muestreo del fondo marino para la empresa Odyssey Marine Exploration.

Esta compañía estadounidense, experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo de los mares, analizaba la viabilidad de explotar otro tipo de riqueza submarina: fosfato disuelto en arenas del lecho oceánico. Este mineral es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza masivamente en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas.

Odyssey tenía en la mira esta potencial riqueza desde que inició sus estudios de la zona en 2010 y para junio del 2012 ya había obtenido una concesión minera de 2680 kilómetros cuadrados a través de su filial en México, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.

En 2014, la Dirección General de Minas de México le otorgó dos concesiones adicionales totalizando un área de 3029 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos veces la Ciudad de México. Esta área se superpone con un punto del Pacífico noroccidental  clasificado por científicos de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica como “centro de actividad biológica”, donde existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.

La concesión minera fue bautizada “Oceánica”, pero el proyecto minero en su conjunto sería conocido como Don Diego, por el nombre del yacimiento en el que se concentraría la explotación.

Según documentos de Odyssey Marine Exploration, se trata de “uno de los depósitos de fosfato más grandes y altos de grado in situ en el mundo y el único recurso marino de este tipo hallado en México”. Con casi 588 millones de toneladas de fosforita, es capaz de satisfacer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo, agrega la empresa.

El plan de extracción de la empresa es succionar las arenas fosfáticas desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego devolvería con otro tubo el excedente al lecho marino. Aunque Odyssey alega que la tecnología de dragado submarino existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha probado en ninguna parte.

La química oceánica Janette Murillo, quien ha estudiado distintos puntos costeros de Baja California, advierte que sólo la remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.

“Si se remueven esos sedimentos van a estar liberando en disolución el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser tomado por organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos”, explica la investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar, IPN).

Los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos tan solo durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012.

Desde 2014, Camacho y sus compañeros en la cooperativa Puerto Chale, al igual que otros pescadores, activistas, científicos, líderes políticos y ciudadanos en Baja California Sur, han rechazado pública y continuamente el proyecto Don Diego y exigido su cancelación.

México, condenado a pagar 37 millones de dólares

Entre 2012 y 2018, Odyssey Marine Exploration empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno mexicano le autorizase a emprender su mina submarina.

En 2019, tras al menos dos negativas de la Secretaría de Medio Ambiente para autorizar el proyecto (2014 y 2016), la empresa demandó al gobierno mexicano por supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. De acuerdo con el procedimiento para dirimir controversias contemplado en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, el caso sería revisado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la entidad del Banco Mundial para dirimir diferencias entre gobiernos e inversionistas.

La disputa legal transcurrió al margen de la pandemia por Covid-19 y de la última elección presidencial en México, y llegó a una conclusión el 17 de septiembre de 2024, cuando dos de los tres jueces que integraron  el tribunal del CIADI para el caso dieron la razón a Odyssey. Según  el laudo del tribunal, la negación de los permisos ambientales para la mina submarina se basó en “una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental” y no en la evaluación de la evidencia científica presentada por la empresa.

Aunque Odyssey demandó una indemnización superior a los 3000 millones de dólares, el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37.

El gobierno de México respondió dos días después con  un comunicado en el que desaprobó el fallo del tribunal y anunció que interpondría un recurso de apelación. A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.

Ante la solicitud de Mongabay Latam, la dirección jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía confirmó a principios de junio que la apelación contra el fallo del tribunal de arbitraje ya fue presentada, pero informaron que no podían dar más información debido a que el caso se encuentra en litigio. Sin embargo, expertos en derecho comercial e internacional explicaron que, por la manera en que funcionan estas instancias de arbitraje, es sumamente difícil que México pueda revertir el fallo en su contra.

“Un laudo novedoso en el peor de los sentidos”

El fallo del tribunal de arbitraje contra México se basó en un presunto comportamiento parcial del entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachianno (2015-2018). Según el laudo, de acuerdo con testimonios de dos subalternos en el mismo ministerio, el funcionario habría dado instrucciones explícitas para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negara las autorizaciones, motivado en “razones personales relacionadas con los propios intereses del Sr. Pacchiano”.

En  su comunicado de desaprobación al laudo arbitral del 19 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano reitera los argumentos presentados durante el juicio de arbitraje: que el proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus), entre otros—; que la empresa Odyssey carecía de experiencia minera porque su actividad principal había sido la búsqueda de tesoros marinos; y que las técnicas de dragado del lecho marino propuestas por la empresa no se habían realizado en ninguna parte del mundo.

Además, el gobierno mexicano consideró que el tribunal de arbitraje dio “un peso desproporcionado” a las declaraciones de los dos empleados de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes, según se dio a conocer en el juicio, recibieron de Odyssey un pago cuantioso como compensación al tiempo dedicado en presentar su testimonio. Esto fue calificado por el gobierno mexicano como un conflicto de interés.

