Organizaciones denuncian 30 meses de persecución contra los líderes de Santa Marta
“En la historia de la persecución política en El Salvador quedará marcado el 11 de enero de 2023, durante la madrugada de ese día fueron detenidos cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, con una acusación que pronto se demostró que era falsa”, afirmó Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.
Leiva señaló que el caso fue fabricado con el propósito de criminalizar y perseguir penalmente a los cinco líderes, debido a su labor de defensa del medio ambiente especialmente por denunciar los intentos de reactivar la minería metálica.
A criterio de Leiva, el caso es también una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional y revictimización de una comunidad que fue víctima de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares durante la guerra civil.
Los líderes de Santa Marta fueron sobreseídos definitivamente en octubre de 2024, pero un mes después por petición de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en el Juzgado de Sentencia de San Vicente, la nueva vista pública ha sido suspendida 5 veces y finalmente la ha reprogramado para los días 29, 30 y 31de julio.
“Son 30 meses de violación del debido proceso y violaciones a sus derechos humanos, sobre todo durante los 8 meses que estuvieron en prisión, ahí sufrieron violencia, hambre, sed, enfermedades y otras consecuencias del hacinamiento, la insalubridad y demás condiciones carcelarias”, enfatizó el representante de ADES.
Externó que durante estos 30 meses los líderes no han podido trabajar para su comunidad y organización, tampoco defender el medioambiente, ni llevar sustento a sus familias.
Las organizaciones sociales denunciaron que durante estos 30 meses otros activistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos han sido perseguidos, entre estos, Atilio Montalvo, José Santos Melara y demás dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz; Fidel Zavala, Eugenio Chicas, Alejandro Enríquez, Ángel Pérez, Ruth López y Enrique Anaya.
Otros y otras han escapado de la persecución exiliándose
Leiva y el resto de representantes del movimiento popular consideraron que esa persecución podría agravarse con la implementación arbitraria y discrecional de la Ley de Agentes Extranjeros.
Frente a este escenario de persecución es necesario resistir e insistir en la demanda de libertad para los líderes ambientalistas, y los demás defensores perseguidos por defender derechos humanos, denunciar abusos de poder, reivindicar la democracia y acompañar las demandas de las comunidades.
Entre tanto, Francisco Omar Rodríguez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), externó que como parte de la persecución en contra de defensores de derechos humanos, se capturó a Fidel Zavala, vocero de la UNIDEHC, cuyo caso tiene reserva; no solamente se le está acusando de un delito que él no ha cometido, como es el uso indebido y fraudulento de la profesión.
Rodríguez dijo que a Zavala también se le está acusando de agrupaciones ilícitas, y en este momento lo están procesando por un delito del cual él ya había sido absuelto por la Cámara, que es totalmente contrario a derecho y a los principios constitucionales.
“A Fidel no solamente le ha sido restringido su derecho a la libertad ambulatoria debido a la detención arbitraria a la que ha sido sometido, sino que esto también ha significado un deterioro en su calidad de vida, ya que las condiciones en que está detenido son inhumanas”, reiteró.
El dirigente del BRP denunció que por información a la cual han tenido acceso e indagaciones, Fidel Zavala ni siquiera tiene acceso a agua, solo con el refresco de algunos tiempos de comida ha logrado hidratarse y ha disminuido rápidamente de peso.
“La detención de Zavala no solamente se da en el contexto de la restricción de su derecho a la libertad ambulatoria, sino también que las mismas instituciones están siendo cómplices, en el deterioro de la calidad y condiciones de vida dignas. Exigimos a las instituciones de gobierno que cesen la tortura a los compañeros que son perseguidos políticos”, afirmó.
Luis Rivera, abogado del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), detalló que el 10 de julio el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, fue trasladado al centro penal de Santa Ana, lo preocupante del caso es que él tiene patologías desde hace 22 años, él padece enfermedades crónicas y su medicamento no se encuentra en el sistema de salud público.
Según Rivera, los familiares de Anaya le están proporcionando los medicamentos para que él no pueda tener una recaída de su enfermedad, por ello, hacen un llamado a las autoridades para que tengan esa flexibilidad y los familiares puedan seguir llevándole las medicinas y debido a este motivo dar un trato diferente a otros reos.
“La Cámara de lo Penal hasta esta semana conoció sobre la apelación de Enrique Anaya, por lo cual creemos que es ilegal el traslado al centro penal, en vista de que no había una sentencia firme en cuanto a la detención provisional”, sostuvo.
Destacó que en el caso de la abogada Ruth López, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, lo cual significa que el trato debería ser diferente y no trasladarla a un penal tan peligroso como es el de Izalco, ya que esta cárcel es considerada como centro de torturas, y de violaciones sistemáticas a los detenidos.
El abogado indicó que el gobierno no está respetando las decisiones de Amnistía Internacional, aunque López no padece de alguna enfermedad patológica o crónica, si tiene problemas de salud, y se ha manifestado desde el momento de su captura, trasladarla al centro penal podría agravar su salud y decaer físicamente.
Fuente: Diario Co Latino