Venezuela: La diferida demarcación de territorios indígenas

Tercero, por demostrar en los hechos la pertinencia de las universidades autónomas en el proceso de generación de conocimiento para la transformación de la sociedad y la importancia de la extensión de su trabajo fuera del campus académico.

Avances en lo jurídico, estancamiento en los derechos Todos los ponentes coincidieron en el avance del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoció a los aborígenes como sujetos de pleno derecho, tanto individuales como colectivos, dedicándoles todo un capítulo, el octavo. De esta manera el Capítulo VIII de la CRBV cuenta a su vez con 8 artículos que protegen los derechos a la demarcación de sus territorios (artículo 119); el derecho a la consulta previa, libre e informada (artículo 120); mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (artículo 121); derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas (artículo 122); derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio (artículo 123); protección de la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas (artículo 124) y, por último, el derecho a la participación política y representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena (artículo 125). Además, la disposición duodécima de la Carta Magna establece que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta
Constitución”.

Este significativo avance jurídico fue profundizado con la aprobación de otras normativas. En el año 2001 fue aprobada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas y en el 2005 fue sancionada la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Dos años más tarde, en el 2007, fue creado el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi), que asumió las competencias propias del proceso de demarcación de territorios que hasta ese momento eran potestad del Ministerio de Ambiente. En el año 2001 se ratificó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reiterando el derecho a la consulta previa, libre e informada de cualquier proyecto a desarrollarse en jurisdicción indígena. En el año 2008 se aprobó la Ley de Idiomas Indígenas,
mientras que en el año 2009 se acordó la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Las expectativas generadas tras la promulgación de la CRBV se acrecentaban con cada uno de los nuevos instrumentos jurídicos suscritos. El reto en todos estos años ha sido su materialización.

Según Luis Jesús Bello, abogado y miembro de la organización Wataniba, han existido “vacíos, falta de voluntad real y ejecución de políticas públicas equivocadas”. El Ministerio de Pueblos Indígenas, quien debía ejercer labores de rectoría del proceso de demarcación, como señalaron algunos voceros indígenas en el seminario, “se dedicó a labores asistencialistas”, asumiendo una agenda de trabajo que no era la definida por las comunidades. Incluso, durante los debates se calificó a Nicia Maldonado, quien ejerció el rol de ministra indígena durante varios años, como un obstáculo para una obligación constitucional que hoy tiene 12 años de mora, y que apenas ha demarcado menos del 5% del total de territorio calculado que pertenecería a las comunidades originarias.

Sin embargo si las instituciones estatales no fueron capaces de materializar los derechos incluidos en el Capítulo VIII de la CRBV, las organizaciones indígenas presentes reconocieron que no estuvieron a la altura del trabajo que tenían por delante. La representación del estado Amazonas fue particularmente dura en su crítica durante sus intervenciones. Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), afirmó: “Las organizaciones pensamos que todo iba a hacerse solo. Y nos desmovilizamos”. La principal coalición Confederación Indígena de Venezuela (Conive) se desligó de las comunidades que hasta 1998 le daban sustento, trabajando para una agenda de reivindicaciones definida desde los escritorios de los “criollos”. La burocratización y partidización del Conive arrastró a todas las organizaciones regionales.

Amenazas y compromisos futuros

Sabino Romero, hijo del cacique yukpa del mismo nombre, asesinado el pasado 3 de marzo en la Sierra de Perijá, recordó la lucha de su padre por la tierra, ocupando fincas ganaderas para presionar por la aceleración de la demarcación de territorios indígenas, exigiendo castigo para los autores materiales e intelectuales. Otilio Santos, presidente de la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (Oipus) de Amazonas denunció la presencia de los “irregulares”, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en sus territorios. Luis Paulino Mundo, capitán General del sector Kuyuní y miembro de la Federación Indígena del estado Bolívar, recordó los procesos de autodemarcación realizado por las comunidades y las irregularidades de los pocos títulos entregados por el Ejecutivo ya que son una especie de carta agraria para uso de terceros muy diferente a lo establecido en la ley. Esteban Rodríguez, Coordinador General de la organización Kuyunu de la etnia Yekuana, recordó el legado del hermano jesuita José María Korta, “una vez me dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza: Indígena sin tierra es indígena muerto”, el trabajo de la Universidad Indígena y cómo las comunidades se encuentran divididas por la partidización de sus dirigentes. Por su parte, el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi recalcó un aspecto que había sido descrito por varias intervenciones: la influencia negativa de los Consejos Comunales al desplazar las organizaciones tradicionales de las comunidades. El investigador calificó al modelo impuesto por el Estado como “eurocéntrico” y ajeno a la cultura de los pueblos originarios.

Como un primer paso en el proceso de rearticulación del movimiento indígena en el país, el saldo del seminario es positivo. Quedaron plasmadas una serie de demandas inconclusas, posibilidades de diseñar una agenda de trabajo común en el ejercicio del derecho a la libre asociación y la experiencia de las organizaciones indígenas en lo que ha sido un ciclo político en la vida del país.

Mérida es una extravagante anfitriona para un evento de esta naturaleza sólo si se desconocen una serie de razones. En el estado viven, agrupadas en el municipio Sucre de la entidad, nueve etnias indígenas entre las cuales se encuentran los Quinaroes, Guazábaras, Quinanóques, Caces y Mucumbúes y Horcas que según el Censo realizado en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística suman 2.013 personas. La propia ULA cuenta con una población estudiantil indígena superior a las 200 personas, de las cuales 150 están afiliadas a una instancia organizativa propia: La Federación de Estudiantes Indígenas de la ULA (Feiula). Por último, desde el año 2004 existe el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), un centro universitario cuyas líneas de investigación son la medicina indígena, la diversidad cultural, el mapeo sociojurídico sobre los territorios indígenas y la protección de sus conocimientos tradicionales. Esta iniciativa coordinada por Vladimir Aguilar Castro fue, junto al Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales de la ULA, la promotora del seminario.

Fuente: Correo del Caroni