Tildan a comunidad Otomí como “zona de riesgo” por proteger el agua

La comunidad de Santiago Mexquititlán es una población otomí (‘ñañho’) que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. El Consejo puntualiza que es adrede el que las autoridades municipales y federales señalen a Mexquititlán como una zona de “factor de riego social”, asociándolo a la categoría de “comunidades indígenas” que se oponen a la privatización del agua.

Los habitantes del municipio organizados por la defensa del agua, denuncian que la violencia es sistémica en su contra y que es parte de una estrategia contra los procesos organizativos que oculta bajo el discurso de “alteración al orden público”. 

La tortura y hostigamiento

Por tanto, la comunidad denuncia de manera específica una redada ilegal efectuada por la Policía Estatal de Querétaro (POES), la tarde del pasado 4 de junio, donde la indígena Estela Hernández Jiménez fue detenida y torturada. Además de  5 personas más que también fueron arbitrariamente arrestadas y torturadas en diferentes barrios de dicho municipio, jóvenes otomís que estuvieron “incomunicados y sin la posibilidad de ser asistidos por un abogado ni un intérprete, sin la presentación previa de una orden de aprensión” detallan miembros del Consejo en su denuncia pública.  

Señalan como responsable al secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz, quien ordenó la intervención policial como respuesta a supuestos “reportes ciudadanos sobre alteración del orden público” y “daños al DIF”, denunció la comunidad en su denuncia pública.

La detención de la indigena Otomí se dio en el momento en que ella trató de impedir que la POES detuviera a Sergio Chávez -su esposo- sin ningún motivo. Casi cinco horas después y debido a la presión social, la consejera y su esposo fueron liberados.

La consejera Jiménez, es una mujer altamente comprometida en la lucha por la defensa del agua en Querétaro. Es originaria de Santiago, doctora en pedagogía y actualmente da clases en educación indígena.

Dentro de su papel como defensora, es delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), participa en la Red en Defensa del Agua y la Vida en Querétaro (REDAVI), integra la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), y forma parte del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán.

En entrevista para Avispa Mídia, Jiménez comparte que después de la redada el proceso de recuperación ha sido difícil,  “ ha constado en 3 etapas: el tratamiento médico,  los tratamientos tradicionales y el tratamiento emocional [que]  será el más largo y difícil. Ahora sé que mi vida (así como la de todos los que luchamos) no interesa al estado capital, es muy fácil desaparecer o matar cuando lo deseen” compartió.

“Las afectaciones de la tortura es lo que quedó bien marcado en nosotros como pareja ya que los golpes en una primera vez lo hicieron frente a los detenidos y luego escuchar como me golpeaban en otro cuarto,  yo gritando, es inadmisible, inhumano”, menciona la profesora.

Aunque la violencia hacia la indígena ha afectado distintos ámbitos de su vida, un hecho que le ha dado fuerza, es la existencia de más organizaciones que al igual que el Consejo, defienden sus recursos naturales. “Sabemos de la hermandad de muchas organizaciones que también luchan por la vida, el agua y el territorio. Eso nos mantiene de pie”, afirma la consejera Otomí.

El hostigamiento hacia la activista es un ejemplo claro de la capacidad que tiene el Estado para desgastar a los defensores territoriales, con el objetivo de infundirles terror para que desistan de sus luchas. “La criminalización y estigmatización en la comunidad ha afectado mi trabajo como maestra. A través del delegado de la comunidad ha hecho reuniones para mal informar, juntar firmas y que me  corran de la comunidad donde trabajo. El discurso es que soy mal ejemplo para sus hijos”, denuncia la profesora Jiménez.

La autonomía frente a la  “justicia” oficial

El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán es una forma de gobierno autónomo, un espacio de decisión colectiva no partidista, establecido en febrero del 2020 para enfrentar la desviación de agua, la tala ilegal, el despojo de recursos y la imposición de proyectos turísticos que dañan su patrimonio cultural.

El Consejo, se formó “como un espacio de dignidad, como una herramienta jurídica, social, política no partidista para la emancipación comunitaria desde la búsqueda y el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación” mencionaron en los  resolutivos de la Asamblea realizada el 13 de julio pasado.

El proceso por la defensa del Agua en Santiago ha sido largo y se ha dado a partir de comprender otras formas de lucha y de pensamiento. “Tras el llamado a colectivos que coincidiéramos en la ideología zapatista para evitar la privatización del agua en Querétaro se crearon las redes locales de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI)” .

