La Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que suspende por cuatro años los desalojos en las tierras actualmente ocupadas por comunidades indígenas de todo el país y establece un fondo fiduciario inicial de 30 millones de pesos para la realización de un censo poblacional y estudios catastrales con el propósito de comenzar a resolver los conflictos vigentes por la propiedad de distintos territorios