Los argumentos defendidos por México son compartidos dentro del país por colectivos de activistas, científicos y especialistas en derecho ambiental internacional. Entre estos últimos se encuentra Phillippe Sands, un abogado francobritánico que, además de ser el árbitro elegido por México durante el arbitraje comercial, es una autoridad internacional en materia de juicios internacionales, autor de más de una docena de libros en la materia y profesor en las universidades del Colegio de Londres (UCL) y Harvard.

En una “opinión disidente” publicada en el laudo del tribunal, Sands hace una dura crítica al trabajo de sus colegas en el tribunal. Según Sands, los abogados no solo habrían hecho una errada interpretación de la ley, sino que habrían omitido información clave. Los acusa de “ignorar pruebas en cuanto al daño ambiental en su totalidad”, como por ejemplo las que dan cuenta de que el proyecto impactará el hábitat de tortugas marinas —incluyendo la amenazada tortuga caguama o cabezona—, de ballenas y de otros mamíferos marinos.

“A modo de conclusión, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”,  escribe el jurista británico, quien ha participado en más de un centenar de casos de arbitraje internacional.

El experto en impacto ambiental Carlos del Razo, quien colaboró en el arbitraje como asesor del gobierno mexicano, lamenta que los argumentos ambientales, como por ejemplo el alcance del principio precautorio, la regulación de actividades extractivas específicas o de las medidas de mitigación de daños, hayan quedado soslayados por el supuesto abuso administrativo contra Odyssey a manos de las autoridades mexicanas.

“El laudo se volcó a revisar si el inversionista había sido tratado indebidamente por razones metajurídicas (los supuestos intereses políticos o personales del ex secretario Rafael Pacchiano), más allá de la biodiversidad”, explicó Del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. “Aunque pueda haber asuntos polémicos, si la decisión del Estado mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente no va en contra de sus propios principios y lineamientos en materia ambiental, la verdad es que no deberíamos discutir mucho más”, dijo.

En línea con Philippe Sands, Del Razo considera que este laudo sienta un precedente negativo para futuros arbitrajes de inversión, debido a que constituye una especie de jurisprudencia que tendrán que atender los jueces de controversias similares a la hora de emitir sus resoluciones, con potenciales efectos en la política y gestión ambiental de Estados soberanos.

“Lo que hace este laudo es prácticamente minimizar o soslayar la capacidad regulatoria que tienen los Estados para decidir sobre el manejo de sus recursos naturales, territorio y medio ambiente”, explica Del Razo.

Odyssey, por su parte, aseguró a Mongabay Latam que el caso “no era una disputa al derecho soberano de México para regular, sino a la manera en que fue tomada esta decisión en particular”. “El caso de Odyssey […] nunca se trató de priorizar los derechos de los inversionistas sobre las protecciones ambientales”, indicó la empresa vía correo electrónico.

“Se trató de asegurar trato justo y equitativo a un proyecto que había demostrado cumplir y, en muchos aspectos, superar los estándares ambientales. Creemos que este precedente no menoscaba la protección ambiental, sino que fortalece la confianza en los marcos legales que son esenciales tanto para la inversión responsable como para la gobernanza de los recursos”, indicó.

“Una industria desconocida en un ecosistema desconocido”

Aunque una parte de los estudios justificativos presentados por Odyssey para el proyecto Don Diego se basaron en experiencias limitadas en el Reino Unido, la minería submarina es uno de los temas clave y más preocupantes para la conservación de los océanos.

De hecho, a nivel internacional está en pausa tanto por la falta de información científica suficiente como por la ausencia de reglas para contener sus peores impactos.

En las aguas nacionales, donde rigen las leyes de los Estados-Nación, solo algunos países como Noruega, Suecia y las Islas Cook han regulado legalmente la minería submarina. Mientras que en aguas internacionales, los países miembro del sistema de Naciones Unidas se debaten entre poner una moratoria a esta actividad —con México apoyando esta medida— o, ante la presión de los desarrolladores y los mercados, autorizarla mediante una regulación basada en información incompleta. Las negociaciones continúan en el seno de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de la ONU, que podría tomar una decisión durante su reunión anual en julio.

Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, que se llevó a cabo entre el 9 y 13 junio de 2025,  37 países renovaron su llamado a una moratoria global a la minería en aguas profundas. El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a ella como una “locura” y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lo respaldó señalando que “las profundidades marinas no pueden convertirse en el Salvaje Oeste”.

En este contexto, “el proyecto Don Diego se adelantó a la discusión internacional y empezó a avanzar dentro del país”, dice Diego Lillo, abogado senior para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El proyecto Don Diego fue propuesto por la empresa Odyssey a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros de la costa de Baja California, en las aguas relativamente someras de la plataforma continental de esta península y dentro de la zona económica exclusiva, una franja de 370 kilómetros desde la costa, por lo que es facultad exclusiva del Estado mexicano autorizar o negar el proyecto.

