Un mismo patrón: El extractivismo replica estrategias de despojo territorial en cinco países

Los siguientes testimonios fueron recogidos en el Encuentro regional de defensores y defensoras indígenas de la tierra y el territorio, quienes se reunieron en Santa Cruz para dialogar sobre la violencia estructural, la criminalización y el despojo territorial que enfrentan sus comunidades, así como sobre el avance de proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura que profundizan la crisis climática en sus territorios.

La división como estrategia

En todos los países representados, la división comunitaria emerge como la primera línea de ataque. Las empresas no llegan solamente con maquinaria pesada, llegan con empleos limitados, tractores y promesas.

Cristina Taco, desde Salcedo, Ecuador, lo plantea con una pregunta directa: en comunidades de 1.600 habitantes, las empresas ofrecen empleo para 200 personas. "¿Y los otros mil cuatrocientos dónde van a quedar?". Como resultado, las comunidades se parten en dos: mineros y antimineros, a favor y en contra.

Isabel Villanueva desde Cajamarca, Perú, narra una historia similar. Una transnacional minera ingresó a su territorio en 1993 con engaños, sin consulta previa. Poco a poco desaparecieron las aves y el agua cercana se convirtió en escasez. Por ese motivo, las comunidades empezaron a pelearse entre sí. "En vez de haber desarrollo hay bastante delincuencia, hay bastante discriminación hacia nosotros como personas rurales, como personas indígenas. Desarrollo económico, ¿para quién? Las regalías que dejan es del tres por ciento, el 97% se llevan las transnacionales", sostuvo.

Jeaneth Valdez, presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacana (CIMTA) en Bolivia, confirma esta estrategia: "Nos quieren dividir a todo nuestro territorio. Incluso formando cooperativas ya con los propios que habitan ahí. Son personas que con dinero de por medio, quieren que las cooperativas sean legales, pero son ilegales".

Eusebia Zambrana, jueza natural de la comunidad Zongo en La Paz, vive lo más doloroso de esta división: el desconocimiento de sus propios comunarios, a quienes la minería compra para que persigan a las autoridades defensoras. "Lo único que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón es que los niños nos miran con una esperanza de que su territorio todavía tiene alguien que lo defienda, pese a que sus papás hacen que nos traicionen y nos hagan la persecución".

El vacío del Estado y la presencia de las amenazas

Mientras las empresas y proyectos extractivos tienen recursos y respaldo, las comunidades enfrentan un vacío estatal sistemático. En algunos casos, ese vacío se llena con represión; en otros, simplemente con ausencia.

En Pando, Bolivia, donde convergen las fronteras con Brasil y Perú, Jheny Duri es líder del territorio Yaminagua. Diez soldados y un policía son toda la presencia estatal en una región donde, cada temporada de zafra de castaña, llegan extranjeros a llevarse la madera, a pescar y cazar dentro de su territorio indígena. "El territorio solo está protegido por nosotros", resume con una mezcla de orgullo y resignación.

En Argentina, Néstor Darío Jerez describió la violencia de otra manera: "Las personas resisten con el cuerpo: alambres, portones con candados, amenazas, intentos de homicidios, disparos con armas de fuego". El gobierno de ultraderecha derogó la ley que suspende desalojos a comunidades indígenas. "Somos pueblos empobrecidos, no pobres, porque siguen sacando de nuestros territorios", aclaró.

Cuando la ley no protege

En varios de los países, existen marcos legales que reconocen derechos territoriales y ambientales. El problema, coinciden los defensores, no es la falta de normativa sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.

Yasna Marín, del pueblo Chango en Chile, defendía espacios costeros marinos de pueblos originarios bajo una ley creada para protegerlos. Ahora se quiere modificar esa misma ley sin consulta. "La rechazaron porque sería un espacio libre para que vengan las concesiones mineras, las concesiones de la salmonicultura", denunció.

