Paro en Ecuador: “Estamos viendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas”

Mientras empacaba, la violencia escaló: en la provincia de Imbabura, los movimientos indígenas comenzaron un paro en contra de la eliminación del subsidio al combustible diésel,  que luego sumó reclamos por la expansión de la minería y otras actividades extractivas.

El paro comenzó el 22 de septiembre y continuaba al cierre de esta nota. Los supuestos abusos de las Fuerzas Armadas, detenciones indiscriminadas y la muerte de un manifestante por un impacto de bala plagaron el clima de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.

En medio de una creciente ola de violencia, la extensión del crimen organizado, el sicariato y las actividades extractivas, legales e ilegales, Ecuador vive uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Ruiz Segovia aseguró a Mongabay Latam que se encontró un país envuelto en el caos y un movimiento indígena en estado de alerta permanente.

—¿Qué sensación se llevó luego de su reciente visita a Ecuador?

—Hay muchísimo caos. Y hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Nuestra visita tenía el objetivo de presentar nuestro informe sobre desapariciones forzadas. El día antes de que saliéramos, ocurrió el incidente en la Corte Constitucional, donde hubo la supuesta amenaza de bomba. Entonces, mientras preparábamos las maletas para ir a Ecuador, estábamos al mismo tiempo pendientes de esa situación, y a la par de eso ya había comenzado el paro. Ciertamente, mientras que el objetivo de nuestra visita es muy grave, no podíamos dejar de lado estas otras dos situaciones que estaban pasando. Hay mucho, mucho caos, muchas situaciones graves que están pasando al mismo tiempo y necesidad de atención internacional.

—Algunos medios de Ecuador hablaban de una estrategia de Noboa que contuvo el paro para que no llegue a Quito. ¿Qué vio de esta estrategia oficial frente al paro liderado por los movimientos indígenas?

—Lo que yo vi en el terreno más bien fue que estaban utilizando las Fuerzas Armadas para la gestión de las protestas. Eso es completamente contrario a los estándares internacionales. Las protestas deben ser facilitadas y gestionadas por la policía, y en este caso estábamos viendo una continuación de la política de militarización de la seguridad pública de Noboa.

—¿Qué características tiene esa militarización en la gestión de las protestas?

—Diría que es similar a otros países de la región. Ecuador no es único en poner todo su énfasis en que los militares se utilicen para la gestión de la situación de seguridad. Esto sucede particularmente en países afectados por la violencia del crimen organizado.

Estas apuestas de mano dura las hemos visto en México, las hemos visto en Colombia y desde Amnistía Internacional lo que nos preocupa es que cuando se pone tanto énfasis en el uso de militares sin ningún tipo de subordinación a autoridades civiles, sin ningún tipo de plan, sin fiscalización, es muy fácil o muy probable que ocurran violaciones de derechos humanos. En México está muy claro el ejemplo de las desapariciones. En Colombia se vio una masividad de violaciones graves a los derechos humanos. Y nosotros desde que empezó el despliegue de militares con Noboa, en enero del año pasado, nos preocupamos ya de que algo pudiera pasar y lo que concluye nuestro informe es que sí ocurrieron violaciones graves con el despliegue de militares, particularmente desapariciones.

—Hay varios casos de desapariciones que Amnistía ha documentado y denunciado. ¿Quiénes están desapareciendo en Ecuador?

—Lo que nosotros documentamos fue que en 2024, desde enero hasta diciembre, hubo un alza significativa y sin precedentes para la historia reciente de Ecuador de denuncias de desapariciones cometidas a manos de los militares, todas concentradas en provincias de la costa ecuatoriana, que son las provincias con más alta tasa de violencia y donde se ha desplegado con mayor fuerza esta estrategia militarizada. Y lo que notamos es que, en el marco de estos operativos de seguridad llevados a cabo por los militares, empezaron a subir las denuncias de desapariciones. Es muy importante notar que todas las víctimas son personas jóvenes, incluso niños de comunidades históricamente marginalizadas y racializadas [se trata de comunidades afroecuatorianas]. En nuestro informe documentamos las historias de personas, seis de las cuales son niños. En las provincias de los ríos Esmeraldas y Guayas, con el caso de los cuatro las Malvinas, siendo el más conocido.

—¿Por qué cree que se está dando esta característica de niños desaparecidos en particular?

—Creo que tiene que ver con la criminalización de las juventudes en general y con llevar a cabo una estrategia sin ningún tipo de control que permite los abusos de los militares fácilmente. Cuando estábamos en Ecuador, dimos varias charlas en universidades y una pregunta que nos hicieron estudiantes fue: ¿por qué están haciendo esto los militares? Y la respuesta más corta es porque pueden. Si no hay nadie que los detenga y no hay consecuencias y tienen garantía de impunidad, pues van a seguir haciéndolo.

—Con respecto al paro, ¿qué conclusiones sacó luego de la visita que lideró en estos días en Ecuador en cuanto a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el país?

—En general, la situación de los pueblos indígenas en Ecuador es delicada. Vemos que constantemente no se respeta o no se garantiza la consulta previa, libre e informada. Y hay muchos proyectos extractivistas que están poniendo en riesgo los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, en relación con la protesta, las protestas son amplias. Sí, son ciertamente lideradas por pueblos y comunidades y movimientos indígenas, pero las violaciones de derechos humanos que estamos viendo son de alcance general. O sea, son detenciones arbitrarias, son uso excesivo de la fuerza.

Hemos escuchado también de congelamiento de cuentas a líderes sociales, muchos de los cuales son indígenas. Y en general, más allá de violaciones graves, vemos también una estigmatización muy fuerte a las comunidades y a los movimientos que están liderando estas protestas.

