Brasil: informe presentará denuncias y recomendaciones sobre usinas de Rondônia
Esta semana se lanzará en Brasilia, Distrito Federal, el Informe "Violaciones de Derechos Humanos en las Hidroeléctricas del Río Madeira" elaborado por la Plataforma Dhesca Brasil
El documento es el resultado del monitoreo de urgencia realizado los días 31 de marzo y 1º de abril de este año por la Relatoría Nacional del Derecho Humano al Medio Ambiente. El objetivo fue investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas con las obras de las usinas hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, ubicadas en Porto Velho, Rondônia.
Las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau están siendo construidas en el Río Madeira para la generación de 3.150 MW (energía media de 2.218 MW) y 3.300 MW (energía media de 1.975 MW), respectivamente. Con una previsión de inversión de R$ 28.600 millones, las dos obras son parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Una de las primeras denuncias recogidas por el estudio está relacionada con la violación de los derechos laborales. "En una única semana, en marzo, 80 mil trabajadores de obras diferentes estaban en huelga por malas condiciones de trabajo. Sólo en Jirau y Santo Antonio, el Ministerio de Trabajo hizo 2.000 actuaciones por violaciones a la legislación laboral”, afirma el Relator.
Sobre el proceso de reasentamiento e indemnización de las familias de la comunidad de Engenho Velho, que fueron afectadas por la construcción de la usina de Santo Antonio, se registraron problemas como la baja indemnización, reducción significativa del ingreso familiar, concesión de lotes muy pequeños y en área de baja fertilidad, y alteración significativa del modo de vida de los reasentados.
Un ejemplo de lo que ocurrió con las familias fue relatado por el agricultor Sebastião Gomes de Freitas. Él dijo "que al comienzo de la obra, a los agricultores se les prohibió, desde la Santo Antonio Energía, plantar durante 7 meses, y que esa producción nunca fue indemnizada. Que la mayor parte de los agricultores tenía más de 20 hectáreas para plantar, pero el máximo que ellos recibieron fue 9 hectáreas en un área muy mala que es sólo cascote, y que la casa de harina que fue construida para la comunidad no está funcionando por falta de equipamiento”.
El informe también señaló el aumento de la violencia en la ciudad. De acuerdo con datos ofrecidos, el número de homicidios dolosos en Porto Velho creció un 44%, entre 2008 y 2010. El índice de niños y adolescentes víctimas de abuso o explotación sexual también aumentó un 18% en ese período. Los estupros tuvieron un crecimiento del 208% entre 2007 y 2010, cuando se alcanzó la marca de 392 estupros. Según la Relatoría, el crecimiento de la violencia fue estimulado por el aumento de población en Porto Velho, que fue atraída por la construcción de las usinas.
Las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio también afectarán directamente a los pueblos indígenas Karitiana y Karipuna, así como a los pueblos que viven en Guajará Mirim, algunos de los cuales está en situación de aislamiento y riesgo de extinción. Tomando como ejemplo lo que ocurriera en Belo Monte, no se realizó la audiencia con las comunidades indígenas previstas en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por estas violaciones es que la Relatoría del Derecho Humano al Medio Ambiente elaboró una serie de recomendaciones al gobierno brasilero. Entre ellas, está en primer lugar, la recomendación para que el Ibama fiscalice el cumplimiento de las condicionantes de las licencias ambientales concedidas a los emprendimientos de Santo Antonio y Jirau.
También se sugirió que el BNDES suspenda el envío de recursos para grandes emprendimientos en casos de violaciones de normas laborales. Para el Ministerio del Trabajo y Empleo fue recomendada la revisión de las normas de salud y seguridad del trabajo.
De la misma manera, se recomendó que el Ministerio Público Federal evalúe el cumplimiento de las condicionantes de las licencias ambientales y si fuere necesario, embargue la obra hasta el cumplimiento de todas las condicionantes. La Funai y la Defensoría Pública de la Unión también recibieron recomendaciones de medidas a realizar.
La Relatoría de Derechos Humanos cree que los problemas que están ocurriendo en Rondônia, pueden llegar a ser, por lo menos, dos veces peor que en el río Xingú, estado de Pará, donde está prevista la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.
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Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab