Ambientalistas piden revocación de proyecto de minería en Costa Rica
Manifestaciones, huelga de hambre y ahora una carta dirigida a la Presidente Laura Chinchilla Miranda, son algunos de los llamamientos utilizados por la población de Costa Rica, que está intentando de muchas maneras hacer que la autoridad máxima del país revoque el decreto de "conveniencia nacional", firmado en 2008 por el ex-presidente Óscar Arias, en lo que respecta al proyecto de minería de oro a cielo abierto Crucitas, ubicado en la región norte del país
Rosibel Porras, que integra el grupo de ambientalistas que lleva adelante la huelga de hambre frente a la Casa Presidencial, hace cerca de diez días, tomó la iniciativa de escribir una carta a la Presidente haciendo un llamamiento 'de madre a madre', hablando del futuro que dejarán a sus hijos, en el caso que la explotación de empresas de minería vengan a "apropiarse de las más importantes fuentes de vida con las cuales cualquier ser humano pueda contar".
Ella explica que el ayuno inicial, transformado en huelga de hambre, es el simbolismo elegido para mostrar una postura de no violencia. "Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad física a cambio de tener su atención para que revoque el decreto n° 34801 - MINAET y, que por el menos, salga a conversar con aquellos que todavía están en huelga de hambre".
"La razón por la que he decidido escribir esta carta es que quiero dirigirme a su persona para mostrarle la gran preocupación que como mujer madura, madre y ante todo ciudadana de este país, embarga a mi persona por la situación que se ha gestado a raíz de la declaración, por medio de un decreto ejecutivo, de interés público y conveniencia nacional para la extracción minera a cielo abierto y ante todo por las consecuencias aún más nefastas que se llegarían a producir si no se deroga dicho decreto", resalta.
A pesar del fuerte rechazo, ya que cerca de 90% de los costarricenses se muestran contrarios a la explotación de oro a cielo abierto, el Gobierno anunció que no existe la posibilidad de suspender el proyecto.
Defensores de la región entraron en la Justicia con un pedido contra el Estado y la empresa, alegando que el proceso de concesión del proyecto presenta anomalías. Ellos también presentaron un estudio sobre el impacto ambiental que se provocará a causa de la explotación minera. El Poder Ejecutivo espera la decisión de este juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.
De acuerdo con los(as) ecologistas, la explotación de la mina afectará a 190 hectáreas de bosque que alberga especies en peligro de extinción. Además, el uso de la sustancia cianuro en el proceso de explotación contaminará el Río San Juan, en el límite entre Costa Rica y Nicaragua.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab