Nuevos datos revelan la gravedad de las demandas de arbitraje inversionista-estado (ISDS) contra Honduras

Este país centroamericano se enfrenta actualmente a una avalancha de demandas de arbitraje internacional en tribunales corporativos secretos, de las cuales más de un tercio provienen del sector de las energías renovables. Este encuentro se enfocará en los impactos negativos y en la resistencia de las comunidades a los proyectos de energía solar que se beneficiaron de la profundización de la privatización y la gran cantidad de contratos de energía renovable aprobados en 2014, durante el período conocido como la narcodictadura en Honduras.

Como parte de este importante encuentro, el 14 de julio, IPS, TNI, HNS y TerraJusta publicaron  cifras actualizadas sobre las demandas de arbitraje en contra Honduras, complementando el informe publicado en septiembre de 2024 titulado «Inversiones mafiosas contra Honduras». Las nuevas demandas y más información detallada sobre las cantidades de dinero que las empresas reclaman a Honduras en los arbitrajes, ponen de manifiesto la gravedad del ataque corporativo contra las reformas del Gobierno y la resistencia comunitaria a las políticas y proyectos que amenazan el medio ambiente, la salud comunitaria y los derechos humanos. Casi todas las inversiones involucradas se realizaron durante los doce años de la narcodictadura, entre 2010 y 2022, muchas de las cuales dieron lugar a importantes protestas comunitarias y a un movimiento de oposición nacional.

Las empresas están utilizando el arbitraje internacional en contra de Honduras como un arma corporativa en contra de medidas que, según ellos, reducirían sus ganancias potenciales, como las reformas para hacer más asequible la electricidad y la derogación de la legislación que permite el establecimiento de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). También buscan sacar provecho de inversiones fallidas. Por ejemplo, un proyecto privado de peaje es el centro de una demanda de 180 millones de dólares, detrás de la cual se encuentran grandes bancos estadounidenses, entre ellos JP Morgan Chase Bank y dos fondos de Goldman Sachs. El proyecto se detuvo después de que las comunidades locales se opusieron tenazmente, debido a la amenaza de aumento del precio de los alimentos, las tarifas de autobús y sus desplazamientos diarios.

Desde la publicación del informe Inversiones mafiosas contra Honduras en 2024, el número de demandas de arbitraje que las empresas transnacionales y hondureñas han presentado contra Honduras ha aumentado con dos nuevas demandas presentadas en mayo de 2025.  Datos recientes revelan además que el monto total que las empresas reclaman a Honduras, el segundo país más empobrecido del hemisferio, asciende a 19,440 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 55 % del PIB de Honduras en 2024.

Solo en el sector eléctrico se han presentado siete demandas. Estas demandas suman más de 1,600 millones de dólares, una cifra superior al ahorro estimado que el Gobierno hondureño prevé obtener con la renegociación de los contratos de energía renovable en virtud de una nueva ley aprobada en 2022. Entre las empresas eléctricas que han demandado a Honduras se encuentran la institución financiera noruega y fondo de inversión KLP Norfund Investments, y X-Elio, propiedad al 100 % de la empresa canadiense de gestión de activos Brookfield.

Las empresas transnacionales tienen el recurso exclusivo de demandar a los gobiernos ante tribunales secretos a través de una red global de más de 2,500 acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con capítulos sobre protección de inversiones. En el caso de Honduras, las empresas pueden presentar demandas en virtud de las disposiciones de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los acuerdos de libre comercio (TLC), los contratos y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 2011, aprobada poco después del golpe de Estado respaldado por el ejército el año 2009, para supuestamente «abrir Honduras a los negocios».

El castigo económico que suponen las demandas corporativas y la presión que ejercen sobre la toma de decisiones públicas ha llevado a algunos gobiernos a reconsiderar el riesgo y a empezar a eliminar las disposiciones sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) de los acuerdos de inversión (TBI). Tras recibir una serie de demandas en 2023 y 2024, Honduras anunció su retirada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la instancia en donde se presentan con mayor frecuencia las demandas de las empresas en contra de estados soberanos. Si bien esto es un indicador notable de la inconformidad del gobierno con el sistema de protección de los inversionistas extranjeros, no ha sido suficiente para evitar nuevas demandas contra el país.

En mayo de 2025, dos empresas presentaron nuevas demandas en contra Honduras.

El Aeropuerto Internacional Palmerola (PIA) presentó una segunda demanda contra Honduras por 300 millones de dólares, poco después de retirar su demanda inicial de 10 millones de dólares por supuestos incumplimientos por parte del Estado en el marco de un contrato de alianza público-privada. El PIA es propiedad del Grupo EMCO y está controlado por Lenir Pérez, miembro de la élite hondureña que se benefició del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente encarcelado en Nueva York, EE.UU., por narcotráfico y delitos relacionados con armas. El Grupo EMCO también es propietario de un proyecto de extracción de mineral de hierro muy controvertido en el municipio de Tocoa, donde el conocido defensor del medio ambiente, Juan López, fue asesinado en septiembre de 2024.

A pesar de que el Gobierno hondureño anunció que PIA desistiría de su primer caso a principios de este año, PIA interpuso en mayo una nueva demanda en virtud de las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), alegando incumplimientos del DR-CAFTA y del TLC entre Centroamérica y Panamá. La empresa alega que el Gobierno no ha cumplido un memorando de entendimiento y ha interferido con la operación del aeropuerto.

Además, tras amenazar con un posible arbitraje en 2024 por la derogación de la legislación que permite las ciudades modelo, conocidas en Honduras como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la empresa estadounidense Overseas Real Estate LLC presentó en mayo de este año una demanda en virtud de las normas de arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI, por su inversión en la ZEDE de Morazán, en la ciudad de Choloma. La empresa alega incumplimientos del DR-CAFTA y de un acuerdo de estabilidad jurídica y protección de los inversores. El medio de comunicación Criterio Hn informa de que la empresa reclama al menos 100 millones de dólares.

Este preocupante asalto corporativo en contra Honduras es otra llamada de atención sobre la profunda injusticia del sistema de protección de inversiones extranjeras, que privilegia la ganancia privada a costa de todo lo demás. Es el pueblo hondureño el que, en última instancia, pagará el precio, tanto por la enorme presión que estas demandas ejercen para limitar la toma de decisiones públicas, así como los costes económicos de cualquier compensación en beneficio de las empresas privadas, pero también los costes relacionados a la defensa legal del Estado. Anteriormente, reconocimos la decisión de Honduras de abandonar el CIADI del Banco Mundial como un buen y necesario primer paso para desmantelar el sistema. Sin embargo, los últimos acontecimientos confirman que es necesario revisar o retirarse de los acuerdos que permiten a las empresas recurrir al arbitraje ISDS, es decir, revisar los TBI y los TLC. De lo contrario, el país seguirá expuesto al riesgo de más demandas corporativas injustas.

El encuentro que se celebrará en Choluteca del 14 al 16 de julio, realizará un análisis de contexto y un vínculo entre los impactos locales de las inversiones en energías renovables con las demandas internacionales que no solo socavan la soberanía del pueblo hondureño para decidir sobre las políticas y los proyectos en el sector, sino que también han tenido graves repercusiones sociales y medioambientales para las comunidades aledañas.

El 16 de julio, TerraJusta retransmitirá en directo por  Facebook un foro público y una rueda de prensa relacionada al Encuentro, momento en el que también publicaremos un comunicado de prensa conjunto con las organizaciones locales y las comunidades afectadas que asistan al evento.

Fuente: Bilaterals