La consejera Jiménez explica que en 2020 se dieron cuenta de que el gobierno se protege así mismo con su aparato de Estado, por ello, la seguridad para ellos ha sido emprender “mecanismos de seguridad social y colectiva: en la comunidad a través de cohetes y la vigilancia del respeto a todos y todas”. 

“No hay leyes, ordenamientos municipales, estatales y federales que detengan el despojo del agua, tampoco que garanticen la justicia social, en la defensa de los derechos, la respuesta del Estado es y será de extrema violencia por ello” afirman integrantes del Consejo.

En el caso de la indígena Jiménez y su esposo no emitieron una demanda en la fiscalía sino que, se limitaron a “levantar solo una queja ante la defensoría de Querétaro, sólo para que queden los antecedentes porque no esperamos nada de esta comisión” señala la activista Otomí.

La profesora explica las omisiones y la violencia institucional en el ámbito jurídico, “la fiscalía en ocasiones anteriores es quien me ha citado a manera de intimidación”, primero por una orden de restricción que además enviaron a su mamá y a otra compañera suya, en otra ocasión fue para notificarle que debía pagar al ayuntamiento 26 mil pesos mexicanos (MXN), por un daño. Nuevamente, 4 años después de que en 2020 interpusiera una demanda por las amenazas, por la persecución y agresiones en su contra, sólo le dijeron que “acudiera a psicología y que su demanda no procedió”.

Al mantener un posicionamiento crítico frente a las instancias de seguridad estatales, ponen a la organización comunitaria al centro, argumentando que “la justicia no vendrá de arriba, de aquellos que nos despojan el agua para entregárselo a la industria, para contaminarla y sobre explotarla, vendrá del pueblo organizado que convierte la digna rabia en digna rebeldía hecha acción” expresó la comunidad.

“No confiamos en los mecanismos de protección del Estado” afirmó la concejera y, además, dejó claro cómo su perspectiva de justicia está completamente distante de los oficialismos del Estado: “Si confiamos en la protección de Dios, en la hermandad humana y la justicia social” puntualizó.

Continuidad de la lucha

También la comunidad Otomí denuncia que entre los actos de violencia se encuentran: represión ante la defensa de su tianguis, el daño a su templo a partir de la construcción de una obra turística gestionada por el ex alcalde Rosendo Anaya. Junto a la escasez de agua potable debido al saqueo realizado por pipas de agua en los pozos de las comunidades, permitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “instancia coludida con operadores privados”, señala la denuncia.

También han atestiguado el mal manejo de recursos públicos en el municipio, hostigamiento a mujeres artesanas en Querétaro y criminalización a miembros del Consejo por defender el vital líquido.

Consideran que el objetivo de las autoridades es “ir enfocando a la comunidad como un territorio en el cual será necesario poner orden, colocarles como posibles criminales para justificar futuros operativos, acciones, despojos y colocar a la opinión pública en su contra. Es decir, que se justifica la violencia estatal con el racismo estructural” denunció la comunidad.

La consejera Jiménez menciona que su lucha por la defensa del agua continuará en lo jurídico a través de los amparos vigentes y además se encuentran peleando la concesión del pozo de agua potable en el municipio.

Es a través de sus Asambleas desde el CNI y el ANAVI, donde expanden sus estrategias de seguridad y defensa. Por parte del consejo, su determinación no tiene marcha atrás, “no se va a permitir la privatización del agua. El despojo del agua a través de pipas ya no es posible, se dejó bien en claro al Estado que ‘ninguna pipa más’” declaró la profesora.

La existencia de los pueblos originarios, pese a la colonización, es para la consejera un símbolo de resistencia que en Santiago los alienta a no rendirse frente al hostigamiento de las autoridades. “Más de 500 años de resistencia y no desaparecernos es de gran valentía”, sostiene Jiménez.

El mensaje que la profesora emite para otros pueblos y personas que luchan, es que no están solos y agrega: “La justicia no se dará de arriba, la tenemos que arrancar desde abajo y a la izquierda. La dignidad, la organización, la rebeldía, la hermandad y el amor a la vida es lo que nos permitirá seguir respirando. No nos vendemos, no, nos rendimos y no claudicamos. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”

Fuente: Avispa Midia