Argentina: indígenas: suspenden desalojos por 4 años
La Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que suspende por cuatro años los desalojos en las tierras actualmente ocupadas por comunidades indígenas de todo el país y establece un fondo fiduciario inicial de 30 millones de pesos para la realización de un censo poblacional y estudios catastrales con el propósito de comenzar a resolver los conflictos vigentes por la propiedad de distintos territorios
La norma fue aprobada por 124 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones. El proyecto, originado en una iniciativa de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) aprobada por el Senado en agosto úlimo e impulsada por el kirchnerismo en la Cámara baja, propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad en las tierras que ocupan las comunidad indígenas originarias. La norma suspende, de hecho, por cuatro años la ejecución de sentencias de desalojo de tierras, siempre que la posesión sea actual y fehacientemente acreditada por los pobladores locales.
Mientras los desalojos quedan suspendidos, empezará a regir el fondo especial, denominado de "reparación indígena", administrado por el Banco Nación y que consiste en 30 millones de pesos más otros 30, divididos en tres años, cuyo objetivo será el relevamiento poblacional, jurídico y catastral de los territorios en disputa. En el directorio del fondo fiduciario habrá representantes del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una veintena de comunidades originarias reconocidas y con personería jurídica y las provincias que contienen población indígena.
Según el diputado Luis Cigogna (FV-Buenos Aire), "estamos cumpliendo con la reforma de 1994, que reconoce la posesión y la propiedad de los pueblos originarios del interior del país". Cigogna también pidió "respetar la diversidad y que los pueblos originarios puedan hacer una vida normal".
El macrista Federico Pinedo (Pro-Capital) y la neuquina Alicia Comelli (MPN) se opusieron de manera enfática a la norma. "Es una barbaridad que por cuatro años nadie pueda hacer actos procesales. No se le puede decir a la Justicia lo que tiene que hacer o no", afirmó Pinedo. "Este proyecto está destinado a generar más problemas que soluciones", agregó Comelli. En el mismo sentido, el peronista Dante Camaño (Paufe-Buenos Aires) sostuvo que "el proyecto no resuelve los problemas reales de los indígenas y subestima a los gobernadores que todos los días conviven con el problema".
En defensa del proyecto oficial, Marta Maffei (ARI-Buenos Aires) se mostró en favor de "resolver los desalojos de los indígenas que son corridos por las empresas".