Perú

El problema es que el enfoque sobre la conservación y los recursos naturales en el Perú, que manejan muchas agencias del Gobierno y de algunas ONG es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, concretamente de sus derechos a sus territorios, tierras y recursos naturales.

"Debemos recuperar el concepto de territorio" fue la conclusión central a la que Aidesep y sus federaciones base de San Martín arribaron frente a las permanentes amenazas que recaen sobre los pueblos indígenas en dicha región.

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) y el Foro Social Panamazónico (FOSPA) Perú, expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Hidrocarburos.

El proyecto Hidrovía Amazónica vulnera el principio constitucional precautorio, lo cual acarrea un vicio de nulidad. Así de claro y tajante es el análisis jurídico de Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El derrame de crudo ha contaminado los ríos de la región y sus peces, el principal sustento de sus pobladores. El Estado ha sido negligente en la respuesta al desastre.

"Esta es la historia de cómo una comunidad indígena yagua, asentada en el Trapecio Amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en el 2001, desató una pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato chacras en ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de coca que abastecen hoy al narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y devasta la zona".

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó de manera contundente el proyecto Hidrovía Amazónica y exige declarar su inviabilidad por amenazar gravemente a los pueblos y a la Amazonía.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) rechazó la Declaración de Interés para la Interconexión de las ciudades de Pucallpa en Perú y Cruceiro do Sul en Brasil que firmaron sus gobernadores en Bogotá, Colombia.