Perú

En un mundo en el que Trump niega el cambio climático y Bolsonaro amenaza con deforestar la Amazonía brasileña y acallar a los indígenas, los defensores de la tierra son hoy más que nunca los héroes y heroínas del siglo XXI.

Los gobiernos de los últimos 28 años han debilitado el marco de protección de derechos de la propiedad comunal, hasta el punto de poner en riesgo la existencia de las comunidades y de los pueblos indígenas. Uno de los principales problemas y trabas es la ausencia de voluntad política y claridad a nivel institucional en la coordinación intersectorial y multinivel para que exista un avance serio y rápido.

"No se puede concebir la protección de la diversidad de las semillas aisladas de la conservación de los conocimientos ancestrales, practicadas por las comunidades campesinas de los Andes y la Amazonia, que han permitido que hasta el día de hoy se pueda tener la diversidad biológica que existe en el Perú".

El Procurador Henmer Alva Neyra, del MINCUL, declaró infundada la demanda de amparo presentada por las comunidades campesinas de Arboleda de Puno.

"Es imprescindible la toma de conciencia en todos los niveles de la población de que el ambiente que nos rodea y de donde obtenemos nuestros recursos, viene a ser parte inherente al hombre, a la sociedad y a las instituciones; toda acción emprendida para alcanzar el desarrollo que anhelamos, debe de implementarse utilizando las herramientas y tecnología compatibles con el entorno, no desequilibrando las fuerzas dinámicas de los ecosistemas naturales".

La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana alcanzó niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018.

De los 67 casos de biopiratería, que guardan vínculo con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del país y sus recursos genéticos, 45 de ellos se resolvieron a favor del Estado peruano. Otros 18 casos restantes todavía se encuentran en proceso de solución. 

Las comunidades campesinas y nativas deben cumplir procedimientos con más de veinte pasos, que –en algunos casos– se prolongan hasta por veinte años de espera, para el reconocimiento y titulación de sus tierras comunales. Ello se debe a un régimen jurídico obsoleto y discriminatorio, vigente por más 30 y 40 años, que debe ser reformado y simplificado de manera integral.