Yulixa Mejía celebró este año la titulación del territorio Tacana II en Bolivia, al cual ella pertenece. Fueron muchos años de trámite, desde 2006 hasta agosto de 2025. Pero la alegría duró poco, pues calculan que alrededor del 50% del territorio está actualmente cuadriculado por concesiones mineras. "Fue una lucha constante de más de tres años para que se nos respete la consulta previa. No por el hecho de que tengamos una documentación, ahora se va a cuidar por sí solo nuestro territorio. Es una lucha que ya dura más de dos décadas", remarcó Mejía.

Betsabé Erwin, joven defensora del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), resume décadas de conflicto por avasallamientos constantes de terceros, y un gobierno nacional empeñado en abrir una carretera que pretendía abrir el parque por la mitad, pese a tener una titulación desde 2009.

La persecución judicial

En Ecuador, durante las protestas de septiembre contra la eliminación del subsidio al diésel, la militarización fue contundente. Taco contó que uno de sus compañeros entró en coma tras recibir impactos de perdigones. Hoy menciona que tiene 160 coterráneos judicializados por delincuencia organizada, terrorismo e intimidación. "El gobierno estratégicamente ha creado un enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno? Pues nosotros, los pueblos y nacionalidades. El que protesta, el que exige derechos, el que defiende los territorios, no es ciudadano. Él es violento, él es terrorista", reafirmó.

Eusebia Zambrana enfrenta procesos judiciales en la justicia ordinaria por los avasallamientos. Tiene un proceso abierto y otros en el Tribunal Constitucional esperando resolución. Vive amenazada. "¿Tenemos que, en otras palabras, irnos a otro país para resguardar nuestra libertad? Esos riesgos los tenemos al día", se pregunta.

"Yo soy autoridad jurisdiccional, pero estoy con procesos en la justicia ordinaria por los avasallamientos que nos hacen las cooperativas ilegales. Estas empresas vacían los ríos que fluyen. Tenemos animales como la trucha y demás que han desaparecido totalmente. En esa lucha estamos, no dejamos ni un poco de espacio para hacer la defensa", dijo Zambrana.

Los relatos pueden ser desalentadores, pero dentro de ellos emerge una certeza compartida: la lucha aislada no alcanza y estar unidos puede hacer una diferencia.

"Si es que esta lucha se la sostiene a nivel individual, no queda esperanza. Cuando lo hacemos de manera unida, queda una esperanza", afirma Taco. Las defensoras también reflexionan sobre lo que esta lucha las ha transformado. "Como mujeres integrantes hemos aprendido a ser mujeres rebeldes, mujeres críticas, mujeres comprometidas, mujeres estratégicas, mujeres pluriculturales, humildes, alegres y firmes con nuestra lucha", enumera Villaroel con orgullo.

"Lo importante es que tenemos que ser unidos, hacer cadenas con los otros países para defender nuestros territorios", propuso Zambrana.

Para Néstor Jerez, los pueblos originarios no son el problema sino parte de la solución. "Con más de 10.000 años de historia hemos sabido cómo convivir, cómo resguardar estos bienes naturales que son la garantía de vida de las futuras generaciones de toda la humanidad. Tenemos amplios derechos. Lo que falta es voluntad política".

"Nosotros como pueblos indígenas preservamos y conservamos el bosque. ¿Para quién? Para todos, no solo para nosotros, es para todos, para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos", enfatizó Jeaneth Valdez.

El Encuentro regional de defensores y defensoras indígenas de la tierra y el territorio es un evento que fue organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y el Caribe (ILC-LAC), la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio, y la Plataforma de Pueblos Indígenas de la ILC, con el acompañamiento de The Invisible Thread (TINTA), el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), la Fundación TIERRA y la Alianza por el Ambiente y el Territorio. El evento fue financiado por la ILC-LAC, Pan Para el Mundo, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bolivia, la Unión Europea, y Oxfam.

Fuente: Fundación Tierra