¿Qué está pasando en Cartagena? Comienzan las actividades paralelas del movimiento social
Delegados internacionales, junto con dirigentes de RECALCA, de la CUT y con líderes de los movimientos sociales y sindicales de la ciudad, han organizado numerosos debates y conferencias con los cuales se pretende llegar a la ciudadanía con una información veraz acerca de los peligros del tratado
RECALCA, Cartagena, septiembre 21 de 2005
A participar en las actividades paralelas de los movimientos sociales llegaron a Cartagena el Dr. Julio Castro, dirigente nacional del Foro Salud de Perú, excongresista y expresidente del Colegio Médico del Perú; Eduardo Delgado y Paulina Muñoz, dirigentes de la Campaña Ecuador Decide, y Rafael Pandam, secretario de relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; junto con José Luis Bedom, encargado de comunicaciones de esa confederación.
Estos delegados internacionales, junto con dirigentes de RECALCA como Héctor Moncayo y Enrique Daza, de la CUT como Álvaro Morales y con líderes de los movimientos sociales y sindicales de la ciudad, han organizado numerosos debates y conferencias con los cuales se pretende llegar a la ciudadanía con una información veraz acerca de los peligros del tratado.
Esta labor ha contado con la hostilidad oficial, la cual comenzó cerrando durante toda la semana la Universidad de Cartagena y el Palacio de Bellas Artes, donde se habían organizado actividades. Estas medidas, junto al enorme despliegue policial, muestran el temor del gobierno colombiano a que se examine, a la luz pública, un tratado que traerá nefastas consecuencias para el desarrollo nacional.
Mientras tanto, los informes de las negociaciones se mantienen en la consabida rutina de que se están analizando los temas y que no hay conclusiones. Sin embargo se supo que Estados Unidos exigió revisar nuevamente todos los temas de propiedad intelectual, acentuó sus exigencias y planteó que era indispensable que en el tratado se incluyera explícitamente una cláusula por medio de la cual las empresas multinacionales puedan enjuiciar al Estado colombiano si alguna disposición legal amenaza las esperadas ganancias futuras. Esta cláusula, por sí sola y considerada esencial por los norteamericanos, paraliza la capacidad estatal de desarrollar una política económica en bien del desarrollo productivo y social del país. Apenas inician las negociaciones, pero el gobierno está dispuesto a satisfacer esta y las demás pretensiones norteamericanas.
Fuente: Recalca