Privatización del agua, un riesgo que advierten los pueblos indígenas de Occidente
El gobierno central, por medio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realiza diálogos a nivel nacional para la construcción de una nueva iniciativa de Ley de Aguas, este proceso ha generado controversia, aunque algunos ven la oportunidad de presentar demandas en contra de la privatización de este bien común vital para la vida. Otros desconfían de los partidos políticos y la mayoría de los diputados en el Congreso de la República, pues aseguran que responden al pacto de corruptos.
El agua es un ser vivo, sagrado, fuente de vida y energía, cuya esencia está relacionada con todos los elementos del cosmos, así lo describen los pueblos indígenas. Desde la cosmovisión maya, el agua es un bien natural que define las relaciones sociales, organizativas y políticas de los pueblos y sus comunidades.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha comenzado una serie de diálogos para la construcción de la Ley de Aguas. Desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este proceso se inició en el segundo semestre del año 2024, pero fue hasta en abril del este año que las conversaciones comenzaron en 13 puntos a nivel nacional.
En esta primera etapa se desarrolló un intercambio y diálogo sobre la problemática y la necesidad de reglamentar el tema de agua, y de contar con una ley de aguas. El pasado 15 y 16 de julio, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, se desarrolló el primer encuentro con organizaciones de la sociedad civil, autoridades comunitarias y ancestrales de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.
Para muchos sectores, la aprobación de la Ley de Aguas es una amenaza hacia las formas propias de organización comunitarias y ancestrales en la gestión y administración de las fuentes y sistemas de agua. En este primer dialogo participó el pueblo Maya K’iche y Mam de estos tres departamentos.
De acuerdo al Ministerio de Ambiente, el tercer momento de este proceso será la presentación de la iniciativa por medio de una plataforma digital que estará disponible para que la población pueda conocer el documento, hacer comentarios o sugerencias.
Desconfianza en los políticos y sus partidos
El descontento de varias organizaciones y autoridades ancestrales, ha surgido por las malas experiencias hacia procesos de construcción de políticas públicas o leyes que no han sido aprobadas o que simplemente han tenido poco impacto en la resolución de los problemas estructurales.
En ambos diálogos se ha evidenciado la falta de interés de representantes de los departamentos del occidente, tal es el caso de autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y las autoridades indígenas de San Marcos que argumentaron que no confían en el Congreso de la República, ya que no ha apoyado leyes en favor de los pueblos.
Las organizaciones participantes temen que sus propuestas no sean aprobadas por un Congreso cooptado. Por otro lado, se ven defraudados por gobiernos anteriores que solo los han “utilizado”, que las actividades han sido una “fachada” y que están cansados de ser engañados. Se ha cuestionado la modalidad de la convocatoria ya que la misma se realizó por medio de la página web y las redes sociales del Ministerio de Ambiente y no directamente a las organizaciones.
¿Qué dice el marco legal en relación con una Ley de Aguas?
El artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgarán en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.
Y el artículo 128 de la Constitución, establece “El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso".
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, ha exhortado en varias ocasiones al Congreso de la República, para la aprobación de una ley de Aguas. En 2019, la CC, en el expediente 452-2019, reconoció la relación de los pueblos indígenas con las aguas, de la siguiente forma: a) tienen relación espiritual y cultural con el agua, en tanto la conciben como un ser vivo, o sea: como un ente sagrado y viviente al que hay que respetar, así también como fuente de vida para el ser humano y otras formas de vida; para ellos –como parte de los pueblos indígenas de ascendencia maya–, el agua está representada por el nahual Imox, que es el espíritu protector que se manifiesta en el agua, en la lluvia, en los lagos, en el mar y cae del cielo, reposándose en las entrañas de la tierra. Sin embargo, Guatemala no cuenta con una ley que regule el uso y aprovechamiento de este bien natural, esencial para la vida, para la alimentación y para el bienestar de todas y todos los guatemaltecos.
Rechazo de las comunidades
La mayoría de las organizaciones y autoridades que han participado en este proceso, han expresado un rotundo rechazo a la “privatización” del agua, al acaparamiento, uso excesivo y la contaminación que genera la industria, la agroindustria, los monocultivos, las empresas mineras, entre otras.
“Empresas que no pagan impuestos y que generan conflictividad, desigualdad en el acceso al agua, criminalización a líderes y lideresas que defienden los bienes naturales. Se ha demandado que una ley de aguas debe reconocer, respetar y proteger prácticas ancestrales de las comunidades en la gestión y administración del agua, considerando que aproximadamente el 76% de los sistemas de agua son gestionados y administrados por las propias comunidades ante la ausencia del Estado”, expresaron los representantes de las organizaciones en las diferentes reuniones.
Las comunidades y organizaciones se han pronunciado contra la privatización y acaparamiento del agua. Foto Prensa Comunitaria
Desde el espacio de Asamblea de Pueblos, Agua Vida y Territorios se han propuesto 19 puntos fundamentales, dentro de los cuales se establece el reconocimiento del agua como sujeto de derechos, el derecho humano al agua, la no privatización, las reformas a leyes que permiten la privatización, el respeto a las formas de organización comunitaria, la consulta a las comunidades, la tipificación de delitos por contaminación, acaparamiento (desvío de ríos).
Piden prevenir la privatización
En el marco legal actual, se tienen leyes que permiten la “privatización” del agua, las organizaciones que han participado en los diálogos han demandado la derogación de algunos artículos de leyes como: El Código Municipal, Código Civil, Código Penal, Ley de Transformación Agraria, Ley de Minería, Ley de Electrificación Nacional. Estas leyes favorecen la concesión o posesión de cuerpos de agua para su explotación, comercialización o acaparamiento.
A raíz de los diálogos y de las propuestas que se han identificado, la ministra de ambiente, Patricia Orantes, ha presentado cinco pilares para la iniciativa:
1. La Institucionalidad: Considerando la necesidad de contar con una institución rectora.
2. Sistemas de manejo colectivo, comunitario y ancestral del agua y los bosques.
3. Administración de Derechos: Reconocer el derecho humano al agua.
4. Contaminación: Determinar infracciones, sanciones y penas por contaminación.
5. Inversión Pública para proteger y restaurar las cuencas y zonas de recarga hídrica.
La ministra también agrego que hasta la fecha se habían recibido 51 propuestas de diferentes sectores en los diálogos realizados a nivel nacional.
Aunque los participantes en los diálogos ven una buena voluntad de parte del Gobierno, ven con preocupación que las condiciones del país son complejas para la aprobación de una Ley de aguas que garantice el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
Fuente: Prensa Comunitaria