“Es una industria que se desenvuelve en un entorno natural que es el ecosistema menos estudiado del planeta. En ese sentido, se combinan la novedad, la incertidumbre científica y un tercer componente, que es la insuficiencia o inaptitud de las regulaciones vigentes para adelantarse a los efectos que una industria desconocida pueda tener sobre un ecosistema también desconocido”, explica Lillo.

Desde 2015, en plena revisión del impacto ambiental de Don Diego, AIDA solicitó públicamente al gobierno mexicano la cancelación del proyecto por carecer de información técnica suficiente para garantizar la estabilidad del ecosistema marino.

En abril de 2023, después de considerar el caso Don Diego y otros a lo largo del país denunciados por la sociedad civil, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a su Ley de Minería en vigor desde 1992. Estos cambios acotaron las actividades mineras en general y pusieron un alto definitivo a la minería submarina.

La nueva  ley de minería prohíbe las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar.

Sin embargo, legisladores de la oposición acusaron de inconstitucionales las modificaciones a la ley minera y las impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, que ya en 2024 concedió un amparo a un particular contra los efectos de la ley modificada.

La colectiva  CambiémoslaYa, que ha agrupado a académicos, activistas y comunidades afectadas por la minería en todo México para impulsar los cambios a la ley minera, ha advertido que si los ministros de la Corte aceptan la inconstitucionalidad denunciada, devolverían a México al escenario de 1992, caracterizado por dar preferencia al extractivismo minero sobre los pueblos y el medio ambiente.

El reglamento de la nueva ley minera está siendo elaborado por el actual gobierno de México en conjunto con representantes de la industria minera y entre organizaciones defensoras del medio ambiente hay nerviosismo.

“Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala”

A pesar de que el gobierno mexicano le negó a Odyssey Marine Exploration las autorizaciones de impacto ambiental y retiró las concesiones mineras, la empresa insiste en impulsar su proyecto.

Mark Gordon, el director ejecutivo de Odyssey, ha explicado a medios especializados que su intención es crear una asociación público privada con el gobierno de México, en la que la empresa estadounidense mantenga una participación del 35 %. El resto quedaría dividido entre inversionistas mexicanos y empresas estatales de México, empezando por Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente produce el mayor volumen de fertilizantes en México, según el ejecutivo.

“El proyecto de fosfato en México está muy avanzado. Estamos en el punto de la curva de valor en que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno mexicano, si quiere proceder. Podemos entrar a producción en 12 o 18 meses”, explicó Mark Gordon en abril pasado en el podcast  WTR Small-Cap Spotlight.

Según Gordon, “la clave en México” está en “tener el socio adecuado” que sepa “navegar el régimen regulatorio local”. Para ello anunciaron una alianza con la empresa Capital Latinoamericana SA de CV, presidida por Juan Cortina Gallardo. Este empresario mexicano lideró hasta febrero pasado el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), una de las coaliciones agroempresariales más importantes del país, y en diciembre lideró una coinversión de 4 millones de dólares en Odyssey, aseguró Gordon.

La presión ejercida por la empresa con sede en Florida para conseguir la aceptación de la mina Don Diego tuvo efectos negativos en la sociedad bajacaliforniana, incluyendo señalamientos de supuesta persecución contra opositores y degradación de la discusión científica.

En 2015, después de participar en consultas públicas sobre el proyecto, el entonces presidente de la cooperativa de pesca Puerto Chale, Florencio Aguilar, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por Odyssey en 2015, junto al periodista Carlos Ibarra. Florencio Aguilar recuerda que la denuncia era tan absurda que prácticamente los acusaban de conspirar contra el desarrollo económico de México.

“Desgraciadamente la economía manda más que cualquier cosa legal”, explica el líder pesquero. “Sentí el apoyo de la gente que me respaldó y eso me dio valor para seguir en la defensa de nuestros mares”.

Debido al antecedente con Odyssey y a otros proyectos mineros acumulados en Baja California Sur a lo largo de los años, la sociedad sudcaliforniana tiene claro que no puede bajar la guardia.

“Hemos aprendido a no ser optimistas y eso nos ha hecho más efectivos porque el optimismo nos lleva a confiarnos y a bajar la guardia”, explica Jorge del Ángel, biólogo marino y vicepresidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.

“El discurso ahora es que el fosfato es super necesario como fertilizante y que si no se mina el fondo del mar todos nos vamos a morir de hambre”, añade Del Ángel. “En todo este tiempo hemos aprendido que ninguna empresa se queda tranquila diciendo ‘bueno, me lo negaron’. Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala, hasta que sus inversionistas se cansen”.

Fuente: Mongabay