Chile

20/07/2020 - “Dicen que están legislando solo para enfrentar la grave crisis sanitaria, pero pretenden que los chilenos no se den cuenta que siguen aprobando tratados como este que perjudican a la ciudadanía”.

"Que la agricultura familiar campesina e indígena pueda alimentar de forma segura y sana a sus propios territorios y al país se vuelve un imperativo ético, socio-ecólogico, de salud (físico y mental) e, incluso, de sobrevivencia. Este imperativo se relaciona, ineludiblemente, con que los territorios puedan desarrollar sus procesos endógenos de construcción de soberanía alimentaria a través de sistemas agroecológicos".

Dicen que en tiempos difíciles es cuando sale a la luz lo mejor y lo peor de las sociedades, en este caso, el individualismo, acaparamiento y egoísmo en contraposición a la solidaridad, apoyo mutuo y dignidad.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Sede regional de La Araucanía interpuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo constitucional en favor de los integrantes de la comunidad mapuche We Newen, con el objeto de declarar la ilegalidad de los procedimientos policiales que los acosan y evitar que se repitan.

Once científicos de diversos centros de investigación y universidades se hicieron parte del Recurso de Protección con el propósito de apoyar el dictamen de Contraloría que declara ilegal el denominado “Plan de Manejo para la Sustitución de Bosque Nativo por Plantaciones Agrícolas”, aprobado por CONAF.

Actualmente las plantaciones forestales cubren una superficie aproximada de más de 3 millones de hectáreas, equivalentes al 4,07% del total de bosques de Chile. Mientras que en la Región del Bio Bío, acumula 630.569 hectáreas, con un aumento de 8.067 hectáreas respecto al año 2017, según indica el Inventario Forestal Nacional INFOR.

Si no somos capaces de proteger el medioambiente ante la intervención humana, será la naturaleza la que se encargue de hacerlo. No obstante, esto no quiere ser comprendido por el gobierno y una parte del empresariado, que fragilizan y sobrecargan la de por sí ya débil institucionalidad ambiental chilena, para, en contextos de pandemia, viabilizar proyectos resistidos por las comunidades que habitan los territorios y por todas aquellas personas que creen en la importancia de los derechos humanos, indisolublemente ligados a los de la naturaleza.

Tras el daño provocado al humedal por el proyecto "Construcción de Costanera Sur de la Laguna Señoraza- Laja" finalmente la Corte de Concepción acogió la reposición y decreta la Orden de no Inovar (ONI), la cual ordena la paralización de las obras ejecutadas sobre el humedal por la empresa Manque Ltda. Esto luego de que abogados y abogadas, en conjunto con organizaciones socioambientales interpusieran una acción legal para paralizar la obra que daña el importante ecosistema.