Paraguay - Masacre en Curuguaty: Sin justicia para el campesinado

La Masacre de Curuguaty, que dejço un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos, se dio en un proceso que días después, el 22 de junio, culminó con el golpe de Estado al entonces presidente Fernando Lugo, y que le permitió al gran capital sojero dar un mayor impulso a la concentración de la tierra y seguir condenando a todo aquel que se le enfrente.

En ese momento habían tensiones: el Ministro de Agricultura y Ganadería, el liberal Enzo Cardozo, permitió la siembra comercial de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de Monsanto; pero el funcionario Miguel Lovera, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), no la inscribió como cultivable por carecer de aprobaciones [1]. Esto generó que días previos al 15 de junio, grandes empresarios productores organizados en la Unión de Gremios de la Producción (UGP) intenten destituir a ese funcionario, organizando un tractorazo para el 25 de junio. Hay que tener en cuenta que en Curuguaty, Monsanto y otras empresas sojeras continúan operando [2].

Por aquel tiempo, los campesinos venían organizándose para luchar para que les otorguen tierras, tras las promesas de una Reforma Agraria por parte del gobierno de Lugo. Y por eso venían ocupando tierras del Estado, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), como son las tierras de Marina Kue en Curuguaty, y a pesar de que en forma ilegal la empresa Campos Morombi, del fallecido Blas Riquelme (empresario y dirigente stronista y del Partido Colorado), intente adjudicárselas [3].

Muchas de estas tierras, los grandes empresarios agrícolas las han obtenido ilegalmente beneficiados por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) [4].

El 15 de junio, familias de campesinos se predispusieron a resistir una vez más los desalojos, pero de ninguna manera pensaron que la reacción de las fuerzas policiales iba a ser de desalojarlos directamente, sin tener intención de entablar diálogo alguno. No se imaginaron que el operativo iba a estar encabezado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO), que es una policía entrenada por militares colombianos tras las negociaciones del ex presidente Álvaro Uribe con Lugo [5]. Tampoco se imaginaron que la policía impediría socorrer a sus heridos y muertos, tras producirse la masacre.

Las graves irregularidades de la causa

Además de cumplirse un nuevo aniversario de la masacre, en el mes de julio en Asunción se iniciará su juicio que tiene como imputados 12 campesinos que podría recibir penas de hasta 25 años de cárcel. Los crímenes por los que se los acusa a nueve de ellos son: tentativa de homicidio (cuando hubo más de diez muertos en el lugar), asociación criminal e invasión de inmueble [6]. Hay dos campesinos acusados de asociación criminal e invasión de inmueble y el restante por frustración de persecución penal [7].

La fiscalía indagó solo por las muertes de los 6 policías, basándose en testimonios de uniformados que participaron de aquel operativo, sin indagar sobre la muerte de los campesinos, o dar aval a testimonios de campesinos o de pobladores del lugar. De manera tal que la fiscalía hipotetizó que el hecho fue una emboscada que le tendieron los campesinos a los policías, a pesar de que había cerca de 324 agentes, contra cerca de 50 campesinos que participaron del mismo (entre ellos adultos y niños), y de que las imágenes de la propia policía son claras en cuanto a que muestran que había dos grupos de uniformados que fueron a rodear a los campesinos. Uno de esos grupos conformado por el GEO, la policía montada y la policía nacional; y en el otro por la policía regular.

Agregándose que la orden a la policía de la fiscal de ese tiempo, Ninfa Aguilar, había sido “allanamiento” y no “desalojo”.

La justicia tampoco hizo una investigación en profundidad sobre a quién verdaderamente pertenecen esas tierras. Está constatado que las tierras ocupadas son del Estado y no de Campos Morombi, habiendo sido esto rectificado en mayo del año pasado, lo cual hace que de por sí el juicio debería ser nulo [8]. A todo esto no se indagó sobre que en los meses posteriores al hecho un sicario asesinó al activista Vidal Vega, de la organización de familiares de víctimas de la masacre y secretario de la Comisión Vecinal de Naranjaty. Vega era uno de los que más sabía sobre la cuestión de las tierras en la zona [9].