—Resaltó las denuncias de líderes indígenas por el congelamiento de las cuentas bancarias. ¿Este mecanismo es algo novedoso en la región?

—Yo en lo personal no lo había visto. Me parece algo particular de la situación de Ecuador. Me parece que es un indicador adicional del cierre del espacio cívico y del auge de prácticas autoritarias en Ecuador. O sea, no es normal. No solo estamos viendo que hay protestas y que hay represión, sino también otro tipo de tácticas para tratar de disuadir la movilización social.

—¿Qué pudo dialogar con líderes o lideresas del movimiento indígena durante la visita?

—Durante la visita en sí mismo no, pero sí regresando porque durante la visita estuvimos solamente en Guayaquil y en Quito. No habían llegado. Ya regresando, he estado en contacto, por ejemplo, con personas de Imbabura. Es una de las provincias donde más ha habido afectaciones y ahí ciertamente lo que estamos escuchando es una serie de abusos muy graves. Estamos viendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando ocurren las detenciones o incluso durante las protestas mismas, son golpeados.

—Durante las protestas en Imbabura un hombre resultó muerto. ¿Qué pudo establecer Amnistía sobre ese caso?

—Es un caso que está documentando la organización local INREDH [Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos], pero la información que obtuvimos directamente de ellos es que era una persona que estaba participando en la protesta y que habría fallecido tras recibir un disparo de bala supuestamente disparado por las Fuerzas Armadas. En este escenario hay varias cosas que están mal. La primera, lo que hablábamos antes, que las Fuerzas Armadas no deberían gestionar protestas. Después de que el uso de armas letales no es adecuado para la gestión de las protestas. Y tercero, que si se disparan armas, nunca debe ser en áreas altamente letales del cuerpo. Si te disparan en el pecho, claramente te van a matar. Por eso lo que nosotros estamos exigiendo es una investigación pronta y exhaustiva sobre los hechos.

—Con respecto al Poder Judicial, existe una alta tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Pero además de esta situación política, ¿cómo está funcionando el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en Ecuador con respecto a estos casos de violencia y desapariciones?

—Tanto en Guayaquil como en Quito, nos reunimos con representantes de la Fiscalía General del Estado. Lo que constatamos como Amnistía Internacional, en particular en la Fiscalía de Guayas, que es quien tiene a cargo todas las investigaciones sobre las denuncias de desapariciones forzadas de la costa, es que hay una seria falta de capacidad de recursos técnicos y humanos. Es un solo fiscal quien está a cargo de todas las investigaciones de desapariciones, uno solo. Y ahí sí quiero reconocer a esta persona porque está haciendo un trabajo extraordinario, pero no es manejable la cantidad de trabajo que tiene. De hecho, ayer, y esto es importante resaltar, este mismo fiscal presentó formalmente cargos contra 17 militares por el caso de las Malvinas, lo cual es un avance extraordinario [se trata del caso de desaparición de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil y quienes posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala en sus cráneos]. Pero existen reportes de 43 personas desaparecidas. Entonces nosotros en nuestro informe tenemos una recomendación muy puntual para que se puedan asignar más recursos a esa fiscalía, a esa unidad en específico, que es la Unidad del Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Otro obstáculo muy importante que notamos es que, si bien la Fiscalía está tratando de avanzar con las investigaciones, las Fuerzas Armadas no están colaborando. Y esto es muy importante porque la Fiscalía puede avanzar en la teoría de qué es lo que sucedió, pero si las Fuerzas Armadas no le dicen qué unidades estaban operando ese día y en ese lugar donde ocurrió la desaparición, es muy difícil que puedan establecer a los responsables y, por ende, alcanzar justicia. Entonces por eso nuestro llamado más fuerte tiene que ver con que las Fuerzas Armadas colaboren con las investigaciones.

Sobre la Corte Constitucional: nos reunimos con ellos. Fue uno de los momentos más interesantes de la visita y más fuerte porque la situación de hostigamiento que están viviendo ellos es impresionante. Tuvimos que cambiar la junta varias veces, varios días, porque un día nos decían que tenían amenaza de hackeo de las comunicaciones, otro que estaban aún lidiando con la situación de la seguridad tras la amenaza de bomba, otro que creían que no era seguro reunirnos en la Corte porque quizás hay micrófonos que nos están espiando.

El Ejecutivo se ha tomado la lucha contra ellos de una forma muy personal y el nivel de represalias a los que se están enfrentando es muy alto. Y sí, me parece una megaalarma roja, digamos, para Ecuador, que lo sitúa en niveles muy serios de prácticas autoritarias.

—Ecuador se ha convertido en el país más violento de la región, según expertos. ¿Por qué cree que llegó a este punto?

—Yo no he hecho un estudio para entender el alza de la violencia en Ecuador. Sé que, por ejemplo, todo pasa por el régimen internacional de prohibición de drogas. Cuando se reduce la violencia en un lugar, puede aparecer en otro lado. Entonces, si se reduce, por ejemplo, en Colombia, después se puede expresar en otras partes, como en Ecuador. Y va a seguir así mientras tengamos un régimen prohibicionista. Esto ya es una opinión un poco más personal. Si estás en Estados latinoamericanos con corrupción, con impunidad, es muy fácil que este tipo de situaciones exploten. Lo que sí nos queda claro es que esta estrategia militarizada en Ecuador al menos no se ha traducido en una reducción de la violencia. La justificación para esta mano dura es que es una medida drástica que se tiene que hacer porque genera resultados. Pero en Ecuador esto no ha sucedido todavía.

Fuente: Mongabay