Entre tantas irregularidades es llamativo que uno de los fiscales de la causa sea Jalil Rachid, defensor de grandes empresarios agrícolas e hijo del abogado Bader Rachid, amigo del empresario fallecido de Campos Morombi, Blas Riquelme [10]. El otro fiscal, Diosnel Giménez, es denunciado por favorecer con coimas, negocios de narcotraficantes en Paraguay [11].

Como dijo el periodista Julio Benegas Vidallet: “Desde el momento en que sólo están imputados los campesinos por la muerte de los policías, pero no hay ningún investigado por la muerte de los campesinos, no existe la posibilidad de hacer justicia” [12].

Tras la masacre, las condiciones sociales se agravan

Luego de esta masacre, destituido Lugo y tras la asunción temporal del liberal Federico Franco, se procedió a habilitar la semilla transgénica de Monsanto y dar concesiones a empresas Estadounidenses como Dahava Petróleos. Con la asunción del actual presidente Horacio Cartes, el modelo extractivista se profundizó con leyes privatistas como la de Alianza Público-Privada, la ley de Seguridad Interna, permitiendo usar a las Fuerzas Armadas, sin la aprobación del Congreso, para militarizar más el país con el apoyo de la Asociación Rural de Paraguay, además de seguir cobrándoles impuestos a campesinos y escasamente a grandes empresarios, y fomentando relaciones con la USAID e impulsando la instalación de bases militares [13].

Hoy en día Paraguay tiene un 92% de su tierra destinada a cultivos exportables con maíz y soja transgénica y el 2,6% de los empresarios posee el 85% de la tierra cultivable [14].

Además, sigue habiendo corrupción en el Estado y el INDERT continúa otorgando tierras a grandes empresarios, en vez de a campesinos [15]. También se sigue desalojando a campesinos, como el anunciado para el 16 de junio, donde la Organización de Lucha por la Tierra (OTL) pretenden resistir en cercanías a Curuguaty frente a otra empresa (Perfecta S.A) beneficiada por la dictadura de Stroessner, que se adueñó ilegalmente de tierras del Estado [16].

Es por eso que la Masacre de Curuguaty representa uno de los mayores ejemplos de las injusticias que cometen constantemente el poder político, la justica y los empresarios, junto con el imperialismo sobre los campesinos, y que lamentablemente día a día se profundiza.

Notas:

[1] Ver aquí

[2] Ver página 87 del libro de Julio Benegas Vidallet: “La Masacre de Curuguaty: Golpe sicario en el Paraguay”, Ed. Arandurã, Marzo 2013. Y aquí se ve claramente como actualmente grandes productores usan semillas de Monsanto en Curuguaty.

[3] Ver páginas 113-120 del libro de Julio Benegas Vidallet: “La Masacre de Curuguaty: Golpe sicario en el Paraguay”, Ed. Arandurã, Marzo 2013. Y aquí.

[4] Ver aquí.

[5] Uno de las grandes críticas a Lugo fue estos acuerdos con Uribe, además de aprobar la Ley Antiterrorista en 2010: ver aquí y aquí.

[6] Los campesinos acusados por estos supuestos crímenes son: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta. Ver aquí.

[7] Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería, acusados de invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina acusado por frustración a la persecución penal, ver aquí.

[8] Ver aquí.

[9] Ya en el 2010, habían asesinado a otros dirigentes campesinos de esa región: a Mariano Jara, donde su asesino fue inmediatamente liberado por la justicia y políticos de Curuguaty, pese a haberlo asesinado delante de su familia. Ver página 91 del libro de Julio Benegas Vidallet: “La Masacre de Curuguaty: Golpe sicario en el Paraguay”, Ed. Arandurã, Marzo 2013.

[10] Ver aquí y aquí.

[11] Ver aquí y aquí.

[12] Ver aquí.

[13] Ver aquí y aquí.

[14] Ver aquí y aquí.

[15] Ver aquí.

[16] Ver aquí y aquí.

Fuente: Resumen Latinoamericano.